El Nunca más y los crímenes de la dictadura

Libros y Casas 

Esta versión accesible es para uso exclusivo de personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad que no permita la lectura impresa.
Realizada por Asociación Civil Tiflonexos – Biblioteca Tiflolibros
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Revisión y adaptación: Lara Rapoport

Autoridades nacionales
Presidente de la Nación
Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación
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Jefe de Gabinete de Ministros
Dr. Juan Manzur

Ministerio de Cultura de la Nación
Prof. Tristán Bauer

Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación 
Ing. Jorge Horacio Ferraresi

Ministerio de Educación de la Nación
Lic. Jaime Perczyk

Coordinación editorial
Daniela Allerbon y Bárbara Talazac

Edición general
Gabriel Lerman

Redacción y compilación
Victoria Ginzberg, Alejandra Dandán

Revisión y gestión de contenidos (cuarta edición)
Débora Ruiz

Corrección
Gabriela Laster

Diseño de cubierta
Bernardo + Celis / Trineo

Diseño de la publicación
Pablo Alarcón

Diagramación
Héctor M. Bonamico / Javier Bernardo

Fotos
Daniel García, Guillermo Loiácono, Tito La Penna, Pablo Lasansky, Daniel Muzio, Daniel Merle, Lucio Solari, Alejandro Andam, Eduardo Longoni, Roberto Pera, Adriana Lestido, Eduardo Grosman, Eduardo Frías, María Eugenia Cerutti y Juan Vargas. Fototeca ARGRA

Selección de fotos
Daniela Allerbon, Débora Ruiz, Joaquín Amoia

Imagen de tapa
Daniel García (1983), Fototeca ARGRA

Gestión de derechos de autor
Natalia Silberleib, María Nochteff Avendaño

Por el equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, participaron en la revisión y corrección de contenidos la Directora de Fondos Documentales, Andrea Copani, y Alejandra Dandan.

Agradecimientos
Julio Menajovsky (Archivo Nacional de la Memoria), Daniel Vides (Fototeca ARGRA), CONABIP, Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Dr. Pablo Salinas

El programa Libros y Casas está integrado por Bárbara Talazac, Débora Ruiz, Victoria Sandri, Virginia Lauricella, Cecilia Ferreiroa, Juan Fossati y Pilar Amoia.

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas
El Nunca más : y los crímenes de la dictadura / compilación de Victoria Ginzberg ; Alejandra Dandan ; editado por Gabriel Lerman ; Débora Ruiz ; fotografías de Daniel García... [et al.]. - 2a ed adaptada. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Ministerio de Cultura de la Nación, 2021.
250 p. ; 23 x 15 cm. - (Libros y casas)

ISBN 978-987-8915-21-0

1. Derechos Humanos. 2. Desaparecidos. 3. Desaparición Forzada de Personas. I. Ginzberg, Victoria, comp. II. Dandan, Alejandra, comp. III. Lerman, Gabriel, ed. IV. Ruiz, Débora, ed. V. García, Daniel, fot. VI. Título.
CDD 323.0982

Nota de la correctora: algunas páginas del libro original están escritas en lenguaje inclusivo. En lugar de la x, como el original, en esta adaptación se utiliza la e, para que resulte así accesible para el lector de pantalla. Fin de la nota.

Programa Libros y Casas

El programa Libros y Casas te acerca esta biblioteca en la que vas a encontrar literatura para grandes y chiques, poesías, libros ilustrados, una guía sobre los derechos de las mujeres y diversidades, y clásicos de la literatura argentina y universal, entre otros. La selección fue especialmente pensada para que cada integrante de la familia pueda encontrar las historias que más le gusten. Hay cuentos de amor, de fútbol, de terror, de enigma, poemas de diferentes épocas y un libro de mitos y leyendas de pueblos originarios. Esta colección está dirigida tanto a las familias beneficiarias de los Planes Federales de Vivienda, como a les participantes y agentes de las actividades formativas que se brindan en espacios comunitarios: bibliotecas, escuelas y centros de integración.
Desde 2007, Libros y Casas ha brindado más de mil talleres de lectura, facilitado más de cien mil bibliotecas y entregado un millón ochocientos mil libros a lo largo de todo el país. La lectura nos hace más libres, nos ayuda a expandir el pensamiento crítico y propio, y a construir nuestra ciudadanía. Además estimula la imaginación, potencia la creatividad, amplía nuestro mundo y nos prepara para usar nuevas tecnologías. Esperamos que esta biblioteca habilite momentos (por más breves que sean) de placer, nuevas ideas y entusiasmo.
Por todo esto, te invitamos a conocer y transitar estos libros, a que los compartas con tus familiares, amigues y vecines, a que los lleves con vos y te acompañen a donde vayas.

10 motivos para tener libros en casa
•	Porque intercambiar opiniones sobre lecturas y hablar de libros es un espacio ganado al vacío.
•	Porque la lectura es una llave para formar un punto de vista propio, un lugar de singularidad y resistencia.
•	Porque en una biblioteca podemos encontrar respuestas a algo que nos pasa, conocer otras voces, otras realidades y ampliar nuestra sensibilidad.
•	Porque leer no es un lujo. Participar de la cultura es un derecho y también lo es poder generar espacios para la lectura.
•	Porque leer nos interpela a pensar, sentir, experimentar e imaginar.
•	Porque cada texto hace eco en lugares que desconocemos de nuestra historia, que se puede enriquecer en el encuentro con creaciones literarias de otres.
•	Porque leer fortalece nuestras capacidades y habilidades para interactuar con el mundo. 
•	Para habilitar lecturas en soledad y también colectivas, junto a amigues, familiares, pareja o vecines.
•	Para apropiarnos de los libros, recorrerlos con libertad, a nuestro tiempo, modo y antojo.
•	En definitiva, porque leer implica reconocer que algo nos falta y eso se parece mucho al deseo. La lectura pone en movimiento nuestros deseos y, por extensión, a la vida. 

Esta cuarta edición de El Nunca más fue elaborada, actualizada y supervisada de manera conjunta por el Programa Libros y Casas y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El Programa Libros y Casas de La Dirección Nacional de Formación Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación realizó esta edición en línea con la articulación de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia llevadas adelante desde el Estado Nacional y sus organismos de competencia.

Índice
El Nunca más
La edición del Informe Nunca más del año 2006, con motivo del 30° aniversario
Prólogo a la edición original
I. La represión como método
II. La muerte como arma política
III. La Iglesia. El Plan Cóndor
IV. Los documentos
V. Víctimas
VI. El Poder Judicial
VII. El respaldo doctrinario de la represión
Conclusiones

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El Nunca más

El presente texto fue redactado por Gabriel Lerman con información provista por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualiza la Introducción original de la edición adaptada de El Nunca más escrita en 2006 por las periodistas Victoria Ginzberg y Alejandra Dandan para el programa Libros y Casas.

El Nunca más apareció por primera vez el 30 de noviembre de 1984 con los comienzos de la nueva democracia. Desde entonces, marcó la historia de este país como un símbolo de la lucha por la defensa de los derechos humanos.
El gobierno de Raúl Alfonsín pidió a un equipo de personalidades de la cultura y de la ciencia, encabezado por el escritor Ernesto Sabato, una investigación especial sobre los crímenes que había cometido la última dictadura militar entre 1976 y 1983.
El gobierno del Presidente Raúl Alfonsín pidió a un equipo de personalidades de la cultura y de la ciencia, encabezado por el escritor Ernesto Sabato, una investigación especial sobre los crímenes que se habían cometido durante la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983. El proyecto, planeado originalmente para durar seis meses, se prolongó tres meses más y durante ese lapso, casi 100 personas y 5 Secretarías transformaron el segundo piso del Centro Cultural General San Martín de la Ciudad de Buenos Aires en un agitado lugar de trabajo.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía de una mano alumbrando una pared con un encendedor. La pared contiene una inscripción. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: ““Dios mío, ayúdame”. Inscripción realizada por un detenido en uno de los calabozos del Centro Clandestino de Detención Pozo de Quilmes. Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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Al comienzo, algunas víctimas de la dictadura se acercaron con discreción en busca de un espacio confiable. Luego fueron miles los testimonios. Habían sido muchos los años de silencio y se abría un espacio para la palabra.
Al caudal de denuncias de Buenos Aires se sumaron las recogidas en distintos puntos del país. Entre otros lugares, el equipo visitó la provincia de Jujuy, donde se recogieron relatos sobre el secuestro masivo en 1976 de 200 personas (de las cuales 60 continúan desaparecidas), en la llamada Noche del apagón.
De esta manera, se dio inicio al trabajo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida luego como Conadep.
La Conadep escribió un informe de 50 mil páginas en las que se documentaron los datos que la dictadura se había propuesto borrar. Entre otros, la ubicación de 340 Centros Clandestinos de Detención distribuidos a lo largo y ancho del país que se identificaron en ese momento y la existencia de decenas de miles de nombres de personas secuestradas. Con los años esas denuncias crecieron: son 30.000 las personas detenidas desaparecidas en nuestro país y, al momento de la edición de este libro, 805 los campos de exterminio reconocidos y señalizados.
De acuerdo a las palabras preliminares del Informe de Investigación sobre Víctimas de Desaparición Forzada y Asesinato, por el accionar represivo del Estado y centros clandestinos de detención y otros lugares de reclusión clandestina, realizado por la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación en el año 2015, dicho trabajo “(...) comprende la totalidad de denuncias debidamente formalizadas por ante el Estado nacional a la fecha, aunque por esto no debe entenderse la totalidad de víctimas reconocidas, ya que existen numerosos casos denunciados ante la Justicia y otras instituciones u organismos —y otros de los que se tiene conocimiento parcial a través de distintas vías— no refrendados ante la Secretaría, lo que en modo alguno los invalida, pero sí impide a esta dar cuenta de ese universo en forma completa”. 

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Y agrega: “(...) los responsables de estos delitos ocultaron el registro de los procedimientos en su gran mayoría clandestinos, y sólo se cuenta con los testimonios de las propias víctimas y de sus familiares o allegados, a los que ha de agregarse el esfuerzo permanente de investigación sobre la “huella” administrativa y documental de los ilícitos, para acreditar los hechos”.
Los últimos días de septiembre de 1984 el Presidente Raúl Alfonsín recibió una copia del Informe Final elaborado por Conadep. Dos meses más tarde Eudeba, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, publicó una síntesis de 500 páginas en forma de libro con el título Nunca más.
Con el correr del tiempo, esta obra se convirtió en un emblema internacional de la lucha por la verdad y en un ejemplo para las investigaciones sobre otras dictaduras del mundo.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Marcha por los derechos humanos. Un manifestante es atrapado por las fuerzas de seguridad. Autor: Tito La Penna (1983). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Difundido con la velocidad de un bestseller, la primera impresión de 40.000 ejemplares se agotó en las primeras 48 horas. En veinte años las ventas superaron el medio millón y fue traducido al inglés, portugués, italiano, alemán y hebreo, entre otros veinte idiomas.
El Nunca más no es un libro de historia, aunque podría serlo. La Conadep pudo dedicarle apenas unas semanas a la redacción de los textos y el trabajo final fue enriquecido con distintos aportes, aunque con estilos diferentes.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía de un militar apuntando con un arma a un joven que se encuentra arrodillado en el piso. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Represión en la marcha organizada por la CGT. Autor: Pablo Lasansky (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.  

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EL PLAN CRIMINAL

“–Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones. 
–¿Qué quiere decir todos?
–Todos. Unos 20 mil. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres”.

El diálogo es de 1976. Se produjo entre el periodista Jacobo Timerman y un oficial de la Marina, poco después del golpe militar del 24 de marzo que derrocó a la presidenta Isabel Martínez de Perón. En ese entonces, Timerman no sabía que unos meses más tarde sería secuestrado y liberado luego de sufrir distintos tipos de tortura. Como él, hubo decenas de miles de personas que pasaron por las cárceles o centros clandestinos y otras tantas tuvieron que escapar del país.
Son 30.000 las personas que fueron desaparecidas, es decir, apresadas ilegalmente, sometidas a tormentos, enterradas como NN o tiradas al mar con vida desde aviones de la Marina en los llamados “vuelos de la muerte”. La búsqueda de les familiares fue incesante pero nunca se les informó dónde estaban o qué había pasado con ellas.
En los Centros Clandestinos de Detención las personas secuestradas fueron torturadas, golpeadas, amedrentadas e, incluso, víctimas de delitos sexuales. Las mantenían con los ojos vendados, recibían comida insuficiente y no sabían si al día siguiente iban a morir o no.
Cerca de 500 niñes fueron apropiades: a algunes les secuestraron junto con sus padres y madres, otres nacieron durante el cautiverio de sus madres. El plan de exterminio elaborado por los dictadores militares a cargo del gobierno de facto no se propuso solamente matar. El objetivo fue, tal como explicó el marino a Timerman, borrar la historia de las víctimas, sus cuerpos, sus nombres, su recuerdo, sus proyectos políticos.
¿Cómo fue posible que ocurriera todo esto? Es la pregunta que muches estudioses e intelectuales se hacen desde hace tiempo. Pensar que se trató de una locura de un grupo de individuos inhumanos es tentador pero es un argumento demasiado simple. 

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La explicación es más compleja y, probablemente, no sea solo una.
De todos modos, no es posible aproximarse a lo que pasó durante el terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 sin sumergirse en la historia de nuestro país.
El golpe de Estado que las Fuerzas Armadas -conformadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- dieron el 24 de marzo de 1976 -al que denominaron Proceso de Reorganización Nacional- se inscribe en una serie de interrupciones del orden democrático de la Argentina moderna que comenzó el 30 de septiembre de 1930 con la expulsión del presidente Hipólito Yrigoyen de la Casa de Gobierno. Ese hecho dio inicio a la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la política. Con esta intromisión, las clases dominantes buscaron imponer por la fuerza lo que no podían establecer por otros medios. Veinticinco años después, en 1955, fue depuesto el Presidente Juan Domingo Perón luego de nueve años de gobierno. Esa dictadura al mando del teniente general Pedro Aramburu se autoproclamó “Revolución Libertadora” y agudizó los niveles de violencia política.
Dos hechos fueron claves en ese proceso. Uno ocurrió tres meses antes del golpe, pero estuvo íntimamente relacionado con él: en junio de 1955, una escuadrilla aeronaval atacó la Casa Rosada y tiró bombas sobre la Plaza de Mayo. Murieron más de 300 personas y más de 1000 resultaron heridas. El otro episodio sucedió un año después, en 1956, cuando militares leales al peronismo se alzaron contra el gobierno dictatorial de Aramburu. La represión a los rebeldes que incluyó la práctica del fusilamiento fue inusual para ese entonces. A modo de represalia, un grupo de obreros fue secuestrado y masacrado en los basurales de José León Suárez en la provincia de Buenos Aires, hecho que fue reflejado en el libro Operación Masacre del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Golpes militares y gobiernos civiles siguieron alternándose hasta 1966 cuando el general Juan Carlos Onganía tomó el poder y declaró que su gobierno “no tenía plazos”. 

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Las Fuerzas Armadas ya no se proponían ser solo el instrumento para sacar de la Casa Rosada a un político y entregarle el poder a otro. Esa vez aseguraron tener un proyecto político, social y económico propio para imponer.
En 1976 también fue central la alianza entre los militares y los sectores económicamente dominantes deseosos de imponer su proyecto. Walsh definió ese plan en su Carta Abierta de un Escritor a la Junta Militar, que fue difundida el mismo día de su secuestro y desaparición, cuando se cumplía un año del golpe de estado: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos y en otros no aparecieron”.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un hombre siendo arrastrado por el piso por dos militares. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Represión en la marcha organizada por la CGT. Autor: Daniel García (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Al momento de la edición de este libro el cuerpo de Rodolfo Walsh continúa desaparecido.
El último golpe cívico militar tampoco se entiende sin los cambios políticos y culturales que se produjeron en la Argentina y en el mundo durante las décadas del '60 y '70. Entre otros hechos, la Revolución cubana encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara en 1959 fue una motivación para los jóvenes de toda Latinoamérica que buscaban proyectos de “liberación nacional”. En Argentina gran parte de esa generación se volcó a militar en distintas agrupaciones que desde el peronismo o la izquierda cuestionaban el poder y combatían el orden político y económico establecido.
En un mundo en tensión por la Guerra Fría (enfrentamiento que existió entre 1947 y 1991 entre la Unión Soviética y Estados Unidos, las mayores potencias políticas y económicas del mundo en esa época), las Fuerzas Armadas se educaron bajo la doctrina estadounidense de la Seguridad Nacional. Les enemigues eran les marxistas, les comunistas, les subversives, les rebeldes, les que pensaban diferente; y había que buscarles fronteras adentro. La Conadep señaló que “uno de los principios constitutivos de la Teoría de Seguridad Nacional supone a las Fuerzas Armadas como última reserva moral del país ante la claudicación ética del poder civil y a su acción de gobierno la única capaz de mantener la barrera ideológica, distorsionando así lo cultural, religioso, familiar, económico y jurídico”. Los militares buscaron convencer a la sociedad de que eran los “salvadores de la patria”, pero esa ficción no duró para siempre.

LA TRANSICIÓN
El 2 de abril de 1982 miles de personas llenaron la Plaza de Mayo para festejar la ocupación por parte de las tropas argentinas de las Islas Malvinas, invadidas por el Reino Unido.

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El júbilo masivo, alentado por diarios y televisión y compartido por la mayor parte de los sectores políticos de izquierda y de derecha, se apagó poco más tarde. Poco después de la ocupación de las islas quedó claro que el optimismo eufórico había sido engañoso. Las noticias que se habían ocultado quedaron al descubierto. Los militares habían querido recuperar con esa aventura que les costó la vida a cientos de jóvenes soldados la simpatía de la población civil, cada vez más descontenta con la política económica y cada vez más abierta a las denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos.
El 30 de marzo de 1982 una movilización masiva convocada por la CGT, Confederación General del Trabajo, hacia la Plaza de Mayo terminó con una represión que dejó como saldo una persona muerta y más de 2.000 mil detenidas. Pero el proceso que los militares habían querido revertir se agudizó. La derrota ante el Reino Unido en las Islas Malvinas produjo una crisis militar: primero dentro del propio Ejército, que destituyó al presidente, el general Leopoldo Galtieri y, más tarde, con las otras dos Fuerzas Armadas, la Marina y la Aeronáutica, que se retiraron del gobierno. El general Reynaldo Bignone, último presidente de la Junta Militar, enfrentó la pérdida de credibilidad e imagen ante la ciudadanía. La guerra se convirtió en un bumerang que los militares no esperaban. Inmersos en el desprestigio y el descrédito, el reclamo popular dio lugar al reclamo hacia una transición democrática. Fruto del terrorismo de Estado, hasta ese momento la vuelta a la democracia no era un reclamo masivo. Las denuncias de familiares de desaparecides, de personas exiliadas y sobrevivientes de la represión dentro y fuera del país lograron, en cambio, atraer las miradas del mundo.
Años antes, durante el Mundial de Fútbol de 1978 hubo una campaña que cuestionó que el Mundial se realizara en un país en el que no se respetaban los derechos humanos. Los medios de comunicación y el gobierno llamaron a eso “campaña antiargentina” y respondieron con un eslogan que se volvió masivo: “Los argentinos somos derechos y humanos”.

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En 1979 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Organización de los Estados Americanos, organizó una inspección en nuestro país para recoger de primera mano los relatos de las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y sobrevivientes. Fue la primera vez que familiares de las personas detenidas y desaparecidas se sintieron escuchades.
Después de la derrota en las Islas Malvinas en 1982 el general Bignone asumió la presidencia para organizar la convocatoria a elecciones democráticas y el traspaso del poder. Durante 18 meses la dictadura cívico militar intentó organizar su retirada lo mejor posible y garantizar su impunidad. 

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una persona con los ojos vendados descendiendo por una escalera hacia el interior de una estrecha construcción. Otro hombre sostiene su mano, acompañándolo. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Un sobreviviente reconoce el lugar en el que estuvo detenido ilegalmente, en el Centro Clandestino de Detención Ingenio Lules. Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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En la calle, mientras tanto, el resurgimiento de los movimientos sociales empujó a algunes de les referentes de los principales partidos políticos tradicionales a discutir el futuro. Y en el futuro, les referentes plantearon la necesidad de volver sobre el pasado reciente. Dirigentes polítiques y sociales y representantes de organismos de derechos humanos discutieron alternativas para abordar lo que se denominó “el Proceso de Justicia y de Verdad”.
Entre 1976 y 1982 se planificó y ejecutó un genocidio en Argentina. En nombre de la Doctrina de la Seguridad Nacional, las Fuerzas Armadas combatieron a las organizaciones políticas con “el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos”, como dice el prólogo del Nunca más. A pesar de esta certeza, el análisis de qué hacer, cómo revisar lo sucedido y cómo juzgarlo produjo largos y difíciles debates.
El Partido Justicialista se hallaba en una situación incómoda. El paso del tiempo había congelado la imagen de sus máximes dirigentes en el interior de la Casa de Gobierno antes del golpe de Estado de 1976: el país estaba hundido en una crisis social y económica y en manos de las Fuerzas Armadas y de bandas de paramilitares de la ultraderecha, encargadas de amenazar y de asesinar a les opositores polítiques, bajo la estructura de la tristemente famosa Triple A, Alianza Anticomunista Argentina.
La búsqueda de la verdad para el justicialismo podía suponer así no solo dar con un mecanismo para juzgar los crímenes de la dictadura cívico militar de marzo de 1976 en adelante sino también toparse con el dilema de tener que rendir cuentas ante la sociedad por el período previo al golpe de Estado.
Por otro lado, Raúl Alfonsín había ganado las internas para presidente en la Unión Cívica Radical y desde ese lugar denunció que les dirigentes sindicales del Partido Justicialista habían sellado un pacto con los militares que implicaba que Ítalo Luder, el candidato a presidente por el Justicialismo, aceptara la autoamnistía que la última Junta Militar se había otorgado.

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Alfonsín hizo de la revisión de la década oscura un compromiso personal durante la campaña electoral que se abrió inmediatamente. Los derechos humanos y les desaparecides fueron dos ejes fundamentales de su anunciado programa político, pero el triunfo del 30 de octubre de 1983 en las urnas con más del 51% de los votos lo sorprendió. En la intimidad, uno de sus interlocutores reconoció que por esa razón no estaba definido, por ejemplo, el trabajo concreto en torno a los derechos humanos.
Con la derrota sobre sus espaldas, el Partido Justicialista hizo su propia apuesta: propuso la creación en el Congreso de una Comisión Bicameral dedicada a investigar lo sucedido durante la dictadura cívico militar. Esta iniciativa, que se correspondía con el reclamo de los organismos de derechos humanos, se convirtió en un verdadero problema para el radicalismo.
Les radicales estaban segures de que si la Comisión Bicameral prosperaba en un Congreso dominado por el peronismo, sería un dolor de cabeza. La imaginaban como un foco de permanente tensión y un factor de desestabilización política. En ese contexto, buscaron una alternativa.
El 15 de diciembre de 1983, cinco días después de la llegada de Raúl Alfonsín al gobierno, se sancionó el decreto 187 que dio inicio a la Conadep, Comisión Nacional por la Desaparición de Personas. El objetivo, las atribuciones y los límites de esta Comisión dan cuenta de las características de la época y quedaron establecidos detalladamente en el decreto: “Intervenir activamente en el esclarecimiento de los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país, averiguando su destino o paradero como así también toda circunstancia relacionada con su localización”.
La Conadep estuvo integrada por personalidades comprometidas con la defensa de los derechos humanos: Ricardo Colombres, jurista y ex ministro de la Corte Suprema de la Nación; René Favaloro, cardiocirujano, e Hilario Fernández Long, ingeniero y rector de la Universidad de Buenos Aires destituido por el golpe de Estado de 1966 del General Onganía.

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También había tres representantes religiosos: Carlos Gattinoni, obispo de la Comunidad Metodista; Marshall Mayer, rector del Seminario Rabínico Latinoamericano y rabino de la Comunidad Bet El, y el obispo católico Jaime de Nevares. Además, Gregorio Klimovsky, filósofo y profesor universitario que renunció a sus cátedras por el golpe de 1966; Eduardo Rabossi, filósofo y subsecretario de Derechos Humanos de la Nación; Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, y el escritor Ernesto Sabato.
Las Cámaras del Congreso de la Nación quedaron invitadas a enviar tres representantes cada una. El Senado, de mayoría peronista, no aceptó. La Cámara de Diputados envió a tres radicales. Además de la convocatoria a los consejeros, el decreto estableció una serie de pautas de funcionamiento entre las que se detallaba el período que duraría la investigación. De acuerdo con el decreto, la Conadep debía trabajar sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el período iniciado el 24 de marzo de 1976 y no antes. Sin embargo, luego de la investigación, la Comisión dejó sentado que “constan en los archivos de la Conadep denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar”. También afirmó que “es a partir de ese día 24 de marzo de 1976 que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país”. Es decir que fue en ese momento, marzo de 1976, cuando se implantó la desaparición forzada de personas como metodología sistemática mediante un plan diseñado desde el Estado y con el Centro Clandestino de Detención, tortura y exterminio como su principal dispositivo.
Los Organismos de Derechos Humanos no creyeron en la posibilidad de que la Comisión pudiese desarrollar un trabajo autónomo porque consideraban que, como había nacido de un proyecto del Poder Ejecutivo y como una Comisión que dependía directamente del presidente, no iban a poder moverse con libertad. 

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Con el tiempo esta postura fue variando.

LAS DENUNCIAS
El 27 de diciembre de 1983 empezó a sesionar la Conadep con un plazo original de trabajo de 180 días. El 29 de diciembre la Comisión eligió a Ernesto Sabato como presidente y organizó el trabajo. Las funciones de la Conadep podrían resumirse en cinco puntos:

1.	Recibir denuncias y pruebas para entregárselas a la Justicia.
2.	Averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas.
3.	Determinar la ubicación de niñes sustraídes de la tutela de sus padres y madres.
4.	Denunciar a la Justicia los intentos de ocultamiento de pruebas.
5.	Redactar un informe final con una explicación detallada de los hechos.

La gran cantidad de personas que empezó a llegar al Centro Cultural General San Martín fue una de las primeras señales positivas. En ese lugar, un edificio enorme y cuadrado ubicado en la esquina de Paraná y Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires, la Conadep solo tenía dos oficinas asignadas, pero como el espacio quedó desbordado inmediatamente por la cantidad de denuncias la Comisión ocupó todo el segundo piso con los anexos.
Los primeros que se animaron a declarar fueron ex detenides polítiques y familiares de desaparecides. Hacía años reclamaban por sus víctimas y encontraban en ese espacio un lugar donde finalmente poder hablar. Muches se acercaron lentamente y llenes de dudas porque todavía no sabían si aquel esfuerzo de cuerpo y memoria valía la pena. Tenían la sensación de que era posible que todo volviera a empezar, incluso la dictadura.

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Unas semanas después del comienzo del trabajo, se produjeron las primeras renuncias. Un grupo de empleades del Ministerio del Interior que tomaba las denuncias de las víctimas renunció horrorizado. Los integrantes de la Comisión se refirieron al episodio en el Informe Final: “Téngase en cuenta -indicaron los consejeros- que al comienzo todo se hacía en dos oficinas y con personal cedido transitoriamente por el Ministerio del Interior que no tenía experiencia en la recolección de testimonios como los de las víctimas de la dictadura. Y que abandonó la Comisión poco más tarde porque no soportaba ‘la carga de espanto’ que emergía de cada denuncia. Largas, fatigosas, tremendas denuncias en las que un padre, una madre, una esposa, narraba su peregrinaje por Tribunales, Ministerios, comisarías o cuarteles buscando en vano un dato sobre la suerte de sus seres queridos o -peor aún- describiendo entre sollozos la forma como habían torturado a sus hijos en su presencia”.
El retiro de les empleades del Ministerio del Interior permitió reorganizar fuerzas. Las vacantes se cubrieron con militantes de organismos de derechos humanos y personas voluntarias, muchas de las cuales habían aprendido a tomar denuncias a las víctimas de manera clandestina durante la dictadura cívico militar.
Cada denuncia recibió un número de orden, un legajo con el que todavía se mencionan los testimonios del Informe Nunca más. En algunos casos el trámite empezaba con un nombre o un apodo. Nada se descartaba porque la Comisión se había propuesto avanzar sobre cada dato para reunir la mayor cantidad de información posible sobre el destino de las víctimas. “El objetivo central de la Comisión desde el punto de vista legal era aportarle a la Justicia los medios para que se pudieran impulsar las investigaciones (señala Alberto Mansur, quien estuvo a cargo de la Secretaría de Asuntos Legales de la Conadep), entonces, nuestro objetivo era construir legajos en los cuales constaran los elementos básicos y elementales, imprescindibles para que los fiscales pudieran impulsar la investigación judicial con esos datos”.

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Cada legajo podía contener publicaciones, cartas, denuncias judiciales, notas periodísticas o cualquier otra información relevante para dar cuenta de que la persona había vivido primero, y desaparecido después porque todo podía ponerse en duda.
Al comienzo, nadie sabía muy bien cómo ordenar el cúmulo de denuncias y de legajos. Solo después de las primeras 100, miembros de la Conadep empezaron a entender y organizaron las denuncias por Centros Clandestinos de Detención, es decir, unificaron en una sola causa a todas aquellas personas que habían pasado por el mismo lugar como la ESMA, o la Mansión Seré, perteneciente a la Fuerza Aérea, ubicada en la ciudad de Castelar en la provincia de Buenos Aires.
Este sistema les permitió reforzar las pruebas testimoniales de cada uno de los campos y elaborar descripciones parciales del modo de funcionamiento. Pero, además, con las listas de nombres y las denuncias podían comparar datos de represores y unir apodos con nombres. Los integrantes de la Comisión lo explicaron en el Informe: “Fue necesario partir del momento mismo del secuestro para seguir el itinerario de la desaparición que habría de conducir a los centros de detención, en tanto estos fueron el epicentro de las acciones delictivas. Se estaba frente a una tarea inédita, que era la de investigar un aspecto de la actividad estatal clandestina que, colocado totalmente al margen de las normas y procedimientos lícitos, devino en una organización para el delito. La supresión de rastros y documentos, la falsa identidad de los autores enmascarados detrás de nombres supuestos o apodos con credenciales apócrifas, la alteración de los edificios que sirvieron de base operativa, la remoción de terrenos utilizados para inhumaciones clandestinas, en muchos casos la imposibilidad de los secuestrados de reconocer a sus captores cegados como estaban por vendas y capuchas desde el inicio de su detención fueron algunos de los graves inconvenientes con que tropezó la labor”.
La Conadep inició el camino judicial con esos conjuntos de legajos: abrió 44 grandes causas judiciales en distintos puntos del país. A diferencia de lo que pretendía el Gobierno, no envió sus acusaciones al Juicio a las Juntas. 

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Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, a un tribunal militar, sino a la Justicia Federal. La organización de las causas por Centros Clandestinos de Detención evitó abrir un expediente por cada víctima. Además, si se demostraba que los mismos delitos se cometieron con la misma tecnología, con los mismos integrantes y de la misma forma, se podía acusar a los jefes de un Centro Clandestino de Detención por sus responsabilidades penales no en un caso, sino en un conjunto de casos. La investigación de los Centros Clandestinos de Detención también sirvió para probar el secuestro como un tránsito hacia la muerte de aquellas víctimas que la dictadura definió como “desaparecides”.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Un especialista norteamericano explica a los jueces las características de las marcas de bala en cadáveres NN hallados en fosas comunes. Autor: Daniel Muzio (1986). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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El Informe Final de la Conadep fue la base sobre la que se apoyaron los fiscales que estuvieron a cargo de la acusación contra los integrantes de la Junta Militar, el subteniente del Ejército Jorge Rafael Videla; el almirante de la Armada Emilio Eduardo Massera, y el resto de la cúpula militar, en el Juicio a las Juntas. Este proceso fue un hecho histórico, pero el resto de las investigaciones judiciales sobre la última dictadura cívico militar, entre ellas las que había iniciado la Conadep, se paralizaron en 1987 después de que el gobierno de Raúl Alfonsín sancionara las leyes de Punto Final (1986) y Obediencia Debida (1987); esta última, en respuesta a un intento de rebelión militar durante la Semana Santa de 1987. Su sucesor, el presidente Carlos Menem, sancionó en 1989 decretos para indultar a los altos mandos militares. De esta forma, Menem desactivó los pocos procesos que quedaban en pie y puso en libertad a los ex comandantes que seguían cumpliendo su condena. Les familiares de detenides desaparecides no se resignaron a la impunidad. Buscaron justicia en otros lugares del mundo y lograron que España, Francia, Italia y Alemania, entre otros países, recibieran sus denuncias.
El 25 de mayo de 2003 asumió la presidencia Néstor Kirchner, quien hizo de los Derechos Humanos el pilar fundamental de las políticas públicas. Pero dos años antes, en 2001, el juez Gabriel Cavallo había dado un primer paso cuando decretó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto final y Obediencia Debida que impedían juzgar a los represores en nuestro país. La decisión fue repetida por otros jueces y en 2005 el Congreso declaró su nulidad, que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia ese mismo año con la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y del carácter imprescriptible de los crímenes.
En cuanto a los indultos, distintos tribunales declararon su inconstitucionalidad, lo cual permitió que los responsables de secuestros, torturas y asesinatos vuelvan a ser juzgados.

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UNA NUEVA ETAPA HISTÓRICA: REAPERTURA DE LOS JUICIOS Y BAJADA DE LOS CUADROS 
El 2 de septiembre de 2003, apenas cuatro meses después de haber asumido la presidencia, Néstor Kirchner promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que impedían, hasta ese momento, que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados.
Con un amplio apoyo del espectro político, el reimpulso de estos juicios configuró una articulación de los tres poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), que pudo verse en el modo en el que buscaron sostener políticas públicas de persecución de los crímenes.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia declaró en 2005 la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad abriendo así un período de diez años ininterrumpidos de juicios orales durante los cuales hubo 173 sentencias, 733 condenas y 78 absoluciones.
En 2008 se creó la Comisión Interpoderes para el seguimiento de las causas. El Poder Ejecutivo, a su vez, diseñó una serie de políticas sin precedentes destinadas a contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, pero también a desarrollar una perspectiva de derechos humanos en cada Ministerio con una agenda de ampliación de derechos ciudadanos.
En 2010 Diputados declaró por unanimidad a los juicios de lesa humanidad como “política de Estado” en el marco de las celebraciones por el Bicentenario, y en 2015 el parlamento creó una Comisión Bicameral para investigar responsabilidades civiles, al tiempo que sancionó una ley que impide indultar, amnistiar o conmutar penas a los responsables de los crímenes.
Uno de los hechos de mayor peso simbólico entre los años 2003 y 2015 fue el sucedido durante la jornada del 24 de marzo de 2004 cuando el presidente Kirchner protagonizó dos momentos que impactaron directamente en los modos de elaboración pública de la memoria histórica sobre la dictadura cívico militar. 

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Durante la mañana asistió al Colegio Militar de la Nación y en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ordenó bajar los cuadros de homenaje de los ex militares integrantes de la Junta Militar Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone, ya exonerados y presos por numerosos delitos de lesa humanidad.
Por la tarde, junto con Aníbal Ibarra, jefe de gobierno de la ciudad Autónoma de Buenos Aires; la senadora Cristina Fernández de Kirchner; integrantes de las asociaciones Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y referentes del movimiento de derechos humanos, el presidente Néstor Kirchner concretó la creación del Espacio Memoria y Derechos Humanos en el edificio de la Escuela de Mecánica de la Armada, ex ESMA.
La toma de posesión del predio e instalaciones de la ex ESMA, ubicada en el barrio de Núñez de la Ciudad de Buenos Aires, donde había funcionado el mayor Centro Clandestino de Detención, tortura y asesinato del período militar, implicó la apertura de una nueva etapa histórica de la Argentina emblematizada como el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “24 de marzo de 2004. El presidente Néstor Kirchner durante el acto en el Colegio Militar de la Nación ordena bajar los cuadros de homenaje a los ex militares integrantes de la Junta Militar Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone. Autor: María Eugenia Cerutti. Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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En este sentido, la decisión política fue determinante y recogió una demanda histórica de los organismos de derechos humanos y otros sectores de la sociedad. Como señala el historiador Javier Trímboli, a raíz de un planteo tomado del sociólogo, creador y crítico Roberto Jacoby: “No faltan los que arriesgan que recién cuando Néstor Kirchner ordena bajar los cuadros de Videla y Bignone en el Colegio Militar, se puede dar por terminada la dictadura”.
Cabe recordar que en el discurso que brindó en la apertura de la ex ESMA el presidente Kirchner se presentó como parte de la generación de les desaparecides y pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado.
Desde el año 2004 se instauró el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Néstor Kirchner gobernó desde 2003 hasta 2007 y fue sucedido en el cargo por Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó durante dos períodos más, hasta diciembre de 2015. El movimiento de derechos humanos les reconoció haber asumido sus demandas históricas por primera vez desde el Estado.
Durante estos años existió un impulso de políticas públicas emanadas desde el Ejecutivo para institucionalizar esas demandas, en consonancia con un inédito alineamiento de los tres poderes del Estado en torno al proceso de Memoria, Verdad y Justicia y el establecimiento, junto con el Ministerio Público Fiscal, de un conjunto de lineamientos entre cuyos emergentes más significativos estuvo la reapertura de los juicios, la búsqueda de la verdad y la reparación a las víctimas. La investigación penal y los juicios de tribunales nacionales a centenares de responsables de crímenes de la dictadura hicieron de la Argentina un caso emblemático en el mundo.
Esta etapa produjo reparaciones en el acceso a la Justicia para miles de víctimas, el reconocimiento del Estado de su condición de perpetrador y la prisión efectiva de cientos de militares represores acusados.

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Hubo también novedosas elaboraciones acerca del ciclo de violencia estatal a partir de investigaciones que consideraban fechas previas al golpe de 1976 y, a su vez, se abrieron causas penales sobre la complicidad empresarial y judicial con la dictadura cívico militar.
A diferencia de lo que había ocurrido en el Juicio a las Juntas, las acusaciones en este período no sólo fueron asumidas por fiscales y por las víctimas constituidas en querellas sino que también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en varias causas de todo el país en las que expuso alegatos siempre antecedidos por un mismo tipo de prólogo. Este texto subrayó que “acá no hubo una guerra” sino un Estado terrorista, jerarquizó la responsabilidad civil por sobre la militar en el diseño de la política represiva, nombró a la dictadura en su carácter “cívico militar” y ponderó la idea de un Estado capaz de acusarse así mismo proponiendo un antagonismo entre estado terrorista y estado protector.
En medio de las tensiones de sentidos en juego, ese prólogo no solo buscaba intervenir en el presente de la sala, sino fundamentalmente en los sentidos de Verdad que había construido el Juicio a las Juntas, poniendo en discusión la teoría de los dos demonios -planteada en el prólogo original del Nunca más- y el carácter civil de la dictadura militar.
Este tipo de discusiones entre el pasado y la intervención en el presente fueron marcas permanentes durante los juicios: fiscales, querellas, organismos de derechos humanos y testimoniantes introdujeron voces que contribuyeron de modo fundamental a ampliar las agendas, establecer nuevas verdades jurídicas en las sentencias y alimentar, a su vez, nuevos pisos de consensos.
En los relatos y testimonios se recuperó la hondura, la profundidad de las militancias políticas y sociales de las víctimas que no habían aparecido de esa manera en el Juicio a las Juntas o surgían a partir de preguntas de la defensa a modo de impugnación. Estas nuevas biografías empezaron a desdibujar la fuerza de la figura de la víctima inocente, consolidada como única víctima posible desde la transición democrática. 

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Lo político entró a las salas y añadió valor. “El rol de militante político” comenzó a ser tomado lentamente como un atributo que ya no ponía en discusión la condición de víctimas de les detenides desparecides y que fue tomado por los tribunales como agravantes de las penas.
Por otra parte, es importante destacar que a lo largo del período 2003-2015 también se sancionaron normativas tendientes a preservar, señalar y difundir aquellos Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado.

ALGUNOS HITOS JUDICIALES
Los juicios comenzaron a contarse desde el 4 de agosto de 2006 con la primera condena por delitos de lesa humanidad a Julio Simón, antiguo miembro de la Policía Federal. El segundo veredicto se conoció en La Plata el 19 de septiembre de 2006 con la condena a reclusión perpetua al ex comisario Miguel Etchecolatz un día después de la desaparición de Jorge Julio López, un albañil de 76 año ex militante de la organización Montoneros, que poco antes había declarado sobre las atrocidades realizadas por el ex comisario de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Su desaparición durante la reapertura de los juicios generó un cimbronazo para les sobrevivientes que debían volver a declarar a las salas. También abrió preguntas sobre el rol del Estado en el cuidado de las víctimas y la preservación de los juicios y las pruebas porque iluminó dramáticamente la idea de un pasado que no terminaba de serlo. El Ministerio de Justicia las incluyó a partir de entonces en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, pensado originalmente para víctimas de secuestros extorsivos y narcotráfico. La Secretaría de Derechos Humanos, por su parte, creó el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia Integral a Querellantes y Testigos Víctimas del Terrorismo de Estado y en el año 2007 el Poder Ejecutivo creó el Programa Verdad y Justicia para centralizar información producida por distintas áreas para colaborar con la justicia. 

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Así, inesperadamente, la desaparición de Julio López tuvo como contracara la creación de las primeras políticas públicas destinadas a fortalecer el comienzo de la nueva etapa.
Entre los años 2008 y 2012 los juicios se extendieron a todo el país. En 2008 se conoció el fallo por la Masacre de Fátima, en donde se condenó el fusilamiento de 30 detenides de la Superintendencia de Seguridad Federal de Resistencia, Chaco, en agosto de 1976. Siguió el veredicto por los crímenes cometidos contra 4 víctimas del Centro Clandestino de Detención de La Perla, en la provincia de Córdoba. Luego, el juicio por los hechos sufridos por 14 víctimas del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes y la sentencia en Tucumán con la primera condena por el delito de homicidio sin cuerpo -identificado y recuperado finalmente en 2011- del ex senador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, secuestrado en marzo de 1976. En noviembre se produjo la primera sentencia de la Base Aérea de Mar del Plata. Siguieron Neuquén, por los crímenes del Centro Clandestino de Detención conocido como La Escuelita; San Luis, por la causa Fiochetti; Misiones, por el Penal Federal de Candelaria; Formosa, con una condena al ex gobernador y general Juan Carlos Colombo.
El Estado continuó con la ampliación de políticas públicas mientras estos juicios sucedían. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación jugó un rol central en la recepción de testimonios de víctimas y familiares que se acercaban por primera vez para denunciar padecimientos sufridos en términos personales, familiares, de una persona conocida, o buscando datos acerca de lo que había sucedido con otres desaparecides. El organismo pasó de registrar una denuncia cada tres meses a registrar entre tres y cuatro por día. Como parte de este proceso, el 19 de noviembre de 2009 nació el Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos Dr. Fernando Ulloa para brindar asistencia a las víctimas antes, durante y después de sus testimonios.
En el año 2010, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 4/2010 para la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” durante la dictadura cívico militar como aporte para el esclarecimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos. 

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Pese a que gran cantidad de la documentación estaba a disposición de la Justicia hasta entonces cada desclasificación requería un decreto especial.
Los juicios continuaron en las provincias de La Rioja, Salta, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza, Río Negro y Entre Ríos. El 22 de diciembre de 2010 Jorge Rafael Videla recibió su primera condena (luego de la del Juicio a las Juntas en 1985) por los crímenes de la Unidad Penal 1 de la provincia de Córdoba. Ese mismo año la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación exigió una investigación penal sobre el desapoderamiento de la empresa Papel Prensa S.A. que había sido arrebatada a la familia del empresario David Graiver, tras su muerte el 7 de agosto de 1976 en un dudoso accidente ocurrido en el exterior, y el posterior secuestro de su viuda, Lidia Papaleo, junto con otros familiares. En una presentación judicial contra las máximas autoridades de los diarios Clarín, La Nación y La Prensa, se incluían los testimonios que aseveraban un conjunto de flagrantes irregularidades en el modo en que el Estado terrorista, con la complicidad de aquellas empresas de medios de comunicación, había obligado bajo tortura a la familia Graiver a desprenderse de las acciones de la empresa.

LOS GRANDES HALLAZGOS
A partir del año 2010 se realizaron en la Ciudad de Buenos Aires cuatro juicios de manera simultánea de los que emergieron una gran cantidad de testimonios. Antigües sobrevivientes trajeron testimonios con acentuaciones distintas y nuevas víctimas fueron convocadas por primera vez para declarar. Testigos ocasionales, vecines y encargades de edificio también fueron citades y ampliaron, de alguna manera, las fronteras tradicionales del universo de las víctimas.

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Otra marca de esta etapa fue el juzgamiento del Plan Sistemático de robo de bebés con veredicto en 2012, cuyo fallo incluyó el robo de niñes como parte del plan sistemático de exterminio en un análisis que complementó la sentencia del Juicio a las Juntas. Al terminar el debate, la presidenta del Tribunal Oral Federal 6, María del Carmen Roqueta, leyó el veredicto frente al dictador Jorge Rafael Videla con un texto en el que expresaba lo siguiente: “Existió una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil, con el argumento de combatir la subversión implementando métodos del terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar”.
Como en tantos otros casos, también esa sentencia discutió sentidos del fallo de la Cámara Federal del Juicio a las Juntas, que no había dado por probada la sistematicidad del robo de los hijes de les detenides desaparecides. El fallo también condenó por primera vez a los acusados por casos de niñes que aún no habían recuperado su identidad, pero cuyos nacimientos habían sido probados durante el juicio. La condena tenía, así, un sentido profundo de reparación porque de manera implícita sostenía que el delito de la desaparición continuaba cometiéndose contra centenares de desaparecides vives con identidades cambiadas en el presente.
En 2017 finalizó en la Ciudad de Buenos Aires el tercer debate oral de la megacausa ESMA con 67 personas imputadas juzgadas por los crímenes de 789 víctimas en un debate cuyo volumen lo transformó en el mayor juicio oral de la historia jurídica del país y el primero que juzgó el accionar de las personas imputadas en los denominados “vuelos de la muerte”, con una sentencia que empezó a construir jurídicamente la historia de ese dispositivo de exterminio desde sus erráticos comienzos en el Río de la Plata hasta la industrialización de la muerte. “Lo que hay que ver acá es un proceso de industrialización del exterminio. Fue una metodología progresiva que avanzó con el paso de los años. Cambió la forma de eliminar gente y puede decirse que hasta buscaron una forma económica de hacerlo. En definitiva, como cualquier proceso de industrialización, buscó mayor cantidad en el menor tiempo posible”, explicó Daniel Obligado, Presidente del Tribunal Oral Federal 5.

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LOS ARCHIVOS
Durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner Argentina fue pionera en políticas de búsqueda, protección y análisis de archivos de la dictadura. En el año 2003 el presidente Kirchner creó el ANM, Archivo Nacional de la Memoria, en la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos, con la misión de reunir y preservar documentación referida al quebrantamiento de los derechos humanos y las libertades fundamentales en que estuviera comprometida la responsabilidad del Estado Argentino y sobre la respuesta social e institucional ante esas violaciones.
El ANM, que desde 2008 funciona en el predio de la ex ESMA, tiene en custodia el archivo de la Conadep, el de la Secretaría de Derechos Humanos, así como otros fondos y colecciones referidos al terrorismo de Estado que han sido prueba fundamental en los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad, en las políticas de reparación a las víctimas y como fuentes para la investigación y el conocimiento del pasado reciente por parte de toda la sociedad.
Cabe señalar que varias de las fotografías incluidas en este libro fueron proporcionadas por dicho organismo. Asimismo, fue de gran importancia la incorporación en el año 2007 de archivos sobre el período 1976-1983 al registro Memoria del mundo UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dicho material, constituido por registros personales, de organismos de derechos humanos, los generados por la dictadura y la represión ilegal -que fueron recuperados como pruebas judiciales y para su análisis histórico- y los producidos por el Estado a partir de la recuperación democrática, fue ampliado con el posteriormente con nuevas incorporaciones, como el archivo del Juicio a las Juntas. Por otra parte, se promovió el acceso a archivos de organismos públicos que resultaron fundamentales para el desarrollo de políticas de Memoria, Verdad y Justicia en algunos casos, a través de la creación de áreas específicas integradas por personal especializado que trabajó en coordinación con el ANM y en articulación con el Ministerio Público Fiscal.

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En el año 2010, en el marco de la desclasificación dispuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Ministerio de Defensa creó un grupo de trabajo para el relevamiento de archivos de las distintas fuerzas, con el objetivo de aportar documentación a los juicios de lesa humanidad. Además, complementó la tarea con un laborioso trabajo de reconstrucción de las estructuras burocráticas y administrativas que habían abastecido de recursos humanos y logísticos los procedimientos represivos. El mismo Ministerio creó en el año 2012 el Equipo de Modernización de los Archivos de las Fuerzas Armadas, que implementó líneas de acción para la gestión archivística, restauración y prevención de esos acervos y modificó la reglamentación vigente de acceso, difusión y digitalización de los documentos, tarea que culminó con la creación del Sistema de Archivos de la Defensa.
Un hito en el desarrollo de estas tareas fue el hallazgo en octubre de 2013 de las Actas de la Junta Militar en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea de la Ciudad de Buenos Aires, que fueron relevadas y puestas a la consulta pública. Esta experiencia fue replicada en otros organismos del Estado, con diversos alcances y dificultades. Cabe mencionar aquí la política de relevamiento de archivos del Ministerio de Seguridad para el análisis del accionar de la Prefectura, la Gendarmería y la Policía Federal; el trabajo realizado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, tanto sobre el archivo propio como en el rol de articulador con otras instituciones para la provisión de información sobre graves violaciones a los derechos humanos a otros países de la región; la investigación realizada por la Comisión Nacional de Valores a partir de sus actas de directorio; y el relevamiento de documentación en el Banco Central de la República Argentina.
Parte de los hallazgos de estos trabajos fue la reconstrucción de la estructura del Batallón de Aviación 601 de Campo de Mayo destinada a los vuelos de la muerte a partir del cruce de legajos militares y testimonios de ex conscriptos en sede judicial que permitieron identificar a un conjunto de responsables y reconstruir la dinámica de los crímenes; así como la decodificación de la estructura de Prefectura que abasteció de aviones, helicópteros y pilotos a la ESMA.

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LA DICTADURA CÍVICO MILITAR Y LOS DELITOS ECONÓMICOS 
Tras las primeras condenas y la extensión de los juicios a todo el país, los tribunales comenzaron a recibir nuevas demandas sobre otras responsabilidades pendientes y en enero de 2012 hubo avances en causas de responsabilidad empresarial.
En octubre de ese mismo año se decidió el procesamiento del empresario Marcos Levín, dueño de la empresa de transportes La Veloz del Norte, junto a Víctor Bocos y Enrique Cardozo por el secuestro de un trabajador delegado de la UTA, Unión Tranviarios Automotor. Cabe aclarar que la causa que llegó a juicio oral en septiembre de 2015 fue concluida con una sentencia condenatoria para los imputados en marzo del año siguiente, y la sentencia fue anulada en 2017 por la Cámara de Casación Penal con el argumento de que no se trataba de delitos de lesa humanidad. Un año después, la Corte Suprema de Justicia declaró competente a la Justicia federal de la provincia de Salta para continuar la investigación.
El año 2012 concluyó con el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma, por los crímenes sucedidos en la provincia de Jujuy en el invierno de 1976 durante las denominadas “noches de los apagones”. Confirmado por la Cámara Federal de Salta, fue uno de los avances más representativos de un ciclo que incluyó también una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos en la causa por la apropiación de Papel Prensa.
El 24 de marzo de ese año los organismos de derechos humanos encabezaron la tradicional movilización a Plaza de Mayo con la consigna “los grupos económicos también fueron la dictadura". Ese día en la provincia de Jujuy hubo una concentración histórica de más de 50.000 personas para exigir justicia y denunciar la responsabilidad del juzgado local en la parálisis de las causas de lesa humanidad, cuyo principal imputado era Blaquier. 

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Para entonces, Jujuy era la única provincia de la Argentina que aún no había reiniciado los juicios.
En paralelo, comenzaron investigaciones sobre el rol durante aquellos años de la cementera Loma Negra y del diario Nueva Provincia. En el primer caso, en torno a la posible vinculación del directorio de Loma Negra con el secuestro y asesinato del abogado Carlos Moreno, quien representaba a trabajadores de la cementera en casos de enfermedades y otras negligencias sufridas en el ámbito laboral. En cuanto a Nueva Provincia, comenzó a investigarse el rol del medio de comunicación en la legitimación del accionar criminal de la dictadura, la criminalización de las víctimas, la publicación de información obtenida bajo tortura a detenides desaparecides y el uso de material secreto de inteligencia militar.
La Justicia dictó también el procesamiento de tres altos directivos de la empresa automotriz Ford Motor Argentina en una causa que luego de múltiples demandas de sus trabajadores obtuvo un veredicto histórico el 11 de diciembre de 2018, con la condena a Pedro Müller y Héctor Sibilla, ex jefes de la planta de General Pacheco, como partícipes necesarios de detenciones ilegales y tormentos y determinó el funcionamiento en el predio de la planta automotriz un Centro Clandestino de Detención. Asimismo, se logró la primera condena a un funcionario civil no militar, Jaime Smart, ex ministro de gobierno bonaerense durante la dictadura cívico militar, hecho que sirvió para equiparar la responsabilidad de funcionarios civiles y militares.
Por otra parte, avanzaron los juicios sobre el rol que tuvo el Poder Judicial. El ex juez de menores Luis María Vera Candioti fue procesado en 2011 por su responsabilidad en la apropiación y sustracción de la identidad de una niña y tres años después, el 17 de febrero de 2014, comenzó el denominado Juicio a los Jueces de Mendoza sobre seis ex jueces federales en un debate que replanteó el papel de la Justicia durante la dictadura cívico militar. El juicio por el Plan Cóndor (que se aborda en el capítulo III de este libro) entre los años 2013-2016 fue un escenario de reparación y acceso a la justicia para víctimas del terrorismo de estado de toda Latinoamérica.

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Durante este ciclo se revisó también el rol de la prensa. La fiscalía de Bahía Blanca pidió rectificaciones de noticias publicadas en dictadura cívico militar por los diarios Clarín, La Nación, Crónica, La Prensa y las revistas Somos, Gente y Para TÍ como una “contribución a la verdad” y dejaron asentado que los artículos presentaban a las víctimas como delincuentes subversives, contribuyendo a legitimar las políticas del terror.
El 25 de noviembre 2015 a tan solo 15 días del cambio de gobierno el Senado de la Nación convirtió en ley un proyecto que estableció la creación de una comisión bicameral de identificación de las complicidades económicas y financieras durante la última dictadura cívico militar, agenda que se cerró de manera simbólica el 3 de diciembre de 2015 con la presentación del informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, que sistematizó por primera vez la represión en 25 empresas. El informe fue elaborado por CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales; Flacso-Argentina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; el Programa Verdad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación.
Es importante mencionar que tanto la participación activa de civiles y ciertos grupos económicos como así también la de algunos miembros de la Iglesia Católica -tema que se aborda en el capítulo III de este libro- hizo que se generara una denominación ampliada y más específica para el término “dictadura cívico militar” incorporando la denominación “clerical empresarial”. La forma correcta para nombrarlo sería entonces: “dictadura cívico militar clerical empresarial”.
En marzo de 2015 algo cambió: las causas tuvieron síntomas de retracción que, a diferencia de otros momentos, no se revirtieron. Los golpes más fuertes fueron el dictamen de falta de mérito impulsado por el Tribunal de Casación a Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma, y a Vicente Masso, propietario del Diario Nueva Provincia, y el sobreseimiento de Héctor Magnetto y Ernestina de Noble, propietarios del diario Clarín; Bartolomé Mitre, propietario del diario La Nación y Guillermo Juan Gainza Paz, propietario del diario La Prensa por la causa Papel Prensa.

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El inicio del juicio a la empresa automotriz Ford con fecha prevista para marzo de 2017 volvió a postergarse por falta de tribunal.

EL ENSAÑAMIENTO POR MOTIVOS DE GÉNERO Y RELIGIÓN 
Las mujeres que fueron secuestradas y estuvieron detenidas y desaparecidas comenzaron a hablar de sus padecimientos en los centros clandestinos en clave de violencia de género. Los primeros relatos desencadenaron decenas de testimonios e impulsaron sentencias en las que la violencia sexual empezó a plasmarse como un tipo específico de violencia distinta a los tormentos, a diferencia de lo que había sucedido en el Juicio a las Juntas.
En 2010 se conoció la primera condena por crímenes contra la integridad sexual a Gregorio Molina, un suboficial de la Fuerza Aérea del centro clandestino La Cueva en Mar del Plata.
Estas voces también sirvieron para que varones detenidos durante aquellos años puedan dar testimonios sobre abusos sexuales sufridos en cautiverio.
En cuanto a los casos conocidos de personas LGBTI+ -lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, intersex y otras identidades- que fueron secuestradas durante la última dictadura cívico militar, está el de Valeria Ramírez, activista trans detenida en dos oportunidades en el Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield en la provincia de Buenos Aires. En el año 2011 brindó su testimonio para los Juicios de lesa humanidad en el que destacó haber sufrido un tratamiento específico por su condición de género.

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Una vez retornada la democracia en la Argentina y según lo muestra el primer presidente de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, Carlos Jáuregui en su libro La homosexualidad en la Argentina, en las actas del Nunca más se presentaban 400 casos de personas LGBTI+ que fueron desaparecidas, pero las mismas no formaron parte de la recopilación por el expreso pedido de algunes integrantes del comité, según le había revelado al propio Jáuregui el rabino Marshall Meyer, referente del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Si se tiene en cuenta el planteo del sociólogo Santiago Joaquín Insausti, recién a partir del año 2004 en el contexto de reanudación de los juicios a los responsables de llevar a cabo la represión, de reparaciones públicas y de interés por parte del Estado por generar conocimientos sobre la última dictadura cívico militar es cuando reaparece la figura de las 400 personas LGBTI+ desaparecidas.
En la actualidad ese número forma parte de los reclamos del colectivo LGBTI+ que exige que aquellas identidades sean retomadas por la historia en clave de lucha política y no tan solo de manera anecdótica, reivindicando y proponiendo la figura de 30.400 desaparecides por la dictadura.
Para la conmemoración del 24 de marzo del año 2021 el Archivo de la Memoria Trans (espacio creado para la protección, construcción y reivindicación de la Memoria Trans) dio a conocer testimonios de compañeras que estuvieron presas en Centros Clandestinos de Detención y comisarías durante aquellos años. No solo dieron cuenta de los horrores que vivieron sino que además, aportaron datos sobre diferentes hechos que vieron o escucharon relacionados a la represión ilegal. El investigador Alejandro Modarelli señala en este sentido que, según sus investigaciones, no hubo algo así como un programa de exterminio como con la izquierda revolucionaria sino una saña especial a causa de la orientación sexual, como lo hubo también con las personas judías.
Sobre este tema, la entidad oficial DAIA, Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, demoró quince años en actualizar la información referida a detenides desaparecides de ascendencia judía.
En 1998 Eudeba y AMIA, Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, emprendieron la edición en hebreo del Nunca más. 

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El título (casi una plegaria), fue: Leolam lo od. Traducido por el Dr. Enrique J. Zadoff, el prólogo estuvo a cargo del Prof. Mordejái Kremnitzer de la Universidad Hebrea de Jerusalem. Allí se condena enérgicamente el terrorismo de Estado y la tortura en cualquier circunstancia y se señala que la única garantía para una auténtica defensa de los derechos humanos es el funcionamiento pleno de las instituciones democráticas.
En tal sentido, la comunidad judía argentina mantuvo con la dictadura cívico militar una relación que no escapa a la modalidad compleja que habían adoptado otras comunidades o grupos sociales como instituciones públicas, comunitarias y privadas; actividades profesionales, comerciales y empresariales. Sin embargo, con el tiempo se comprobó que el porcentaje de personas desaparecidas de origen judío fue extremadamente alto en relación al porcentaje de judíes en la población argentina.
El viernes 5 de marzo de 1999 la Comisión de Solidaridad de Familiares de Desaparecidos entregó al juez español Baltazar Garzón, uno de los pocos juristas en el mundo que continuaban investigando y penalizando los crímenes cometidos por la dictadura argentina, un informe sobre las víctimas judías de la dictadura, que daba cuenta del "ensañamiento" particular con esa colectividad, y de la "crueldad" de los represores hacia sus prisioneres judíes. En concreto, el informe señala: "sobre 10.024 casos denunciados, 1.296 se refieren a judíos, es decir el 12,43 %". Si se toma en cuenta que apenas el 0,8 de la ciudadanía argentina se considera judíe, la relación respecto de las víctimas de la dictadura cívico militar asciende a un escandaloso 10 %.
Cabe destacar que en el Capítulo I de este libro se dedica una sección al antisemitismo. Allí aparecen los testimonios estremecedores de Liliana Callizo y Alejandra Ungaro, entre otros.

RESTITUCIÓN DE IDENTIDADES 
“¿Puede nuestra sangre servir para identificar a nuestros nietos?”. Esta fue la pregunta con la que las Abuelas de Plaza de Mayo salieron al mundo desde el mismo momento en que les robaron a sus nietes, y con la certeza de que tantes otres podrían haber nacido en cautiverio.

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El BNDG, Banco Nacional de Datos Genéticos, es un organismo público y estatal que forma parte de las instituciones que trabajan por la Memoria, Verdad y Justicia. Creado a instancias de Abuelas de Plaza de Mayo, fue tal vez el primer instituto del Estado nacional en ser fundamental en la búsqueda de la verdad, específicamente en la determinación de la identidad de les niñes apropiados durante la dictadura cívico militar. La historia del BNDG comenzó oficialmente con la sanción de la ley 23.511 promulgada el 1 de junio de 1987, convirtiéndose en ley un proyecto enviado por el presidente Alfonsin.
El robo de niñes fue una práctica sistemática llevada a cabo por grupos militares y paramilitares responsables de la represión política, quienes contaron con la complicidad de funcionaries civiles, médiques y auxiliares, lo que permitió que la supresión de la identidad de les niñes fuera legitimada en los registros oficiales. Esta alianza múltiple y de gran alcance parecía garantizar la impunidad de todas las personas involucradas.
No obstante, existe una (pre) historia del Banco, que es esencial que sea contada.
“En un momento dado (sostiene Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo), dentro de esta búsqueda, una de nuestras abuelas tuvo la suerte de encontrar un aviso que decía que un papá que negaba la paternidad, se lo sometió a un examen de sangre con el presunto hijo, y que realmente la sangre dijo que sí, que era. Entonces la palabra sangre, nos motivó a pensar si la sangre nuestra serviría para suplantar a la de los papás que no estaban”. Esto debatían Las Abuelas de Plaza de Mayo desde principios de los años ochenta con apasionado entusiasmo, sin internet ni correo electrónico, con personas de ciencia como Victor Penchaszadeh, Eric Stover, Cristian Orrego, Fred Allen, Luigi Luca Cavalli Sforza y Mary-Claire King. Se comunicaron, dialogaron, debatieron y organizaron simposios para encontrar una respuesta a un interrogante científico que abrió la puerta a una solución a la pregunta.

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En diciembre de 2009 el Congreso sancionó tres leyes sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos que establecieron la obligatoriedad del examen de ADN y la creación de una fuerza policial específica para allanamientos en casos de apropiaciones. La aplicación de técnicas de ADN permitió durante estos años un crecimiento exponencial en la identificación de personas desaparecidas, entre cuyos hitos se encuentra la restitución entre 2015 y 2016 de 40 niñes robades durante la dictadura. Esto se potenció con políticas que asumieron la búsqueda como compromiso del Estado, como el traslado del BNDG bajo estándares internacionales.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Estela de Carlotto junto con su nieto, Ignacio Montoya Carlotto, el día 5 de agosto de 2014 durante la conferencia de prensa que ofreció Abuelas de Plaza de Mayo para anunciar la recuperación de su identidad. Ignacio Montoya Carlotto fue el nieto recuperado número 114.
Autor: Juan Vargas. Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Desde la vuelta de la democracia y hasta la actualidad fue fundamental el rol del Equipo Argentino de Antropología Forense en la recuperación de la identidad de miles de cuerpos que fueron hallados en fosas comunes o enterrados como NN. Esta organización cumplió un papel clave también en la identificación de soldados argentinos que murieron durante la Guerra de Malvinas.
Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal creó una unidad de seguimiento y coordinación de las causas, institucionalizada más tarde en la Procuraduría de crímenes contra la humanidad, organismo que diseñó estrategias de persecución de los crímenes, monitoreo de las causas y creó la Unidad de Apropiación, especializada en apropiación de niñes durante el terrorismo de Estado.
Sin embargo, no solo los nietes o hijes fueron quienes recuperaron lo que se les arrebató durante la dictadura cívico militar. También familias y familiares: abueles, tíes, primes y amigos, a pesar del plan sistemático de robo de bebés comprobado con contundencia por la Justicia pudieron restituir parte de su vidas con más vida.
Son muches les hermanes reunides. Son muches les que aún falta encontrar. Son 500 les chiques secuestrades junto con sus padres y madres o que nacieron durante el cautiverio de sus madres, y luego fueron apropiades. Al momento de la edición de este libro 130 personas recuperaron su verdadera identidad.

LA PLAZA DE LOS PAÑUELOS
El 10 de diciembre de 2015 se produjo un cambio de gobierno encabezado por la coalición de centro derecha Cambiemos bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Durante los cuatro años de mandato del presidente Macri el proceso de Memoria, Verdad, Justicia y reparación sufrió enormes retrocesos bajo una agenda gubernamental que buscó desinstitucionalizar el legado del periodo previo, asociando de manera negativa las temáticas de derechos humanos al gobierno kirchnerista.
Una de las demandas de la nueva agenda apareció publicada poco antes de la asunción de Mauricio Macri en el diario La Nación con un editorial que pedía suspender los juicios de lesa humanidad bajo el título “No más venganza”. 

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Sorpresivamente, el artículo generó el rechazo inmediato de periodistas del diario que lo discutieron a través de sus redes sociales y luego en una carta pública difundida por les trabajadores: “Los trabajadores de La Nación S. A. le decimos NO al editorial que, con el título ‘No más venganza’ se publicó hoy, lunes 23 de noviembre de 2015, en la página 32 del diario. Quienes trabajamos en el diario La Nación, en las revistas que edita la empresa, en las versiones online de todos los productos periodísticos, entendemos que la vida democrática implica la convivencia de distintas ideas, proyectos e identidades políticas. Convivimos entre estas paredes trabajadores que expresamos esa diversidad y desde nuestras diferencias construimos un sentido común. Desde esa diversidad rechazamos la lógica que pretende construir el editorial de hoy, que en nada nos representa al igualar a las víctimas del terrorismo de Estado y el accionar de la Justicia en busca de reparación en los casos de delitos de lesa humanidad con los castigos a presos comunes y con una ‘cultura de la venganza’”.
Esa tensión entre la agenda del gobierno y las respuestas desde novedosos sectores sociales se transformó en una de las marcas del período 2015-2019, que tuvo entre sus características el intento de horadar o invisibilizar los símbolos icónicos del movimiento de derechos humanos. En el comienzo de esta etapa numeroses funcionaries de la coalición Cambiemos pusieron en duda la cifra de les 30.000 desaparecides e intentaron mover el feriado del 24 de marzo, día que se caracteriza por la realización de marchas en plazas de todo el país en cada aniversario del golpe de Estado de 1976. Además, hubo retracción de las políticas públicas destinadas al relevamiento de archivos para las causas de lesa humanidad, se desactivaron las áreas de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central, y se redujo el rol de querellante de la Secretaría de Derechos Humanos, que a lo largo de cuatro años de gobierno de Cambiemos sólo se presentó en seis causas. 

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Todo esto tuvo consecuencias también en el ámbito de la Justicia, donde las causas de responsabilidad civil empezaron a sufrir el impacto antes del cambio de gobierno.
A comienzos de 2015 la Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, benefició al empresario Carlos Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma, con una falta de mérito. Más tarde, la misma Cámara de Casación beneficio al empresario Vicente Massot, propietario del diario La Nueva Provincia, y otro fallo sobreseyó a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, propietarios del diario Clarín; Bartolomé Mitre, propietario del diario La Nación y Guillermo Juan Gainza Paz, propietario de La Prensa, imputados en la causa Papel Prensa de donde el Estado abandonó su rol de querellante.
El 10 de mayo de 2017 algo cambió y modificó el curso de los hechos. A las cinco de la tarde miles de personas se acercaron a Plaza de Mayo donde los organismos de derechos humanos convocaron a una protesta. La Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado beneficiar a un detenido por crímenes de lesa humanidad con el denominado cómputo del 2x1 que ya se encontraba derogado: dos años de reducción de pena por cada año detenido sin condena. El fallo beneficiaba retroactivamente sólo a un imputado, el represor Carlos Muiña, pero abría la posibilidad de extenderse a otros detenidos en la misma situación.
La sentencia de la Corte Suprema provocó una inmediata reacción del Congreso Nacional que aprobó por unanimidad y en tiempo récord la ley 27.362, el 10 de mayo de 2017, que exceptuaba del beneficio a los imputados por crímenes de lesa humanidad, basándose en la ley 27.156 promulgada en julio de 2015.
La llamada “Plaza de los Pañuelos” o “Plaza del 2x1” reunió a centenares de miles de personas en una convocatoria sin antecedentes en la historia de las movilizaciones del país.

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La radicalidad de la Plaza, la desmesura de les participantes y la velocidad de la congregación generaron también una revuelta en los tribunales inferiores que se negaron a seguir los lineamientos de la Corte Suprema y, finalmente, produjeron el retroceso del máximo tribunal que tiempo después debió revertirlos en un nuevo fallo.
En la Plaza de los Pañuelos estaba Lorna Milena, hija de un oficial de Prefectura Naval activo durante la última dictadura. Como el resto de las personas en la Plaza llevaba puesto un pañuelo, pero no era un pañuelo cualquiera: “agarré una camiseta de frisa de mi padre (dijo entonces), la intervine y me dije: te convertí en pañuelo blanco”. Como ella, ese día otres hijes de represores se acercaron sin conocerse a esa Plaza. Tras la manifestación comenzaron a reunirse y aparecer públicamente en diversas agrupaciones de hijes o familiares con consignas de repudio a los crímenes de sus padres o familiares.
El surgimiento de estos colectivos -como Historias desobedientes, integrado por familiares de integrantes de Fuerzas Armadas y Seguridad responsables de crímenes de lesa humanidad-, fue otro de los signos de época que permitieron leer el amplio campo de consensos alcanzado por las demandas de Memoria, Verdad y Justicia del país, impulsadas originalmente por víctimas directas de la dictadura, con fronteras extendidas a través de este largo camino y al que se sumaban actores de múltiples espacios y trayectorias.

NUEVAMENTE EN AGENDA
El 10 de diciembre de 2019 asumió como presidente Alberto Fernández y en la ceremonia realizada en el Congreso de la Nación volvieron a estar como invitadas las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo. Entre sus primeras medidas, el nuevo gobierno ordenó la intervención de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia, a la que el Presidente describió como “los sótanos de la democracia”, caracterizada históricamente por el uso de prácticas de espionaje ilegal sobre la población civil que, durante los años de la gestión de la coalición Cambiemos, se extendió hasta abarcar a miles de ciudadanes. La revisión de esta actividad de inteligencia prohibida comenzó en el marco de la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso de la Nación y por la propia intervención de la AFI.

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En 2020 la titular de la AFI, Cristina Caamaño, creó el Programa de Revisión de Antecedentes con el objetivo de relevar la documentación histórica almacenada durante más de 80 años en la llamada División de Antecedentes, donde se acumulaban unas 250.000 fichas de inteligencia sobre múltiples objetivos del espionaje estatal pero también sobre los propios agentes que realizaban esas tareas de vigilancia. El Programa, cuya tarea estuvo enfocada especialmente sobre la etapa del terrorismo de Estado, detectó un álbum confeccionado por la Jefatura II de Inteligencia del Ejército con más de 500 imágenes de personas que los militares tenían como blanco y que daba cuenta de la planificación coordinada entre las fuerzas represivas para la “detección” y “neutralización” de sus víctimas, que fue entregado al Archivo Nacional de la Memoria.
En julio de 2020, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación volvió a presentarse como querellante en la causa que investiga la desaparición forzada de 17 trabajadores de la empresa de transportes La Veloz del Norte, logrando el segundo procesamiento de su propietario, Marcos Levin, junto con quien era por entonces su jefe de seguridad y dos ex policías. En 2021, la AFI constituyó una mesa de trabajo en torno al tratamiento de su archivo, integrada por el Archivo Nacional de la Memoria, el Archivo General de la Nación y organismos de derechos humanos.
Asimismo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación volvió a presentarse como querellante en una veintena de causas de todo el país, reactivó la Unidad Especial de Investigación de Delitos de lesa humanidad con Motivación Económica -creada originalmente en 2010 en el marco de la causa Papel Prensa- y tomó entre sus prioridades las investigaciones por delitos contra la integridad sexual con juicios abiertos en gran parte del país, como parte del Plan estratégico de juicios de la Secretaría. Ese año tuvo como hito el logro de la condena número mil.

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A junio de 2021 el RUVTE, Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, identificó oficialmente 805 lugares utilizados por las fuerzas represivas del Estado de forma sistemática o eventual para el alojamiento clandestino o ilegal de personas privadas de su libertad por razones políticas desde fines del año 1974 y, especialmente, a partir de la aplicación plena del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico militar en todo el territorio nacional desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.
En julio de 2021 -al momento de la edición de este libro- la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la falta de mérito dictada a Carlos Blaquier por las desapariciones de trabajadores del Ingenio Ledesma, reabriendo el proceso en su contra por delitos de lesa humanidad.

EL PODER DE LAS LUCHAS COLECTIVAS
El surgimiento incesante de nuevos organismos de la sociedad civil, movimientos de derechos humanos, fiscales investigadores, abogades defensores, ciudadanes comprometides, y la institucionalización en el Estado de políticas activas de preservación y difusión de la Memoria fueron la base para conformar una amplia experiencia colectiva que mejoró la perspectiva de la sociedad argentina: la capacidad conjunta de procesar las luchas sociales, una práctica de justicia efectiva, la ampliación de derechos civiles en el marco de los reclamos concretos de familiares de víctimas de abusos por parte del Estado pero, sobre todo, el ejercicio permanente de una cultura del reclamo, la militancia y la protesta social que se vio plasmada en la creciente incorporación de diversos derechos civiles, sociales, políticos y económicos.
Leyes sancionadas en los últimos años como las de Matrimonio Igualitario, Identidad de Género, Educación Sexual Integral e Interrupción Voluntaria del Embarazo fueron posibles por la capacidad de lucha de nuestra sociedad.

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Parafraseando a Javier Trímboli y el planteo que sostiene que la bajada de los cuadros que ordenó el presidente Kirchner de Videla y Bignone en 2004 había sido el verdadero final simbólico de la dictadura a más de cuarenta años de haber sucedido, también podríamos decir que el proceso de Memoria, Verdad y Justicia tuvo que ver plenamente con las políticas de juicios por lesa humanidad, de reparación a las víctimas y sus familias, con el florecimiento de sitios y lugares de la Memoria de recordación y homenaje, con la recuperación de la identidad de cientos de nietes pero, sobre todo, con el largo camino de la pérdida del miedo social. Es decir, la verdadera vuelta de página tuvo que ver con la posibilidad real de que la sociedad argentina revirtiera aquella horrible condena mencionada al principio de esta Introducción y que pronunciara un militar de entonces:

“–Si exterminamos a todos, habría miedo por varias generaciones. 
–¿Qué quiere decir todos?
–Todos. Unos 20 mil. Y además sus familiares. Hay que borrarlos a ellos y a quienes puedan llegar a acordarse de sus nombres”.

Tanto ayer como ahora y siempre, la revisión del pasado triste y doloroso en la Argentina tuvo que ver con la justicia pero, sobre todo, con la idea de que el Nunca más fue el punto límite y, a la vez, el principio de la construcción de una sociedad mejor para todes.

BIBLIOGRAFÍA
- Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, 2015, Informe de Investigación sobre Víctimas de Desaparición Forzada y Asesinato, por el accionar represivo del Estado en centros Clandestinos de detención y otros lugares de reclusión clandestina.
- Archivo Nacional de la Memoria, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Secretaría de Derechos Humanos, 2015, Bombardeo del 16 de junio de 1955.
- Procuraduría de crímenes contra lesa humanidad, Balance 2016, Informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad.
- Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, Memoria escrita del Banco Nacional de Datos Genéticos 2017/2018, BNDG, Una pregunta, treinta años.

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La edición del Informe Nunca más del año 2006, con motivo del 30° aniversario

La última edición del Informe Nunca Más, con motivo del 30° aniversario del golpe de Estado del 76, incluye una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que refleja las perspectivas jurídicas y filosóficas que fundamentan las políticas públicas impulsadas por el gobierno del entonces presidente Néstor Carlos Kirchner con relación al pasado dictatorial.
La edición de 1984 del Informe Nunca Más se publicó con un prólogo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que también se incluye en la edición mencionada, por ser parte de aquel Informe e integrar su texto.
Ambos documentos, reproducidos a continuación, reflejan el camino recorrido en la percepción del terrorismo de Estado.

PRÓLOGO A LA EDICIÓN DE 2006
Nuestro país está viviendo un momento histórico en el ámbito de los derechos humanos, treinta años después del golpe de Estado que instauró la más sangrienta dictadura militar de nuestra historia. Esta circunstancia excepcional es el resultado de la confluencia entre la decisión política del gobierno nacional, que ha hecho de los derechos humanos el pilar fundamental de las políticas públicas, y las inclaudicables exigencias de verdad, justicia y memoria mantenidas por nuestro pueblo a lo largo de las últimas tres décadas.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada del siguiente epígrafe: “Pintadas contra la dictadura en el Obelisco de Buenos Aires realizadas el 22 de abril de 1985, día en el que comenzó el Juicio a las Juntas. Autor: Guillermo Loiácono. Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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A partir del restablecimiento de las instituciones constitucionales, el 10 de diciembre de 1983, hubo grandes hitos como el informe de la Conadep, que hoy vuelve a reeditarse, y el juicio a los integrantes de las tres primeras juntas militares, entre otros procesos judiciales. Hubo también pronunciados retrocesos como las llamadas leyes de “punto final” y de “obediencia debida” y los indultos presidenciales a condenados y procesados por la Justicia Federal.
Las exigencias de verdad, justicia y memoria están hoy instaladas como demandas centrales de vastos sectores sociales. Como lo afirmaban las Madres de Plaza de Mayo ya bajo la dictadura militar, cuando planteaban los dilemas de la verdadera reconciliación nacional, “el silencio no será una respuesta ni el tiempo cerrará las heridas”.
Por ello, recordar el pasado reciente con la reedición del NUNCA MÁS este año del 30 aniversario del golpe de Estado de 1976 tiene un significado particular cuando, a instancias del Poder Ejecutivo, el Congreso ha anulado las leyes de impunidad y una Corte Suprema renovada las ha declarado inconstitucionales y ha confirmado el carácter imprescriptible de los crímenes de lesa humanidad.
Reafirmar el valor de la ética y de los derechos humanos en la profunda crisis heredada de la dictadura militar y de las políticas neoliberales no es una retórica declaración de principios en la Argentina posterior a los estallidos sociales de diciembre de 2001. Se trata de afianzar la ética de la responsabilidad en todos los órdenes de la actividad pública y la única manera de otorgar a las políticas públicas un contenido de justicia real y concreto.

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Hace dos años, el 24 de marzo de 2004, se firmó en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) el acuerdo para establecer el Espacio de la Memoria entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que puso fin de manera simbólica a cualquier intento de justificación de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
Es preciso dejar claramente establecido -porque lo requiere la construcción del futuro sobre bases firmes- que es inaceptable pretender justificar el terrorismo de Estado como una suerte de juego de violencias contrapuestas, como si fuera posible buscar una simetría justificatoria en la acción de particulares frente al apartamiento de los fines propios de la Nación y del Estado que son irrenunciables.
Por otra parte, el terrorismo de Estado fue desencadenado de manera masiva y sistemática por la Junta Militar a partir del 24 de marzo de 1976, cuando no existían desafíos estratégicos de seguridad para el statu quo, porque la guerrilla ya había sido derrotada militarmente. La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. La pedagogía del terror convirtió a los militares golpistas en señores de la vida y la muerte de todos los habitantes del país. En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales, la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales. Disciplinar a la sociedad ahogando en sangre toda disidencia o contestación fue su propósito manifiesto. Obreros, dirigentes de comisiones internas de fábricas, sindicalistas, periodistas, abogados, psicólogos, profesores universitarios, docentes, estudiantes, niños, jóvenes, hombres y mujeres de todas las edades y estamentos sociales fueron su blanco. Los testimonios y la documentación recogidos en el NUNCA MÁS son un testimonio hoy más vigente que nunca de esa tragedia.

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Es responsabilidad de las instituciones constitucionales de la República el recuerdo permanente de esta cruel etapa de la historia argentina como ejercicio colectivo de la memoria, con el fin de enseñar a las actuales y futuras generaciones las consecuencias irreparables que trae aparejada la sustitución del Estado de Derecho por la aplicación de la violencia ilegal por quienes ejercen el poder del Estado, para evitar que el olvido sea caldo de cultivo de su futura repetición.
La enseñanza de la historia no encuentra sustento en el odio o en la división en bandos enfrentados del pueblo argentino, sino que, por el contrario, busca unir a la sociedad tras las banderas de la justicia, la verdad y la memoria en defensa de los derechos humanos, la democracia y el orden republicano.
Actualmente tenemos por delante la inmensa tarea de revertir una situación de impunidad y de injusticia social, lo que supone vencer la hostilidad de poderosos sectores que con su complicidad de ayer y de hoy con el terrorismo de Estado y las políticas neoliberales la hicieron posible. Por ello, al mismo tiempo nos interpelan los grandes desafíos de continuar haciendo de la Argentina, frente a esas fuertes resistencias, no solo un país más democrático y menos autoritario, sino también más igualitario y más equitativo.
El NUNCA MÁS del Estado y de la sociedad argentina debe dirigirse tanto a los crímenes del terrorismo de Estado -la desaparición forzada, la apropiación de niños, los asesinatos y la tortura- como a las injusticias sociales que son una afrenta a la dignidad humana.

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El NUNCA MÁS es un vasto programa a realizar por el Estado nacional, por las provincias y municipios y por la sociedad argentina en su conjunto, si queremos construir una Nación realmente integrada y un país más justo y más humano para todos.
Marzo de 2006 
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN 

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Prólogo a la edición original

Durante la década del 70, la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda, fenómeno que ha ocurrido en muchos otros países. Así aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares. Pero esa nación no abandonó en ningún momento los principios del derecho para combatirlo, y lo hizo con absoluta eficacia, mediante los tribunales ordinarios, ofreciendo a los acusados todas las garantías de la defensa en juicio; y en ocasión del secuestro de Aldo Moro, cuando un miembro de los servicios de seguridad le propuso al general Della Chiesa torturar a un detenido que parecía saber mucho, le respondió con palabras memorables: “Italia puede permitirse perder a Aldo Moro. No, en cambio, implantar la tortura”.
No fue de esta manera en nuestro país: a los delitos de los terroristas, las Fuerzas Armadas respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido, porque desde el 24 de marzo de 1976 contaron con el poderío y la impunidad del Estado absoluto, secuestrando, torturando y asesinando a miles de seres humanos.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Raúl Alfonsín recibe el informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) de manos del escritor Ernesto Sabato. Autor: Daniel Merle (1984). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos.
Son muchísimos los pronunciamientos sobre los sagrados derechos de la persona a través de la historia y, en nuestro tiempo, desde los que consagró la Revolución francesa hasta los estipulados en las Cartas Universales de Derechos Humanos y en las grandes encíclicas de este siglo.
Todas las naciones civilizadas, incluyendo la nuestra propia, estatuyeron en sus constituciones garantías que jamás pueden suspenderse, ni aun en los más catastróficos estados de emergencia: el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a proceso; el derecho a no sufrir condiciones inhumanas de detención, negación de la justicia o ejecución sumaria.
De la enorme documentación recogida por nosotros se infiere que los derechos humanos fueron violados en forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas. Y no violados de manera esporádica sino sistemática, de manera siempre la misma, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. 

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¿Cómo no atribuirlo a una metodología del terror planificada por los altos mandos? ¿Cómo podrían haber sido cometidos por perversos que actuaban por su sola cuenta bajo un régimen rigurosamente militar, con todos los poderes y medios de información que esto supone? ¿Cómo puede hablarse de “excesos individuales”? De nuestra información surge que esta tecnología del infierno fue llevada a cabo por sádicos pero regimentados ejecutores. Si nuestras inferencias no bastaran, ahí están las palabras de despedida pronunciadas en la Junta Interamericana de Defensa por el jefe de la delegación argentina, general Santiago Omar Riveros, el 24 de enero de 1980: “Hicimos la guerra con la doctrina en la mano, con las órdenes escritas de los Comandos Superiores”. Así, cuando ante el clamor universal por los horrores perpetrados, miembros de la Junta Militar deploraban los “excesos de la represión, inevitables en una guerra sucia”, revelaban una hipócrita tentativa de descargar sobre subalternos independientes los espantos planificados.
Los operativos de secuestro manifestaban la precisa organización, a veces en los lugares de trabajo de los señalados, otras en plena calle y a la luz del día, mediante procedimientos ostensibles de las fuerzas de seguridad que ordenaban “zona libre” a las comisarías correspondientes. Cuando la víctima era buscada de noche en su propia casa, comandos armados rodeaban la manzana y entraban por la fuerza, aterrorizaban a padres y niños, a menudo amordazándolos y obligándolos a presenciar los hechos, se apoderaban de la persona buscada, la golpeaban brutalmente, la encapuchaban y finalmente la arrastraban a los autos o camiones, mientras el resto del comando casi siempre destruía o robaba lo que era transportable. De ahí se partía hacia el antro en cuya puerta podía haber inscriptas las mismas palabras que Dante leyó en los portales del infierno: “Abandonad toda esperanza, los que entráis”.

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De este modo, en nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal: la de los Desaparecidos. Palabra -¡triste privilegio argentino!- que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo.
Arrebatados por la fuerza, dejaron de tener presencia civil. ¿Quiénes exactamente los habían secuestrado? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? No se tenía respuesta precisa a estos interrogantes: las autoridades no habían oído hablar de ellos, las cárceles no los tenían en sus celdas, la justicia los desconocía y los hábeas corpus solo tenían por contestación el silencio. En torno de ellos crecía un ominoso silencio. Nunca un secuestrador arrestado, jamás un lugar de detención clandestino individualizado, nunca la noticia de una sanción a los culpables de los delitos. Así transcurrían días, semanas, meses, años de incertidumbres y dolor de padres, madres e hijos, todos pendientes de rumores, debatiéndose entre desesperadas expectativas, de gestiones innumerables e inútiles, de ruegos a influyentes, a oficiales de alguna fuerza armada que alguien les recomendaba, a obispos y capellanes, a comisarios. La respuesta era siempre negativa.
En cuanto a la sociedad, iba arraigándose la idea de la desprotección, el oscuro temor de que cualquiera, por inocente que fuese, pudiese caer en aquella infinita caza de brujas, apoderándose de unos el miedo sobrecogedor y de otros una tendencia consciente o inconsciente a justificar el horror: “Por algo será”, se murmuraba en voz baja, como queriendo así propiciar a los terribles e inescrutables dioses, mirando como apestados a los hijos o padres del desaparecido.

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Sentimientos sin embargo vacilantes, porque se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los “subversivos”, con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible. En el delirio semántico, encabezado por calificaciones como “marxismo- leninismo”, “apátridas”, “materialistas y ateos”, “enemigos de los valores occidentales y cristianos”, todo era posible: desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas miseria para ayudar a sus moradores. Todos caían en la redada: dirigentes sindicales que luchaban por una simple mejora de salarios, muchachos que habían sido miembros de un centro estudiantil, periodistas que no eran adictos a la dictadura, psicólogos y sociólogos por pertenecer a profesiones sospechosas, jóvenes pacifistas, monjas y sacerdotes que habían llevado las enseñanzas de Cristo a barriadas miserables. Y amigos de cualquiera de ellos, y amigos de esos amigos, gente que había sido denunciada por venganza personal y por secuestrados bajo tortura. Todos, en su mayoría, inocentes de terrorismo o siquiera de pertenecer a los cuadros combatientes de la guerrilla, porque estos presentaban batalla y morían en el enfrentamiento o se suicidaban antes de entregarse, y pocos llegaban vivos a manos de los represores.
Desde el momento del secuestro, la víctima perdía todos los derechos; privada de toda comunicación con el mundo exterior, confinada en lugares desconocidos, sometida a suplicios infernales, ignorante de su destino mediato o inmediato, susceptible de ser arrojada al río o al mar, con bloques de cemento en sus pies, o reducida a cenizas; seres que sin embargo no eran cosas, sino que conservaban atributos de la criatura humana: la sensibilidad para el tormento, la memoria de su madre o de su hijo o de su mujer, la infinita vergüenza por la violación en público; seres no solo poseídos por esa infinita angustia y ese supremo pavor, sino, y quizás por eso mismo, guardando en algún rincón de su alma alguna descabellada esperanza.

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De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de nueve mil. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aún vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal. Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebroso rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado deliberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían.
En el curso de nuestras indagaciones fuimos insultados y amenazados por los que cometieron los crímenes, quienes, lejos de arrepentirse, vuelven a repetir las consabidas razones de “la guerra sucia”, de la salvación de la patria y de sus valores occidentales y cristianos, valores que precisamente fueron arrastrados por ellos entre los muros sangrientos de los antros de represión. Y nos acusan de no propiciar la reconciliación nacional, de activar los odios y resentimientos, de impedir el olvido. 

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Pero no es así: no estamos movidos por el resentimiento ni por el espíritu de venganza; solo pedimos la verdad y la justicia, tal como por otra parte las han pedido las Iglesias de distintas confesiones, entendiendo que no podrá haber reconciliación sino después del arrepentimiento de los culpables y de una justicia que se fundamente en la verdad. Porque, si no, debería echarse por tierra la trascendente misión que el Poder Judicial tiene en toda comunidad civilizada. Verdad y justicia, por otra parte, que permitirán vivir con honor a los hombres de las Fuerzas Armadas que son inocentes y que, de no procederse así, correrían el riesgo de ser ensuciados por una incriminación global e injusta. Verdad y justicia que permitirán a esas fuerzas considerarse como auténticas herederas de aquellos ejércitos que, con tanta heroicidad como pobreza, llevaron la libertad a medio continente.
Se nos ha acusado, en fin, de denunciar solo una parte de los hechos sangrientos que sufrió nuestra nación en los últimos tiempos, silenciando los que cometió el terrorismo que precedió a marzo de 1976, y hasta, de alguna manera, hacer de ellos una tortuosa exaltación. Por el contrario, nuestra Comisión ha repudiado siempre aquel terror, y lo repetimos una vez más en estas mismas páginas. Nuestra misión no era la de investigar sus crímenes sino estrictamente la suerte corrida por los desaparecidos, cualesquiera que fueran, proviniesen de uno o de otro lado de la violencia. Los familiares de las víctimas del terrorismo anterior no lo hicieron, seguramente, porque ese terror produjo muertes, no desaparecidos. Por lo demás el pueblo argentino ha podido escuchar y ver cantidad de programas televisivos, y leer infinidad de artículos en diarios y revistas, además de un libro entero publicado por el gobierno militar, que enumeraron, describieron y condenaron minuciosamente los hechos de aquel terrorismo.

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Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el período que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.

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ADVERTENCIA
Los casos que se mencionan en el presente Informe surgen del aporte testimonial y documental recibido, habiendo sido seleccionados con la sola intención de fundamentar y ejemplificar la exposición, la que a su vez resulta de la totalidad del material reunido, es decir, de la palabra de testigos directos de esos hechos. No se excluye la posibilidad de algún error, ni se descarta la existencia de muchos otros casos que pudieran ser más ilustrativos para cumplir esa finalidad.
Respecto de las personas que aparecen nombradas por las funciones que desempeñaron, o incluidas ocasionalmente en la transcripción de testimonios que las involucran en hechos que puedan ser configurativos de delitos, esta Comisión Nacional no les asigna la responsabilidad que la referencia del caso pudiera sugerir, en tanto carece de facultades para ello y en razón de que tal facultad es privativa del Poder Judicial en el ordenamiento constitucional argentino.

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I. La represión como método

A. Introducción general. B. El secuestro: La incursión de los secuestradores o “patotas” en los domicilios; Luz verde (o “Área Liberada”); Rehenes y “ratonera”; El botín de guerra; Conclusión del operativo del secuestro; Tabicamiento. C. Torturas. D. Centros Clandestinos de Detención: Emplazamiento de los CCD; Números; Antisemitismo; Descripciones de los CCD: “Olimpo”, “La Perla”, Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA); Centros Clandestinos dependientes de la Fuerza Aérea: Quinta Seré; Circuito Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires: El Vesubio, Campo de Mayo; Jurisdicción II Cuerpo del Ejército: Chaco, Formosa, Misiones; Santa Fe, Rosario; Córdoba: La Perla; Mendoza; Tucumán; Jujuy; Circuito V Cuerpo de Ejército.

El Nunca Más sirvió como base para el juicio contra los ex comandantes de las tres primeras juntas militares de la última dictadura. Luego de ese proceso histórico, el gobierno de Raúl Alfonsín impulsó y sancionó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que impidieron terminar con los juicios contra el resto de los represores. En 1989 y 1990, el presidente Carlos Menem terminó de cerrar ese ciclo con el indulto a los jefes militares. Los que todavía cumplían su condena salieron en libertad. Todos los responsables, ejecutores e ideólogos del plan de exterminio estaban en las calles.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un hombre que sostiene una cámara a la vez que es forcejeado por un militar vestido con uniforme y otra persona. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: ““Dame el rollo”. Detención del fotógrafo Román von Eckstein en la marcha organizada por la CGT. Autor: Lucio Solari (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Pero les familiares de las víctimas, les miembres de los organismos de derechos humanos y una parte importante de la sociedad civil no dejaron de reclamar que se concretara la investigación de los crímenes. Se iniciaron juicios en España, Italia, Francia y Alemania, entre otros países. En 2001 la Justicia argentina dio el primer paso para reabrir cabalmente los juicios contra los represores con una sentencia que, en primera instancia, consideraba nulas las leyes de amnistía. El Congreso respaldó esa medida dos años después y, finalmente, la Corte Suprema la ratificó en 2005. En la actualidad, hay 2.624 personas imputadas, 937 procesadas, 526 condenadas, un total de 1.064 detenidas, 447 causas activas y 15 juicios en curso. Las investigaciones posteriores a la Conadep también permitieron identificar nuevos sitios que fueron usados como centros clandestinos de detención. Originalmente había 364 lugares reconocidos, hoy son 498.
Las primeras investigaciones judiciales se abrieron con el material que recogió la Conadep durante su funcionamiento. Después de meses de escuchar denuncias, testimonios y confesiones y de inspeccionar lugares para arrojar luz sobre los estremecedores acontecimientos, la Comisión determinó que existió una “metodología represiva” basada en una secuencia: secuestro-desaparición-tortura, de la que da cuenta este primer capítulo. El relevamiento de los métodos, como las formas del secuestro y la tortura, hace de esta parte del informe una suerte de glosario del horror, profundizado por las descripciones más completas de los Centros Clandestinos de Detención, de la distribución política y geográfica de estos centros de la muerte, de las características de uno de los primeros lugares montados en una escuela de campaña tucumana en 1975 y de la destrucción de muchos que la Comisión no alcanzó a ver porque habían sido “levantados” debido a la visita al país de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.
La Conadep registró un número aproximado de 340 centros de detención, un indicador que creció a lo largo del tiempo a partir del aporte de sobrevivientes y de las nuevas evidencias surgidas durante las investigaciones de los juicios de lesa humanidad. 

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A junio de 2021, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación contabiliza 805 lugares identificados que fueron utilizados por las fuerzas represivas del Estado de forma sistemática o eventual para el alojamiento clandestino o ilegal de personas privadas de su libertad por razones políticas desde fines del año 1974 y, especialmente, a partir de la aplicación plena del plan sistemático de exterminio ejecutado por la última dictadura cívico militar en todo el territorio nacional desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983.

A. INTRODUCCIÓN DE LA COMISIÓN
Muchos de los episodios aquí reseñados resultarán de difícil credibilidad. Es que los hombres y mujeres de nuestro pueblo solo han conocido horrores semejantes a través de crónicas de otras latitudes.
La enormidad de lo acontecido, la transgresión a los fundamentos mismos de la especie, provocará todavía aquel “¿será cierto?” con que algunos intentaban sustraerse del dolor y del espanto, pero también de la responsabilidad que nace del saber, del estar enterado, porque a ello sigue, inexorablemente, el preguntarse: ¿cómo evitar que pueda repetirse? Y la angustiante inquietud de advertir que víctimas y victimarios fueron nuestros contemporáneos, que la tragedia tuvo a nuestro suelo por escenario y que quienes así afrentaron nuestra historia no ofrecen todavía actos o palabras de confiable arrepentimiento.
Asume esta Comisión la tremenda y necesaria responsabilidad de afirmar, concluidas estas primeras investigaciones, que todo cuanto sigue efectivamente sucedió, más allá de los pormenores de algunos de estos sucesos individualmente considerados, de cuya existencia solo pueden dar fehaciente testimonio quienes fueron sus directos protagonistas.

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Pero meses y meses de escuchar denuncias, testimonios y confesiones, de examinar documentos, inspeccionar lugares y realizar cuanto estuvo a nuestro alcance para arrojar luz sobre tan estremecedores acontecimientos, nos autorizan a aseverar que existió una metodología represiva concebida para producir actos y situaciones como los que en adelante se informarán, cuya secuencia secuestro- desaparición-tortura será analizada en los capítulos siguientes.
Cada uno de los testimonios incluidos bien pudo haber sido seleccionado al azar entre los miles de legajos que contienen relatos similares. 

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un auto detenido en diagonal sobre una calle; en el asiento delantero se observa un policía. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Procedimiento policial en Carlos Pellegrini y Córdoba (microcentro de la Ciudad de Buenos Aires). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Los incorporados a este informe son solo una ínfima muestra del copioso material hasta ahora reunido.
Cualquiera de ellos por sí solo permitiría formular la misma condena moral a la que arriba esta Comisión; pero es su pluralidad pródiga en referencias semejantes y convergentes lo que cimienta incontrastablemente nuestra certidumbre acerca de la existencia y puesta en práctica de tal metodología represiva.
Los casos transcriptos no son de aquellos que constituyan excesos, ya que tales excesos no existieron si se entiende por ello la comisión de actos aislados, particularmente aberrantes. Es que todo el sistema, toda la metodología, desde su ideación, constituyó el gran exceso; lo aberrante fue práctica común y extendida. Los actos “especialmente” atroces se cuentan por millares. Son los “normales”.
Se ha dicho reiteradamente que aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad que incurrieron en “excesos” durante la lucha antisubversiva fueron oportunamente enjuiciados a iniciativa de las autoridades de dichas fuerzas.
Esta Comisión desmiente rotundamente tal aserto, toda vez que de la información obtenida hasta el momento no surge que miembro alguno de las Fuerzas de Seguridad haya sido procesado por estar involucrado en la desaparición de personas o por aplicación de tormentos o por la muerte de detenidos alojados en los centros clandestinos de detención.
Las autoridades militares del Proceso de Reorganización Nacional denominaron “excesos” a los delitos perpetrados por efectivos militares o policiales con fines particulares, sin autorización de sus superiores, al margen del accionar represivo.
Como se verá más adelante, homicidios, violaciones, torturas, extorsiones, saqueos y otros graves delitos quedaron impunes, cuando se perpetraron en el marco de la persecución política e ideológica desatada en esos años.

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B. EL SECUESTRO
Si bien constan en los archivos de la Conadep denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, es a partir de ese día que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de la fecha.
La metodología empleada fue ensayada desde antes de asumir el gobierno militar (Operativo “Independencia” en Tucumán). Se distingue de los métodos empleados en otros países por la total clandestinidad en que se obraba; la detención de personas seguida de su desaparición y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes. Su período de aplicación es prolongado, abarca a toda la Nación y no se limita a los grandes centros urbanos.

Incursión de los secuestradores o “patota” en los domicilios 
Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. Los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar.
Generalmente, en el domicilio irrumpía una “patota” o grupo integrado por cinco o seis individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en algunos casos especiales.

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Los integrantes de la “patota” iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a estas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo de la “patota”, solía producirse en algunos casos el “apagón” o corte del suministro eléctrico en la zona en que se iba a realizar el operativo.
La cantidad de vehículos que intervenían variaba, ya que en algunos casos empleaban varios autos particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban con el apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar uniformadas, en camiones o camionetas identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos, helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas.
La intimidación y el terror no solo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo.

Luz verde o “Área Liberada” 
Queda en claro que cuando la “patota” o “Grupo de Tareas” debía efectuar un operativo llevaba el permiso de “LUZ VERDE”. De esta manera, si algún vecino o encargado del edificio se ponía en contacto con la seccional de policía más próxima o con el comando radioeléctrico pidiendo su intervención, se le informaba que estaban al tanto del mismo pero que no podían actuar.
Para trasponer una jurisdicción policial, las fuerzas operantes debían pedir la “luz verde”, lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien estacionando unos minutos frente a la respectiva comisaría o, incluso, al propio Departamento Central.

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Rehenes y “ratonera”
En los casos en que los efectivos intervinientes no encontraban a la víctima en su domicilio se armaba lo que denominaban una “ratonera”, permaneciendo en su casa hasta que este cayera en la trampa.
En tales situaciones, el operativo de secuestro o “chupada” se extendía varias horas o días, renovando las guardias. En todos los casos los familiares eran tomados como rehenes, siendo sometidos a brutales presiones y atropellos. A esto se sumaba naturalmente la requisa del inmueble y el posterior y casi seguro saqueo de los bienes. Si accidentalmente alguien se hacía presente en el domicilio, era también retenido en calidad de rehén. En el caso de que la víctima principal no apareciera, los secuestradores podían llevarse a su objetivo secundario (parientes o moradores de la vivienda).

El botín de guerra
Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados eran considerados por las fuerzas intervinientes como “BOTÍN DE GUERRA”.
Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el operativo de secuestro, pero a menudo formaban parte de un operativo posterior, en el que otra “patota” se hacía cargo de los bienes de las víctimas. Esto configuraba un trabajo “en equipo”, con división de tareas bajo un mando unificado.

Conclusión del operativo secuestro 
Con el traslado del secuestrado al CCD finaliza el primer eslabón de un tenebroso periplo. 

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Amenazados y maniatados, se los ubicaba en el piso del asiento posterior del vehículo o en el baúl, sumando al pánico la sensación de encierro y muerte. Se procuraba así que el terror no se extendiera más allá de la zona donde se desarrollaba el operativo.
Las víctimas no solamente fueron arrancadas de sus hogares o lugares de trabajo, como ilustra la denuncia por la desaparición de Juan Di Bernardo (Legajo N° 4500):

“Mi hijo estaba internado en el Hospital Alvear a consecuencia de haber sido atropellado por un automóvil. Tenía programada una intervención quirúrgica para el 155-78. La noche del día 12-5-78 se presentaron algunos sujetos con guardapolvos blancos. Iban armados. Obligaron a los pacientes internados en la sala 14 de traumatología a permanecer en sus camas y taparse las caras con las sábanas. Estos sujetos pasaron a Juan a una camilla, lo cubrieron y se lo llevaron en una ambulancia”.

Tabicamiento
En la totalidad de los secuestros se privaba de la visión a las víctimas. En el lenguaje de los represores, se denominaba “tabicamiento” a la acción de colocarle a la víctima el “tabique”, o elemento para privar de la visión. Ello se efectuaba generalmente en el mismo lugar donde se secuestraba o “chupaba”. Los elementos empleados a tal fin eran vendas o trapos que los propios captores traían consigo o prendas de vestir de las víctimas, tales como camisas, pulóveres, camperas, etc., o sábanas, toallas, etc. Con el posterior ingreso de las víctimas a los Centros Clandestinos de Detención, se abría la etapa decisiva en el proceso de su desaparición.

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C. TORTURAS
“Si al salir del cautiverio me hubieran preguntado: ¿te torturaron mucho?, les habría contestado: ‘Sí, los tres meses sin parar’. Si esa pregunta me la formulan hoy les puedo decir que pronto cumplo siete años de tortura” (Miguel D'Agostino — Legajo N° 3901).

En la casi totalidad de las denuncias recibidas por esta Comisión se mencionan actos de tortura. No es casual. La tortura fue un elemento relevante en la metodología empleada. Los Centros Clandestinos de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicarla impunemente.
La existencia y generalización de las prácticas de tortura sobrecoge por la imaginación puesta en juego, por la personalidad de sus ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon como medio.
Al redactarse este informe existieron dudas en cuanto a la adopción del sistema de exposición más adecuado para este tema con el objeto de evitar que este capítulo se convirtiera en una enciclopedia del horror. No encontramos sin embargo la forma de eludir esta estructura del relato. Porque en definitiva ¿qué otra cosa sino un inmenso muestrario de las más graves e incalificables perversiones han sido estos actos, sobre los que gobiernos carentes de legitimidad basaron gran parte de su dominio sobre toda una Nación?
El Dr. Norberto Liwsky (Legajo N° 7397) es médico, casado con Hilda Norma Ereñú y padre de dos hijas menores. En 1976, vivía en un Complejo Habitacional del partido de La Matanza, y trabajaba en el dispensario médico allí existente.

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A raíz de reclamos y movilizaciones de los ocupantes de distintas unidades por la regularización jurídica y constructiva del Complejo Habitacional, el 25 de marzo de 1976 en un operativo nocturno, detienen a la esposa del presidente de la Junta Vecinal. Al día siguiente, fuerzas uniformadas desvalijaron varios domicilios, entre ellos el dispensario del Dr. Liwsky, secuestrando a Mario Portela, delegado de la Junta Vecinal, quien aparece muerto doce horas más tarde.
Dos años después, con motivo de realizarse una misa por la libertad de la Sra. Cirila Benítez, esposa del presidente de la Junta Vecinal, fueron secuestradas varias personas.
El 5 de abril de 1978, aproximadamente a las 22 horas, el Dr. Liwsky entraba a su casa en el barrio de Flores, en la Capital Federal:

“En cuanto empecé a introducir la llave en la cerradura de mi departamento me di cuenta de lo que estaba pasando, porque tiraron bruscamente de la puerta hacia adentro y me hicieron trastabillar. Salté hacia atrás, como para poder empezar a escapar. Dos balazos (uno en cada pierna) hicieron abortar mi intento. Sin embargo todavía resistí, violentamente y con todas mis fuerzas, para evitar ser esposado y encapuchado, durante varios minutos. Al mismo tiempo gritaba a voz en cuello que eso era un secuestro y exhortaba a mis vecinos para que avisaran a mi familia. Y también para que impidieran que me llevaran. Ya reducido y tabicado, el que parecía actuar como jefe me informó que mi esposa y mis dos hijas ya habían sido capturadas y ‘chupadas’. Cuando, llevado por las extremidades, porque no podía desplazarme por las heridas en las piernas, atravesaba la puerta de entrada del edificio, alcancé a apreciar una luz roja intermitente que venía de la calle. 

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Por las voces y órdenes y los ruidos de las puertas del coche, en medio de los gritos de reclamo de mis vecinos, podría afirmar que se trataba de un coche patrullero. Luego de unos minutos, y a posteriori de una discusión acalorada, el patrullero se retiró. Entonces me llevaron a fuerza y me tiraron en el piso de un auto, posiblemente un Ford Falcon, y comenzó el viaje. Me bajaron del coche en la misma forma en que me habían subido, entre cuatro y, caminando un corto trecho (4 o 5 metros) por un espacio que, por el ruido, era un patio de pedregullo, me arrojaron sobre una mesa. Me ataron de pies y manos a los cuatro ángulos. Ya atado, la primera voz que oí fue la de alguien que dijo ser médico y me informó de la gravedad de las hemorragias en las piernas y que, por eso, no intentara ninguna resistencia. Luego se presentó otra voz. Dijo ser EL CORONEL. Manifestó que ellos sabían que mi actividad no se vinculaba con el terrorismo o la guerrilla, pero que me iban a torturar por opositor. Porque: ‘no había entendido que en el país no existía espacio político para oponerse al gobierno del Proceso de Reorganización Nacional’. Luego agregó: ‘Lo vas a pagar caro... Se acabaron los padrecitos de los pobres!’. Todo fue vertiginoso. Desde que me bajaron del coche hasta que comenzó la primera sesión de ‘picana’ pasó menos tiempo que el que estoy tardando en contarlo. Durante días fui sometido a la picana eléctrica aplicada en encías, tetillas, genitales, abdomen y oídos. Conseguí sin proponérmelo, hacerlos enojar, porque, no sé por qué causa, con la ‘picana’, aunque me hacían gritar, saltar y estremecerme, no consiguieron que me desmayara. 

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Comenzaron entonces un apaleamiento sistemático y rítmico con varillas de madera en la espalda, los glúteos, las pantorrillas y las plantas de los pies. Al principio el dolor era intenso. Después se hacía insoportable. Por fin se perdía la sensación corporal y se insensibilizaba totalmente la zona apaleada. El dolor, incontenible, reaparecía al rato de cesar con el castigo. Y se acrecentaba al arrancarme la camisa que se había pegado a las llagas, para llevarme a una nueva ‘sesión’. Esto continuaron haciéndolo por varios días, alternándolo con sesiones de picana. Algunas veces fue simultáneo. 

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una construcción cubierta por vegetación. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) de la Ciudad de Mar del Plata, lugar que funcionó como Centro Clandestino de Detención. Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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En los intervalos entre sesiones de tortura me dejaban colgado por los brazos de ganchos fijos en la pared del calabozo en que me tiraban. Algunas veces me arrojaron sobre la mesa de tortura y me estiraron atando pies y manos a algún instrumento que no puedo describir porque no lo vi pero que me producía la sensación de que me iban a arrancar cualquier parte del cuerpo. En algún momento estando boca abajo en la mesa de tortura, sosteniéndome la cabeza fijamente, me sacaron la venda de los ojos y me mostraron un trapo manchado de sangre. Me preguntaron si lo reconocía y, sin esperar mucho la respuesta, que no tenía porque era irreconocible (además de tener muy afectada la vista) me dijeron que era una bombacha de mi mujer. Y nada más. Como para que sufriera... Me volvieron a vendar y siguieron apaleándome. A los diez días del ingreso a ese ‘chupadero’ llevaron a mi mujer, Hilda Nora Ereñú, donde yo estaba tirado. La vi muy mal. Su estado físico era deplorable. Solo nos dejaron dos o tres minutos juntos. En presencia de un torturador. Cuando se la llevaron pensé (después supe que ambos pensamos) que esa era la última vez que nos veíamos. Que era el fin para ambos. A pesar de que me informaron que había sido liberada junto con otras personas, solo volví a saber de ella cuando, legalizado en la Comisaría de Gregorio de Laferrere, se presentó en la primera visita junto a mis hijas. Un día me tiraron boca abajo sobre la mesa, me ataron (como siempre) y con toda paciencia comenzaron a despellejarme las plantas de los pies. Supongo, no lo vi porque estaba ‘tabicado’, que lo hacían con una hojita de afeitar o un bisturí. A veces sentía que rasgaban como si tiraran de la piel (desde el borde de la llaga) con una pinza. 

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Esa vez me desmayé. Y de ahí en más fue muy extraño porque el desmayo se convirtió en algo que me ocurría con pasmosa facilidad. Incluso la vez que, mostrándome otros trapos ensangrentados, me dijeron que eran las bombachitas de mis hijas. Y me preguntaron si quería que las torturaran conmigo o separado. Desde entonces empecé a sentir que convivía con la muerte. Cuando no estaba en sesión de tortura alucinaba con ella. A veces despierto y otras en sueños. Cuando me venían a buscar para una nueva ‘sesión’ lo hacían gritando y entraban a la celda pateando la puerta y golpeando lo que encontraran. Violentamente. Por eso, antes de que se acercaran a mí, ya sabía que me tocaba. Por eso, también, vivía pendiente del momento en que se iban a acercar para buscarme. De todo ese tiempo, el recuerdo más vívido, más aterrorizante, era ese de estar conviviendo con la muerte. Sentía que no podía pensar. Buscaba, desesperadamente, un pensamiento para poder darme cuenta de que estaba vivo. De que no estaba loco. Y, al mismo tiempo, deseaba con todas mis fuerzas que me mataran cuanto antes. La lucha en mi cerebro era constante. Por un lado: ‘recobrar la lucidez y que no me desestructuraran las ideas’, y por el otro: ‘que acabaran conmigo de una vez’. La sensación era la de que giraba hacia el vacío en un gran cilindro viscoso por el cual me deslizaba sin poder aferrarme a nada. Y que un pensamiento, uno solo, sería algo sólido que me permitiría afirmarme y detener la caída hacia la nada. El recuerdo de todo este tiempo es tan concreto y a la vez tan íntimo que lo siento como si fuera una víscera que existe realmente. En medio de todo este terror, no sé bien cuándo, un día me llevaron al ‘quirófano’ y, nuevamente, como siempre, después de atarme, empezaron a retorcerme los testículos. 

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No sé si era manualmente o por medio de algún aparato. Nunca sentí un dolor semejante. Era como si me desgarraran todo desde la garganta y el cerebro hacia abajo. Como si garganta, cerebro, estómago y testículos estuvieran unidos por un hilo de nylon y tiraran de él al mismo tiempo que aplastaban todo. El deseo era que consiguieran arrancármelo todo y quedar definitivamente vacío. Y me desmayaba. Para esta época, desde los 15 o 18 días a partir de mi secuestro, sufría una insuficiencia renal con retención de orina. Tres meses y medio después, preso en el Penal de Villa Devoto, los médicos de la Cruz Roja Internacional diagnostican una insuficiencia renal aguda grave de origen traumático, que podríamos rastrear en las palizas. Aproximadamente 25 días después de mi secuestro, por primera vez, después del más absoluto aislamiento, me arrojan en un calabozo en que se encuentra otra persona. Se trataba de un amigo mío, compañero de trabajo en el Dispensario del Complejo Habitacional: el Dr. Francisco García Fernández. Yo estaba muy estropeado. Él me hizo las primeras y precarísimas curaciones, porque yo, en todo este tiempo, no tenía ni noción ni capacidad para procurarme ningún tipo de cuidado ni limpieza. Recién unos días después, corriéndome el ‘tabique’ de los ojos, pude apreciar el daño que me habían causado. Antes me había sido imposible, no porque no intentara ‘destabicarme’ y mirar, sino porque, hasta entonces, tenía la vista muy deteriorada. Entonces pude apreciarme los testículos... Recordé que, cuando estudiaba medicina, en el libro de texto, el famosísimo Houssay, había una fotografía en la cual un hombre, por el enorme tamaño que habían adquirido sus testículos, los llevaba cargados en una carretilla. 

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El tamaño de los míos era similar a aquel y su color de un azul negruzco intenso. Otro día me llevaron y, a pesar del tamaño de los testículos, me acostaron una vez más boca abajo. Me ataron y, sin apuro, desgarrando conscientemente, me violaron introduciéndome en el ano un objeto metálico. Después me aplicaron electricidad por medio de ese objeto, introducido como estaba. No sé describir la sensación de cómo se me quemaba todo por dentro. La inmersión en la tortura cedió. Aisladamente, dos o tres veces por semana, me daban alguna paliza. Pero ya no con instrumentos sino, generalmente, puñetazos y patadas. Con este nuevo régimen, comparativamente terapéutico, empecé a recuperarme físicamente. Había perdido más de 25 kilos de peso y padecía la insuficiencia renal ya mencionada. Dos meses antes del secuestro, es decir, por febrero de ese año, padecí un rebrote de una antigua salmonelosis (fiebre tifoidea). Entre el 20 y 25 de mayo, es decir unos 45 o 60 días después del secuestro, tuve una recidiva de la salmonelosis asociada a mi quebrantamiento físico. A la tortura física que se aplicaba desde el primer momento, se agregaba la psicológica que continuaba a lo largo de todo el tiempo de cautiverio, aun después de haber cesado los interrogatorios y tormentos corporales. A esto sumaban vejaciones y degradaciones ilimitadas. El trato habitual de los torturadores y guardias con nosotros era el de considerarnos menos que siervos. Éramos como cosas. Además cosas inútiles. Y molestas. Sus expresiones: ‘vos sos bosta’. ‘Desde que te “chupamos” no sos nada’. ‘Además ya nadie se acuerda de vos'. ‘No existís’. 

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‘Si alguien te buscara (que no te busca) ¿vos creés que te iban a buscar aquí?’. ‘Nosotros somos todo para vos’. ‘La justicia somos nosotros’. ‘Somos Dios’”.
El Dr. Norberto Liwsky fue conducido al Tribunal Militar -Consejo de Guerra Estable N° 1/1-. Este se declaró incompetente por no tener acusación que dirigirle. Giradas las actuaciones a la Justicia Federal se dicta inmediatamente el sobreseimiento definitivo. Todo el martirio relatado fue soportado por una persona contra la que nadie formuló cargo alguno.

D. CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN (CCD)
Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su “desaparición”; allí estaban cuando las autoridades respondían negativamente a los pedidos de informes en los recursos de hábeas corpus; allí transcurrieron sus días a merced de otros hombres de mentes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las autoridades militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión pública nacional e internacional afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos.
Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano.

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Porque ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tempoespaciales, y se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado.
Estos centros solo fueron clandestinos para la opinión pública y familiares o allegados de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. 

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una persona sentada en el piso frente a una pequeña ventana. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Un sobreviviente reconoce el sitio en el que estuvo detenido ilegalmente, en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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Pero va de suyo que su existencia y funcionamiento fueron solo posibles merced al empleo de recursos financieros y humanos del Estado y que, desde las más altas autoridades militares hasta cada uno de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que formó parte de este esquema represivo hicieron de estos centros su base fundamental de operaciones.
Esta realidad fue permanentemente negada, valiéndose el Gobierno Militar, también para ello, del control abusivo que ejercía sobre los medios de comunicación masiva, puestos al servicio de la confusión y desinformación de la opinión pública.
Posteriormente, durante las incidencias bélicas de la guerra austral, se advertiría -ya sin duda alguna- hasta qué punto el ocultamiento de la verdad y la falsedad informativa eran esenciales a los actos más trascendentes de la gestión militar y gubernamental desarrollada entre 1976 y 1983.

“Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario” (Jorge Rafael Videla, 22 de diciembre de 1977, revista Gente).

Desde las más altas esferas del gobierno militar se intentaba presentar al mundo una situación de máxima legalidad. Desconociendo todo límite normativo -aun la excepcional legislación de facto- la dictadura mantuvo una estructura clandestina y paralela. Negada categóricamente al principio, luego -ante la masa de evidencias producto de denuncias realizadas por familiares y testimonios de secuestrados que recuperaron la libertad- debió ser admitida, aunque con argumentos mendaces.
A su vez, un elevado número de denuncias y testimonios recibidos por esta Comisión corroboran la presencia de altos jefes militares en los centros de detención.

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“Fui detenida en mi domicilio de la Ciudad de Corrientes — denuncia Martha Álvarez de Repetto, Legajo N° 007055— y llevada a dependencias de la Policía Federal de esa localidad. Allí fui tabicada y torturada, para luego ser trasladada al Casino de Oficiales del Regimiento de Infantería 9, donde se realizaban simulacros de fusilamiento y también se torturaba. Uno de los visitantes a quien vi personalmente, e inclusive fui interrogada por él, fue el entonces comandante de la VII Brigada, general Cristino Nicolaides. Otro de los visitantes fue el entonces comandante del II Cuerpo de Ejército, general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien estuvo a mediados de noviembre de 1976”.

Por un lado, las cárceles se poblaban de detenidos políticos, a quienes se intentaba presentar como delincuentes comunes, evitando reconocer que la persecución ideológica alcanzaba niveles inéditos hasta entonces en nuestro país. Esta estructura legal, no obstante, estaba íntimamente relacionada con la otra, la de la oscuridad y la muerte, donde miles de desaparecidos sufrían sin la menor posibilidad de protección.
Así, después de transcurridos dilatados períodos en detenciones clandestinas, muchos liberados verían oficializados sus secuestros por el ingreso a establecimientos penales públicos o a comisarías.
A la inversa, detenidos en establecimientos penales oficiales fueron secuestrados y muchos de ellos están desaparecidos a la fecha.
Otros fueron reintegrados a las cárceles después de transcurrir algunos meses en centros clandestinos.
Si bien la adaptación de establecimientos destinados a albergar clandestinamente a detenidos se intensifica a partir del golpe de Estado de 1976, existen antecedentes en esta Comisión de los que resulta que ya en el año 1975 funcionaron centros de esta naturaleza en jurisdicción del III Cuerpo de Ejército, en Tucumán y Santiago del Estero, que operaron como centros piloto durante el “Operativo Independencia

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Emplazamiento de los CCD
En cuanto a su construcción, fueron en algunos casos dependencias que ya funcionaban anteriormente como sitios de detención. En otros, se trató de locales civiles, dependencias policiales e, inclusive, asentamientos de las mismas Fuerzas Armadas, acondicionados ex profeso para funcionar como CCD.
Todos ellos estaban supeditados a la autoridad militar con jurisdicción sobre cada área.
Dependencias militares como la Escuela de Mecánica de la Armada, en Capital Federal; La Perla en Córdoba; Liceo Militar de Mendoza y Campo de Mayo son ejemplos al respecto.
Los que con mayor frecuencia fueron utilizados como campos de concentración fueron los destacamentos y comisarías.
Cuando se trató de dependencias hasta entonces utilizadas para detenidos comunes, ante la brusca afluencia de personas llevadas por las patotas, las condiciones de encierro se vieron agravadas, transformándose así esos lugares en verdaderos infiernos.

“Dormíamos en las celdas —testimonia la licenciada Adriana Calvo de Laborde (Legajo N° 2531)— de a dos, tres o cuatro, según cuántas fuéramos, sobre el piso de cemento y sin ningún tipo de abrigo. En la Comisaría 5ª de La Plata las puertas se cerraban con candado, y cada calabozo medía aproximadamente 2 metros por 1,5. Luego me trasladaron al Pozo de Banfield. Allí las condiciones de encierro no mejoraron, sino todo lo contrario. El régimen era mucho más estricto que en la 5ª. Solamente salíamos para comer una vez cada dos días. En cada celda había tres o más mujeres y el inodoro era una botella de lavandina cortada arriba”.

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La “desaparición” comenzaba con el ingreso a estos centros mediante la supresión de todo nexo con el exterior. De ahí la denominación de “Pozos” conferida a muchos de estos antros en la jerga represiva.
No se trataba solamente de la privación de libertad no comunicada oficialmente, sino de una siniestra modalidad de cautiverio, que trasladaba la vida cotidiana a los confines más subterráneos de la crueldad y la locura.
La reconstrucción de los CCD se logró sobre la base de cientos de testimonios aportados por liberados que estuvieron durante un tiempo más o menos prolongado en la condición de detenidos-desaparecidos.
Fue determinante la memoria “corporal”: cuántos escalones debían subirse o bajarse para ir a la sala de tortura; a los cuántos pasos se debía doblar para ir al baño; qué traqueteo, giro o velocidad producía el vehículo en el cual los transportaban al entrar o salir del CCD, etc.
No obstante, muchos de aquellos detenidos-desaparecidos consiguieron armar el rompecabezas. En algunos casos a partir de ruidos comunes como el goteo de un tanque de agua, la limpieza de un pozo negro, el murmullo de gente comiendo, el canto de pájaros o el golpe de barcazas contra el muelle.
En muchos de los reconocimientos realizados por la Conadep en los CCD, los testigos se colocaron un pañuelo o una venda, o simplemente cerraron fuertemente los ojos para revivir ese tiempo de terror y efectuar correctamente los recorridos del dolor.

Números
En los CCD se utilizaron números para la identificación de los prisioneros.
A veces precedidos de letras como otra forma de suprimir la identidad a los secuestrados. 

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“Ella se da cuenta en ese momento que los llamaban por número, no llamaban por nombre y apellido. Ella recuerda su número: 104. Recuerda que cuando la llamaban a ella era que la tenían que torturar...” (Testimonio de M. de M. Legajo N° 2356).

La Conadep inspeccionó en los lugares donde estuvieron emplazados los CCD, con la concurrencia de ex cautivos que reconocieron las instalaciones señalando las modificaciones observables en el presente. Algunos sitios fueron desmantelados o demolidos ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979. De muchos solo se cuenta hasta el momento con referencias fragmentarias que dificultan su localización, tal vez por haberse utilizado durante espacios de tiempo muy breves. Su existencia contesta el principal enigma acerca de la desaparición forzada de personas en los años recientes: allí estuvieron. Estos establecimientos tuvieron autoridades; dependieron de áreas operacionales; se confeccionaban nóminas que registraron minuciosamente ingresos, traslados y egresos de detenidos. He ahí la “materialidad” de las desapariciones. Y por consiguiente la posibilidad de obtener respuesta acerca de la suerte corrida por quienes un día traspusieron los umbrales de este escarnio que hasta hoy nos ensombrece.

Antisemitismo
En declaraciones a la prensa hechas en octubre de 1981, el entonces ministro del Interior Albano Jorge Harguindeguy negó que el gobierno de la Junta Militar practicara el antisemitismo, aunque admitió que era “imposible controlar a todo el personal (refiriéndose a las fuerzas represivas) entre el cual puede haber —como en cualquier lugar del mundo— algún sádico o enfermo mental” (Crónica 10-1-1981).

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Según el testimonio de R. Peregrino Fernández, oficial de la Policía Federal y miembro del grupo de colaboradores del ministro Harguindeguy, se conoce que:
“Villar (Alberto, luego jefe de la Policía Federal) y Veyra (Jorge Mario, principal de la Policía Federal) cumplían las funciones de ideólogos: indicaban literatura y comentaban las obras de Adolfo Hitler y otros autores nazis y fascistas”.
Esta ideología llevó a una especial brutalidad en el trato de los prisioneros de origen judío. En el CCD La Perla, Liliana Callizo (Legajo N° 4413) “escuchaba los gritos de Levin cuando lo golpeaban e insultaban por ser judío...". Alejandra Húngaro (Legajo N° 2213) relata que luego de ser golpeada, sobre todo en la espalda y la cabeza, “me pintaron el cuerpo con esvásticas en marcador muy fuerte". En el CCD El Atlético, “un represor que se hacía llamar ‘el gran führer’ hacía gritar a los prisioneros: ¡Heil Hitler! y durante la noche era normal escuchar grabaciones de sus discursos" (D. Barrera y Ferrando- Legajo N° 6904).

Descripciones de los Centros Clandestinos de Detención 
De los testimonios presentados ante la Comisión por las personas que estuvieron detenidas clandestinamente y recuperaron su libertad, se pueden establecer dos grandes categorías de centros clandestinos de detención.
Según la clasificación utilizada por las Fuerzas Armadas, en la mayor parte de las zonas del país hubo:
Lugar de Reunión de Detenidos (LRD): Centros donde los detenidos eran mantenidos en general por períodos considerables de tiempo hasta que se decidía su destino definitivo. 

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Lugar transitorio (LT): El tiempo de detención era -salvo excepción- corto. A estos lugares el detenido llegaba inmediatamente después del secuestro o, si así se determinaba, en el período previo a su liberación o a su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un estrecho pasillo. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Centro Clandestino de Detención Pozo de Banfield. Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

“Olimpo” (LRD)
Ubicación: Calle Ramón Falcón y Olivera. Floresta. Capital Federal.
Descripción: Portón de acceso de acero, posiblemente rojo. Un tinglado de chapa de unos 10 metros de altura cubría casi todas las dependencias. Estas eran nuevas, de unos 3 metros de altura, con techo de cemento, donde estaban dos o tres guardias. 

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Se entraba por la guardia. Los traslados se hacían por una puerta de dos hojas, a la izquierda de esta había una imagen de la Virgen. Un sector de incomunicados con grandes ventanas ojivales, tapadas con mampostería, dejando libre solo una parte superior. Salita de torturas, letrinas. Del otro lado otra sala de torturas, una celda, un laboratorio fotográfico y dactiloscópico, una oficina de operaciones especiales. Una cocina y un comedor enfrente. Una enfermería para curaciones y otra para internaciones. Sala de archivo y documentación, otra para rayos X. Tres pasillos con celdas, cada línea de celdas tenía un baño con una cortina como puerta, en la tercera línea había un lavadero y duchas. Un cuarto de guardia con ventana hacia la playa de estacionamiento. Una habitación mayor se usaba para reparar los artículos del hogar, eléctricos y electrónicos robados en los allanamientos.

“La Perla” o “La Universidad” (LRD) 
Ubicación: Provincia de Córdoba, sobre la ruta nacional N° 20 aproximadamente a 12 km de la capital provincial, en el tramo que une a esta con la ciudad de Villa Carlos Paz, en las inmediaciones de Puente Nuevo que conecta con la entrada a Malagueño. Sus instalaciones están sobre una loma a mano derecha en dirección a Carlos Paz, son visibles desde la ruta. Enfrente se encuentra la fábrica Corcemar.
Descripción: Constaba de cuatro edificios de ladrillo a la vista, tres de ellos comunicados entre sí por una galería; de estos, dos eran utilizados por los oficiales y suboficiales como dormitorios y oficinas administrativas, el tercero era la cuadra donde se alojaban los detenidos. En un extremo de la cuadra estaban los baños, en el opuesto, cuatro oficinas para interrogatorios y tortura y una para enfermería. El cuarto edificio, independiente de los anteriores, era utilizado como garaje. 

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Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) 
Ubicación: En la Capital Federal, sobre la Av. del Libertador al oeste, calle Comodoro Rivadavia y Leopoldo Lugones al este y la calle Santiago Calzadilla al sur. Al norte linda con la escuela industrial Raggio.
Descripción: El Casino de Oficiales era el edificio destinado al Grupo de Tareas 3.3.2. Tenía tres pisos, un sótano y un gran altillo. En estos dos últimos y en el tercer piso estaban alojados los detenidos.
Sótano: Tenía un gran pasillo central sostenido por columnas de hormigón. Entre estas columnas se colocaban tabiques dando lugar a una gran puerta verde de hierro, con guardia armada.
Los tabiques eran fáciles de desmontar. Antes de la entrada al sótano propiamente dicho se pasaba por una sala de armas donde había un equipo de electricidad para caso de emergencia y varias taquillas de armamento.
Allí estaba el guardia armado que recibía por intercomunicador la orden de abrir la puerta. Al sótano se ingresaba por una escalera descendente, que se veía al entrar al “Dorado” y formaba parte de la escalera que comunicaba a todo el edificio. La escalera tenía dos tramos.
A este lugar eran llevados los detenidos recién ingresados, el primer paso en la obtención de datos.
Al fondo del sótano, las piezas para tortura N° 12, 13 y 14. A la derecha de la puerta verde, estaban la enfermería, el dormitorio de los guardias y junto a estos el baño.
Siguiendo la línea de la enfermería, el laboratorio fotográfico. Para la ventilación había pequeños ventiluces que daban al patio, ubicados a 20 cm del nivel de tierra.
Esta distribución fue modificada en octubre de 1977. La segunda versión duró hasta diciembre de 1978, fecha en la cual fue nuevamente modificada como preparación a la visita de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

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“Dorado”: En la planta baja se encontraban las dependencias donde funcionaban el servicio de “Inteligencia” donde se realizaba la planificación de las operaciones, el comedor de oficiales, salón de conferencias y sala de reuniones.
Primer y segundo piso: Los dormitorios de los oficiales, lugar al cual los detenidos no tenían ningún acceso.
“Capucha”: Ocupaba el ala derecha de la mansarda recubierta de pizarras grises del edificio. Era un recinto en forma de “ele”, interrumpido de a tramos por vigas de hierro pintadas de gris, que son el esqueleto de la mansarda exterior. No tenía ventanas, solo pequeños ventiluces que daban a celdas pequeñas denominadas “camarotes”. Construidas con tabiques de mampostería cerradas con paneles de madera aglomerada de 2 m de altura y una puerta con una mirilla. Entre el fin de la madera y el techo había tejido metálico. A mano derecha frente a las celdas 60 o 70 cm, tabiques de madera aglomerada en cada espacio, un prisionero acostado sobre una colchoneta. No había luz natural, era escasa, se utilizaban dos extractores de aire que producían mucho ruido. El piso, de alisado de cemento, fue pintado constantemente.
Se accedía por una escalera y en el último rellano del lado de la puerta de entrada se encontraba un guardia armado con una mesa y un libro donde anotaba todos los movimientos y comandaba la apertura de la puerta.
Los baños estaban ubicados entre la “Capucha” y el “Pañol” que ocupaba la mitad norte del altillo. En ese lugar se encontraban también tres habitaciones, una de ellas destinada a las prisioneras embarazadas.
“El pañol”: Era el depósito del producto del saqueo de las viviendas de los secuestrados. Se encontraba allí, hasta fines de 1977, una cantidad impresionante de mobiliario, utensilios, ropa, etc. En una parte de lo que fue el “Pañol”, el ala más norte del altillo, fue construida a fines del año 1977 lo que se denominó “La Pecera”.

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“La Pecera”: Era una serie de pequeñas oficinas, unidas por un pasillo central al que se accedía por una puerta controlada por un guardia munido de un registro de entradas y salidas. Allí permanecían una parte del día algunos prisioneros. Trasladaron desde el sótano el archivo de prensa y la biblioteca.
Un circuito cerrado de televisión permitía, desde las oficinas de la planta baja, tener bajo control todos los movimientos. Desde el altillo se podía acceder a una escalera situada enfrente de la puerta de entrada, a un segundo altillo llamado “Capuchita”.
“Capuchita”: Era un lugar donde originariamente estaba el tanque de agua que abastecía todo el piso del Casino de Oficiales. Allí había dos salas de tortura y un espacio donde se mantenía a los prisioneros de la misma forma que en “Capucha”. Constaba de unos 15 a 20 tabiques que separaban a los secuestrados entre sí. Las condiciones de vida eran peores que en Capucha.
Este lugar fue utilizado por los miembros del Servicio de Inteligencia Naval para torturar y mantener a sus secuestrados separados de los de la ESMA.
“Capuchita” se prestaba a la Fuerza Aérea, al Ejército y al SIN (Servicio de Inteligencia Naval) para llevar sus detenidos allí. El piso era de color rojo y tenía ventiluces siempre cerrados.
En 1977 se habilitaron dos cuartos para interrogatorios. También fue usado por el Grupo de Trabajo como anexo, cuando la Capucha se encontraba abarrotada.

Otros Centros Clandestinos de Detención descriptos por el Nunca más en esta primera parte son:
“El Banco” (LRD); “Logístico 10” (LRD), “Base Naval Mar del Plata” (LRD), “Base Aérea Mar del Plata”, “Brigada de Investigaciones de San Justo” (LRD), “Brigada de Investigaciones de Las Flores” (LRD), “Brigada de Investigaciones de Resistencia” - Chaco (LRD), 

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CCD en la VII Brigada Aérea de Morón (LRD), “Pozo de Banfield” (LRD), "Brigada de San Nicolás” (LRD), “Pozo de Quilmes” o “Chupadero Malvinas” (LRD), “Club Atlético” (LRD), “Casa del Cilindro” (LRD), “La Cacha” (LRD), “La Casona” (LRD), “El Reformatorio” - Tucumán (LRD), “Fábrica de Armas de Rosario” (LRD), “COT I Martínez” (Centro de Operaciones Tácticas) (LRD), “Compañía de Comunicaciones de Montaña” (LRD), “Comisaría V de La Plata” (LRD), “El Motel” (LRD), “El Embudo” (LRD), “Escuelita” - Bahía Blanca (LRD), Fábrica Militar de Armas “Domingo Matheu” (LRD), “Escuelita de Famaillá” (LRD), “Los Conventillos de Fronterita” - Ingenio Fronterita, “Guardia de Seguridad de Infantería” (LRD), “GADA E 101” - Ciudadela (LRD), “Ingenio Nueva Baviera” (LRD), “Ex Ingenio Lules” (LRD), “Monte Pelone” (LRD), “Comisaría IV” - Mar del Plata (LRD), “Automotores Orletti” (LRD), “Delegación Regional de la Policía Federal de Azul” (LT), “Planta Transmisora Los Plátanos” (LRD), “Puesto Vasco” (LRD), “Destacamento Batán” - Mar del Plata, “Comisaría Trenque Lauquen” (LRD), “La Ribera” (LRD), “Sheraton” (LRD), “Superintendencia de Seguridad Federal” (LRD),“Departamento 2 de Inteligencia” (Policía de Mendoza) (LRD), “Campo de Mayo” (LRD), “Jefatura Central de Policía” - Tucumán (LRD), “Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga” (LRD), “Vesubio” (LRD), “Comisaría N° 3 de Morón” (LRD), “Dique San Roque” (LRD), “Hospital Posadas” (LRD), “La Huerta” - Tandil, “Hospital Militar de Campo de Mayo”, “Comando Radioeléctrico” (LT), “La Escuelita” - Neuquén (LRD), “Regimiento N° 29 de Infantería de Monte” (Formosa) (LRD), “Batallón 121” - provincia de Santa Fe (LRD), “Quinta de Seré” (LRD), “Brigada N° 2 de Investigaciones de Lanús” (LRD), “Guerrero” - provincia de Jujuy (LRD), “Escuela de Educación Física de la Universidad de Tucumán” (LRD),“El Refugio” - provincia de Mendoza (LRD), “El Chalecito” - provincia de Mendoza (LRD), “Hípico” - Goya - provincia de Corrientes (LRD), “Destacamento Policial de la Capilla de San Antonio” (LT).

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Centros Clandestinos de Detención dependientes de la Fuerza Aérea Numerosas denuncias registradas en la Comisión señalan la existencia de varios centros clandestinos de detención dependientes de la Fuerza Aérea, localizados en la zona oeste del conurbano bonaerense.
Alicia Carriquiriborde y Graciela Dellatorre (Legajo N° 4535) aportan datos sobre las conexiones de la represión dentro de ese circuito, así como también sobre las rivalidades entre los diversos Grupos de Tareas:

“La madrugada del 19 de mayo de 1976 fui sacada de mi casa en La Plata. Me llevaron a un lugar donde me desnudaron y me torturaron con picana eléctrica. Después supe que se trataba del campo clandestino ‘El Vesubio’. Uno de los guardianes me dijo que nos había llevado allí la Aeronáutica, que yo ‘era de ellos’ pero que a otros compañeros ‘los atendía el Ejército y la Marina, según la organización a que los vincularan’. En julio nos retiraron de allí a Graciela Dellatorre y a Analía Magliaro, secuestradas juntas el mismo día y a mí. Me dejaron en la Comisaría 28 de la calle Caseros, donde permanecí hasta que me sacaron a la superficie, que fue el Penal de Devoto. Allí reencontré a Graciela Dellatorre; al poco tiempo ambas nos enteramos que a Analía Magliaro la habían matado en un ‘enfrentamiento’”.

“Quinta Seré”
Está ubicada en la localidad bonaerense de Castelar. Se trataba de una antigua construcción, viejo casco de la estancia de la familia Seré. Funcionó como un centro clandestino dependiente de la VII Brigada Aérea de Morón y de la Base Aérea de Palomar. 

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Un testimonio importante para la identificación de este CCD es el del padre de Guillermo Fernández, acerca de la detención de su hijo y la posterior evasión (Legajo N° 950).

“Guillermo fue detenido el 21 de octubre de 1977 en nuestro domicilio. Se presentó un grupo de 17 personas de civil, fuertemente armadas, diciendo que eran de la Policía y que estaban efectuando un rastrillaje. Le pidieron a Guillermo que los acompañara en averiguación de antecedentes. Lo esposaron en la espalda y se lo llevaron. A mi esposa le dijeron que revisara todo para ver si faltaba algo, porque si después hacíamos alguna denuncia iban a volver a dinamitarnos la casa. A mí me pidieron que los acompañara hasta mi oficina en la localidad de Morón. En el camino le pregunté al que parecía el jefe, por qué detenían a mi hijo. Me respondió que se encontraba comprometido por su actuación en el colegio secundario Mariano Moreno de la Capital Federal. Al llegar a la oficina encontré que la puerta de entrada había sido derribada y que en el interior se encontraban varias personas armadas. Allí me hicieron firmar una constancia de que se habían realizado procedimientos en mi casa y en mi oficina y que no había faltado nada después. Al día siguiente presenté recurso de hábeas corpus por mi hijo, con resultados negativos. En una oportunidad, mi esposa y mi otro hijo pudieron ver en la Base El Palomar a algunas personas que habían participado en el operativo del secuestro. La suerte quiso que en 1978 mi hijo pudiera escapar de la casona ‘Quinta Seré’ donde estuvo secuestrado, junto con otros detenidos. Guillermo se pudo escapar un día de lluvia. Desnudos y esposados se deslizaron desde el primer piso utilizando ropas anudadas. 

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A partir de entonces iniciamos un largo y triste peregrinaje hasta que logramos sacarlo del país. Por las comunicaciones telefónicas escuchadas en el campo de detención mi hijo supo que denominaban a ese lugar con el nombre de Atila”.

Además, el Nunca más describe los siguientes Centros Clandestinos de Detención:
Brigada Aérea de Morón, Hospital Posadas, Superintendencia de Seguridad Federal, Campo Clandestino de Detención “El Atlético” o “el club” o “el club atlético”, El Banco, El Olimpo.

Circuito Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires 
Dependiendo de la Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires, bajo el mando del entonces coronel Ramón Camps, y de la Dirección General de Investigaciones a cargo de Miguel Etchecolatz, operó un Circuito de Campos Clandestinos de Detención, dentro del Área 113.
El circuito comprendía funcionalmente los siguientes campos, ubicados en un radio geográfico relativamente extenso:

COT I Martínez: Avda. Libertador N° 14.237/43, de Martínez.
Pozo de Quilmes: Allison Bell esquina Garibaldi, de Quilmes. 
Pozo de Banfield: Vernet esquina Siciliano, de Banfield.
Puesto Vasco: Don Bosco, Partido de Quilmes.
Arana: calle 137, esquina calle 640, de La Plata.
La Cacha: antigua antena de Radio Provincia. 
Comisaría 5ta.: calle 24, esquina calle 63, de La Plata.
Brigada de Investigaciones de La Plata: calle 55 N° 930.

No se trataba, sin embargo, de un sistema enteramente cerrado, y los mismos centros, en caso necesario, resultaban estar vinculados también por razones operativas con otros dependientes del CRI (Central de Reunión de Inteligencia), correspondiente al Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, como el caso de algunas comisarías de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

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El COT I Martínez revistió dentro del circuito algunas características propias, funciones especiales, tales como albergar entre sus detenidos a numerosas personalidades de pública actuación, como los periodistas Rafael Perrotta y Jacobo Timerman, y a dirigentes políticos y a ex funcionarios de jerarquía durante el gobierno constitucional depuesto el 24 de marzo de 1976: tales los casos de Ramón Miralles, Juan Gramano, Juan Ramón Nazar, Alberto Líberman, Héctor Ballent, etc.
Otra de las características peculiares de este Centro fue la de no ocultar al barrio las actividades que allí se desarrollaban, actitud cuya conjetural intención última era sembrar el terror en el vecindario.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un amplio espacio con una gran cantidad de camas triples superpuestas, alineadas una a al lado de la otra, tanto a la izquierda como a la derecha de la habitación. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Centro Clandestino de Detención La Perla (Córdoba). Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota. 

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En ocasión del procedimiento de verificación in situ realizado por la Conadep el 20 de enero de 1984, con la presencia de dos ex detenidos, un vecino de la zona manifestó:

“Vivo aquí con mi familia desde el año 1973. Al llegar nosotros, ese inmueble colindante estaba desocupado. A fines del 76 empezaron a hacer modificaciones. Elevaron allí una gigantesca pared medianera y pusieron un alambre de púas, colocando rejas en las ventanas. Se escuchaba permanentemente el ir y venir de personas. De noche, los focos de la torre iluminaban por todos lados. Se escuchaban disparos de la mañana a la noche, como si practicaran tiro o probaran armas. También se oían gritos desgarradores, lo que hacía suponen que eran sometidas a torturas las personas que allí estaban. A menudo sacaban de allí cajones o féretros. Inclusive restos mutilados en bolsas de polietileno. Vivíamos en constante tensión, como si también nosotros fuéramos prisioneros; sin poder recibir a nadie, tal era el terror que nos embargaba, y sin poder conciliar el sueño durante noches enteras”.

En cuanto a los detenidos, algunos de los cuales fueron objeto de extorsiones, eran frecuentemente trasladados de uno a otro Centro, tal como surge de numerosos testimonios de personas que, hoy liberadas, declaran haber recorrido varios Centros Clandestinos de Detención del mismo circuito.

“Luego de detenerme en mi domicilio de la Capital Federal, me llevaron a la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires donde me interrogaron Camps y Etchecolatz; de allí me trasladaron a Campo de Mayo, donde me hicieron firmar una declaración. 

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Luego me depositaron en Puesto Vasco, donde fui torturado, para pasar nuevamente al Departamento Central de Policía, donde después de veinticinco días pude tener contacto con mi familia. De allí me llevan al COT I Martínez para ser nuevamente torturado, luego otra vez al Departamento Central de la Policía Federal y por último me legalizan definitivamente en el Penal de Magdalena” (Jacobo Timerman - Legajo N° 4635).
Tanto el ex Jefe de Policía de la Provincia Ramón J. Camps cuanto el comisario general Miguel Etchecolatz son mencionados por los testigos.
Dentro del mismo circuito funcionaron dos centros con una característica especial: estaban asignados no solo a acciones represivas dentro del esquema del I Cuerpo de Ejército, sino también a otras dirigidas contra ciudadanos uruguayos residentes en la Argentina, a partir de un convenio de coordinación represiva establecido entre los que parecen ser grupos operativos de ambos países. Participaban de esas acciones -tanto en el plano de la conducción como en del aprovechamiento del “botín de guerra”- funcionarios de OCOA (Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas del Uruguay), muchos de cuyos oficiales ya habían actuado con sus pares de la Policía Federal Argentina en el Centro Clandestino “Orletti”, y aparecen mencionados por detenidos de los “pozos” de Quilmes y Banfield.
El reconocimiento del “Pozo de Quilmes”, actualmente ocupado en parte por la Brigada Femenina de la Policía provincial, fue realizado por la Conadep el 18 de mayo de 1984, junto con una decena de testigos, quienes ubicaron con precisión los sitios donde habían estado detenidos, tanto más cuanto que algunos guardias les permitían bajarse las vendas de los ojos.
La Sra. María Kubik de Marcoff señaló el lugar donde había visto por última vez a su hija, quien en ese momento había alcanzado a susurrarle: “Me dijeron que si no hablaba, te llevarían a vos y al abuelo”.

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El 18 de abril de 1984, la Comisión efectuó una inspección en la actual Brigada de Homicidios de Banfield, verificando que allí funcionó el antiguo Centro Clandestino llamado “Pozo de Banfield”.
Una de las funciones del “Pozo de Banfield” fue la de albergar a detenidas durante los últimos meses de embarazo, disponiéndose luego de los recién nacidos, que eran separados de sus madres.
El circuito del área 113 se completó con el “Pozo de Arana”. Durante el reconocimiento efectuado por la Comisión el 24 de febrero de 1984, los testigos ubicaron perfectamente tanto el entorno físico, en las cercanías de las vías del ferrocarril, como cada uno de los detalles del edificio, actualmente ocupado por el Destacamento Policial de Arana, dependiente de la Comisaría 5ta de La Plata.
Por la ubicación del centro en un paraje descampado, el mismo parece haber sido utilizado en forma habitual para ejecuciones. Hay testimonios que señalan el ruido frecuente de disparos, y un liberado que tuvo ocasión de recorrer el lugar señaló la presencia de impactos de bala en algunas paredes.
Es precisamente a partir de testimonios ofrecidos por dos ex agentes de Policía de la Provincia de Buenos Aires que puede reconstruirse el procedimiento que empleaban para hacer desaparecer los restos de los detenidos que eran asesinados en el propio campo:

“Se los enterraba en una fosa existente en los fondos del destacamento, siempre de noche. Allí se colocaban los cuerpos para ser quemados, disimulando el olor característico de la quema de carne humana, incinerando simultáneamente neumáticos [...]” (Legajo N° 1028).

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Por su parte, Juan Carlos Urquiza, quien se desempeñaba como chofer del comisario Verdún, manifestó ante la Comisión que, si bien no puede considerarse al Pozo de Arana específicamente como campo de “liquidación final”, él tiene elementos para asegurar -merced al conocimiento que del manejo del campo le proporcionaba su posición al servicio de uno de los responsables del circuito- que allí se realizaban frecuentes ejecuciones, más allá de las muertes ocurridas durante las sesiones de tortura: “A la fosa que había la llamaban ‘capacha’ y en otros campos pude ver otras similares. Eran pozos rectangulares de dos metros de largo por sesenta centímetros de profundidad. Allí ponían los cuerpos, los rociaban con gasoil y los quemaban” (Legajo N° 719).

El Vesubio
Este centro clandestino estaba ubicado en La Tablada, provincia de Buenos Aires, cerca de la intersección del Camino de Cintura con la autopista Ricchieri, en un predio del Servicio Penitenciario Federal. Se componía de tres construcciones, una de ellas con sótano, y una pileta de natación aledaña. Su nombre clave para las fuerzas que operaban allí fue “Empresa El Vesubio”; el “grupo de tareas” estaba provisto de credenciales que certificaban su pertenencia a dicha “empresa”. Su existencia como centro de detención ilegal podría remontarse al año 1975, aunque entonces era denominado “La Ponderosa”. En 1976 habría funcionado bajo la jurisdicción del I Cuerpo de Ejército, cuyo jefe era el general Guillermo Suárez Mason, con dependencia directa de la Central de Reunión de Inteligencia (CRI) que funcionaba en el hospital del Regimiento 3 de La Tablada, cuyo jefe era el entonces coronel Federico Minicucci.
Los edificios donde funcionaron la “enfermería”, la “jefatura”, las “cuchas” y el “quirófano” (con su inscripción “si lo sabe cante, si no aguante”) no existen más. Fueron demolidos ante la inminente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Sin embargo, el juez Dr. Ruiz Paz, y este año la Conadep, acompañados por testigos, encontraron entre los escombros las características baldosas descriptas por los ex cautivos, también restos de las “cuchetas” de hormigón y pudieron determinar sobre el terreno el emplazamiento de cada dependencia descripta (Legajo N° 3048).

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Campo de Mayo
A partir de testimonios y denuncias que eran concordantes en cuanto a descripción de lugares, ruidos característicos y planos que se fueron confeccionando del lugar, se realizaron dos procedimientos en la guarnición a través de los cuales pudieron constatarse dos lugares, que fueron reconocidos por los testigos: uno ubicado en la Plaza de Tiro, próximo al campo de paracaidismo y al aeródromo militar, y el otro perteneciente a Inteligencia, ubicado sobre la ruta 8, frente a la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral.
El primero fue el que albergó a mayor número de detenidos- desaparecidos y era conocido como el “Campito” o “Los Tordos”.
Los planos que se habían ido confeccionando con los datos de los liberados coincidían con la carta topográfica del lugar correspondiente al año 1975, que se obtuvo en el Instituto Geográfico Militar.
Cuando los detenidos llegaban al “Campito” eran despojados de todos sus efectos personales y se les asignaba un número como única identidad; allí dentro pasaban a perder toda condición humana y estarían de ahí en más DESAPARECIDOS para el mundo.
Después se los tiraba en alguno de los galpones donde permanecían encadenados, encapuchados y con prohibición de hablar y de moverse, solo eran sacados para llevarlos a la sala de tortura, sita en uno de los edificios de material.
Beatriz Castiglione de Covarrubias, que fue detenida junto con su esposo y estaba embarazada de 8 meses, refiere:

“A mi esposo lo llevaron a un galpón grande. A mí me llevaron primero a un galpón chico donde había otra gente y luego a una habitación de otro edificio. 

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Ahí también había más detenidos. Cuando me interrogaban me amenazaban diciéndome que tenían todo el tiempo por delante y que luego de tener el chico ‘me iban a reventar’. El 3 de mayo de 1977 nos comunicaron que nos iban a liberar. Nos pidieron disculpas porque se habían equivocado. En el viaje nos dijeron que si contábamos algo de lo que había pasado nos buscarían de vuelta y ‘nos reventarían’ luego de lo cual nos dejaron en la zona de Tigre”.

El CCD estaba prácticamente dirigido por los “interrogadores”, quienes eran los que tenían a su cargo las decisiones sobre tortura, liberación o traslado.
La custodia la cubría personal de Gendarmería Nacional y el lugar estaba bajo dependencia del Comando de Institutos Militares.
Este CCD había sido acondicionado para el mes de marzo de 1976 y, según declara ante la Conadep un miembro del GT2 (Rodríguez, Oscar Edgardo - Legajo N° 7171), se le encomendó la resolución de los problemas logísticos de instalación del campo a pedido del jefe de Inteligencia de Institutos Militares, coronel Ezequiel Verplaetsen, para asegurar una puesta en funcionamiento rápida y eficaz del CCD.
Los detenidos que allí estuvieron cautivos, luego de un tiempo, eran trasladados hacia un destino desconocido, siendo cargados en camiones, los que en general se dirigían hacia una de las cabeceras de las pistas de aviación próximas al lugar.

“Los traslados no se realizaban en días fijos y la angustia adquiría grados desconocidos para la mayoría de los detenidos. Se daba una rara mezcla de miedo y alivio ya que se temía y a la vez se deseaba el traslado ya que si por un lado significaba la muerte seguramente, por el otro el fin de la tortura y la angustia. 

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Se sentía alivio por saber que todo eso se terminaba y miedo a la muerte, pero no era el miedo a cualquier muerte -ya que la mayoría la hubiera enfrentado con dignidad- sino esa muerte que era como morir sin desaparecer, o desaparecer sin morir. Una muerte en la que el que iba a morir no tenía ninguna participación: era como morir sin luchar, como morir estando muerto o como no morir nunca” (Legajo N° 2819).

El otro lugar dentro de esta guarnición que sirvió como lugar de interrogatorio y de detención clandestino es el perteneciente a Inteligencia, conocido como “La Casita” o “Las Casitas”, también fue reconocido por esta Comisión con testigos. También hay denuncias que ubican otro CCD en la prisión militar existente en Campo de Mayo.

El Nunca más también describe estos CCD:
Sheraton (o Embudo), Centros Clandestinos de Detención de Las Flores, Monte Pelone (Olavarría), Centros Clandestinos de Detención en Mar del Plata.

Jurisdicción del II Cuerpo de Ejército Chaco 
Dependiente de la VII Brigada de Infantería con asiento en la ciudad de Corrientes, las operaciones represivas se coordinaron a través de la Brigada de Investigaciones de Resistencia, donde, según denuncias recibidas, ya se habrían verificado casos de secuestros y torturas durante el año 1975. Cuando este método se institucionalizó, se organizó un circuito de lugares para ser utilizados como centros ilegales de detención y de tortura.

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“Fui detenida en un operativo el 29 de abril de 1976 junto a mi hijo de 8 meses de edad en la ciudad de Resistencia. El personal que intervino era de la Brigada de Investigaciones del Chaco. Inmediatamente me trasladaron a dicha Brigada, que se encuentra ubicada a escasos metros de la Casa de Gobierno. En ese lugar me desnudaron y me sometieron a torturas consistentes en ‘picana' y golpes por espacio de 48 horas, en presencia de mi hijo. Asimismo fui violada y golpeada en la planta de los pies con un martillo por espacio de tres horas. Al sexto día me llevaron a los calabozos de recuperación, donde fui visitada, interrogada y amenazada de muerte por el coronel Larrateguy -jefe del Regimiento del Chaco-. En ese lugar permanecí detenida junto a varios fusilados el 13 de diciembre en Margarita Belén. Luego me llevaron a la Alcaldía. Varias veces más se repitieron estos traslados, con torturas y amenazas.
El 23 de abril de 1977, en San Miguel de Tucumán, fueron secuestrados por personal uniformado y de civil mi suegra N. D. V., de 62 años y mi hijo de un año y ocho meses. Mi niño fue entregado en la Sede Central de la Policía provincial a las 48 horas. Mi suegra permanece aún desaparecida. Me sometieron a Consejo de Guerra y la condena que me aplicaron -24 años y 11 meses de reclusión- fue dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia el 5 de diciembre de 1983 (5 días antes de asumir las autoridades democráticas)”. (G. de V. - Legajo N° 3102).

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Formosa
Los CCD que funcionaron en la provincia de Formosa fueron el RIM 29 (Regimiento de Infantería de Monte N° 29), con asiento en Formosa y la “Escuelita” de San Antonio, instalada en la División de Cuatrerismo de la Policía provincial. Su jefatura, instalada en el mencionado Regimiento, dependía de la VII Brigada de Infantería de Corrientes, al mando del general Cristino Nicolaides, durante el año inicial del Proceso.

Misiones
Los CCD de Misiones registrados en la Comisión Nacional son: el Escuadrón 8 “Alto Uruguay” de Gendarmería Nacional, la “Casita” cercana al Rowing Club de Posadas, el Servicio de Informaciones de la Policía provincial, la Comisaría 1a y la Delegación de la Policía Federal. Algunas de estas reparticiones solo se utilizaron como lugares transitorios para detenidos clandestinos.
Los centros de Misiones estaban íntimamente conectados con otros, instalados en las provincias vecinas, y sobre todo con la Brigada de Investigaciones del Chaco, todos bajo jurisdicción del II Cuerpo de Ejército, con asiento en Rosario. Si bien no fueron grandes campos a la manera de otros instalados en zonas más densamente pobladas de nuestro país, se identifican con ellos por la crueldad de los métodos empleados, ya que la tortura indiscriminada fue el denominador común.

Santa Fe
A partir de las denuncias registradas en la Comisión, se ha podido establecer la existencia de cuatro CCD que funcionaron como circuito dentro de la represión clandestina. Todos ellos -bajo la jurisdicción del II Cuerpo de Ejército- corresponden al Área de Seguridad 212, cuyo jefe era en 1976 el coronel Rolón, mientras que el coronel José María González del Grupo de Artillería 121 se desempeñó durante ese año y el siguiente como jefe de Policía de la provincia de Santa Fe. 

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Y era precisamente la Brigada de Investigaciones, sita en Obispo Gelabert y San Martín, el lugar de recepción de detenidos, tanto de la capital como de zonas aledañas. Luego de un corto proceso de “ablandamiento”, eran conducidos a la Comisaría 4a, el Centro de Reunión de Información (CRI) del área. Cuando el número de detenidos así lo requería, algunos eran derivados a un local de la UDA (Unión de Docentes Argentinos), que no era ocupado por el gremio, y se convirtió en una especie de “aguantadero” para detenidos clandestinos. El final del circuito era la Guardia de Infantería Reforzada, desde donde generalmente eran legalizados y remitidos a una cárcel legal, o bien liberados.
Y cabe señalar que el rasgo particular de esta área es, sin duda, la proporción importante de personas que reaparecieron de una u otra forma, después de padecer todo tipo de penurias en el circuito clandestino. El resto de la metodología, incluyendo el robo y saqueo, no ofrece diferencias con las denuncias registradas en otras zonas del país.
La Sra. Mónica Martínez (Legajo N° 7509) es secuestrada en Reconquista (Santa Fe) el 19 de octubre de 1976. A las 12 horas de su secuestro es trasladada a la ciudad de Santa Fe, a las dependencias policiales ubicadas en Obispo Gelabert y San Martín. Es golpeada y torturada con picana durante varios días. A fines de noviembre es conducida “a una casa desocupada, junto con otras cinco personas, ubicada en la calle San Martín frente al Convento de San Francisco. En las paredes pudo ver afiches pertenecientes a UDA”. Allí permanece 10 días, para ser luego trasladada a la Comisaría 4a, donde permanece dos meses. El 1° de febrero de 1977 es llevada a la Guardia de Infantería Reforzada, quedando allí hasta el 2 de mayo de 1977 en que es legalizada y conducida a Devoto.

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Otros Centros Clandestinos de Detención descriptos por el Nunca más son:
Brigada de Investigaciones, Guardia de Infantería Reforzada, Comisaría Cuarta, Batallón Comunicaciones 121 (Goya).

Rosario
Esta parte importante del país se encontró sujeta al accionar del II Cuerpo de Ejército, cuya comandancia tiene asiento en Rosario, y en la cual se sucedieron los generales Genaro Díaz Bessone, Leopoldo Fortunato Galtieri y Arturo Jáuregui durante los años de la represión.
En el área de referencia, el número de desapariciones fue menor en comparación con otras zonas del país, pero con la misma cuota de ilegalidad de las detenciones, torturas y ensañamiento, que muchas veces culminó en asesinatos.
Las características de funcionamiento de los grupos operativos en el sur de la provincia de Santa Fe variaron según las zonas. Villa Constitución muestra algunas particularidades trágicas, ya que en esa localidad el terror se sembró sobre el conjunto de la población. La represión en esta populosa zona fabril comenzó antes del 24 de marzo de 1976, con el accionar de las “3 A” y otras bandas parapoliciales:

“Vivía con mi padre, mi madre y dos hermanos. El grupo que irrumpió en mi casa vestía de civil, nos sacaron de la pieza y el jefe nos pasó un papel para que señaláramos si conocíamos a algunas personas. Había tres nombres, los de Andino, Ruescas y Tonso... Mi padre se llamaba Pedro Antonio Reche y trabajaba en Acindar. Se lo llevaron y a la mañana un hombre encontró su cadáver y los de Tonso y Andino en el camino ‘La Blanqueada’”. (Testimonio de Rubén Pedro Reche).

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El testimoniante adjunta una revista, donde reconoce al jefe del operativo: Aníbal Gordon (Gente, 12 de febrero de 1984). Los trabajadores de Acindar fueron objeto de constantes represalias, y de los diversos testimonios recogidos surge la participación combinada de organismos de seguridad con un grupo no gubernamental denominado “Los Pumas”.
Al respecto, vale la descripción formulada en el testimonio del comisario inspector Carlos Roberto Rampoldi, quien se desempeñara como jefe del Servicio de Informaciones de Villa Constitución:

“... en ese momento el grupo de Los Pumas estaba ya acantonado en la fábrica Acindar, cumpliendo tareas. Este grupo tenía su lugar de asentamiento cerca de Vera y en ese momento había en Villa una Fuerza de Tarea conformada por unos 40 hombres... estaban un mes y los renovaban por otro contingente; estaban dirigidos por personal de baja categoría... con respecto al caso de Jorge Sklate... en esa época estaban Los Pumas y la Fuerza de Tareas. Yo les pido verbalmente noticias pero decían que no sabían, que iban a averiguar”.

A partir de 1976, los detenidos comienzan a ser conducidos a dependencias del Ejército. Los secuestrados en las localidades próximas a Rosario en gran parte confluían al CCD del Servicio de Informaciones de la Jefatura de Policía provincial, que centralizaba el accionar represivo. Por allí pasaron cientos de secuestrados. Dicho centro estaba dirigido por el jefe de policía, comandante de Gendarmería Agustín Feced, quien, a tenor de los testimonios recibidos, secuestraba y torturaba en forma personal.

“Feced me expresó que iban a trasladar a mi hija a Jefatura y que me la entregarían. Me dijo que me entretuviera mirando las fotos de unos álbumes de gran tamaño. 

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No pude ver más de dos páginas. Eran fotos en colores de cuerpos destrozados de ambos sexos, bañados en sangre. Feced me expresó que lo que estaba viendo era solo una muestra, que él era el hombre clave que iba a barrer con la subversión” (Testimonio de Teresa Ángela Gatti, en autos caratulados “Agustín Feced y otros”).

Relata el agente de policía Héctor Julio Roldán:

“Por orden del comandante fueron sacados a la vía pública. Los hicieron sentar dentro del auto, que era un Fiat 128 celeste, y el comandante Feced desde otro auto les disparó a quemarropa con una metralleta”.
En otras oportunidades, en lugar del traslado al Servicio de Informaciones, se destinaban los secuestrados a algunos de los tantos campos de detención de no menor envergadura que existieron en esa zona. Entre ellos podemos citar la Fábrica Militar de Armas Portátiles, ubicada en la avenida Ovidio Lagos al 5200 de la ciudad de Rosario.

“Hacia fines de junio viene al lugar Galtieri. Ese día nos dieron mate cocido con azúcar y nos hicieron bañar. El comandante entrevistó a cada uno personalmente. A mí me preguntó si sabía quién era él; me dijo que era la única persona que podía decidir sobre mi vida” (Testimonio de Adriana Arce).

También el Nunca más describe el CCD ubicado en la Fábrica Militar de Armas Portátiles Domingo Matheu.

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Córdoba
En la provincia de Córdoba los de principal actividad ilegal fueron los denominados: “La Ribera”, “La Perla”, “La Perla Chica”, “Hidráulica” y la División de Informaciones de la Policía provincial. Conectados con estos centros funcionaron la Comisaría de Unquillo, la Subcomisaría de Salsipuedes y el Destacamento Caminero de la localidad de Pilar. Constituyeron un verdadero sistema que se completaba con la Unidad Penitenciaria N° 1 de Córdoba, destinada a albergar en condiciones infrahumanas a detenidos legalizados que -después de pasar por algunos de los campos- eran sometidos a Tribunales Militares o puestos a disposición del PEN. La custodia de los campos bajo dependencia militar y de la UP 1 estuvo a cargo de Gendarmería Nacional, a través del Destacamento Móvil N° 3 con asiento en la ciudad de Jesús María.

La Perla
Fue el CCD más importante de Córdoba, ubicado sobre la ruta nacional N° 20 que lleva a Carlos Paz, donde funciona actualmente el Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada N° 4.
Por su volumen, naturaleza y capacidad operativa es solamente comparable con Campo de Mayo o la ESMA. Fue incorporado a la red de CCD a partir del golpe militar.
Se estima que por este campo han pasado más de 2.200 personas entre esa fecha y fines de 1979.
Desde La Perla se coordinó la actividad represiva ilegal en todo el territorio de la provincia. Desapariciones ocurridas a centenares de kilómetros fueron planificadas y ordenadas desde allí; también se manejaban las conexiones con los centros clandestinos del resto del país.

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Esta Comisión realizó constataciones en La Perla, con la participación de testigos que reconocieron todos y cada uno de los lugares donde vivieron días de horror.
El gendarme Beltrán también cumplió funciones de guardia en La Perla, las cuales tenían las mismas características que en La Ribera:

“En La Perla cubríamos puestos externos en las garitas de vigilancia e internos en el edificio. Los gendarmes éramos los encargados de llevar a los detenidos a una sala donde había un cartel que decía: ‘Sala de terapia intensiva - No se admiten enfermos’. Allí presencié la tortura a detenidos. Recuerdo haber visto en tres oportunidades al comandante del III Cuerpo. Una fue para alguna fecha patria, y las otras dos fueron inspecciones de la sala de interrogatorios, de la cuadra de detenidos y de una habitación donde se guardaban los elementos sustraídos en los allanamientos y secuestros” (Gendarme Carlos Beltrán - Legajo 4213).

Además de constituir un centro de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, La Perla fue un campo donde se practicaron ejecuciones sumarias, dentro de una política de exterminio.
Como anexo de este campo, funcionó otro CCD situado en los terrenos colindantes, que recibió el nombre de Perla Chica o “Malagueño”. De dimensiones mucho más reducidas que el anterior, este CCD fue reconocido en los procedimientos realizados por esta Comisión.

Asimismo, el Nunca más describe los siguientes CCD:
División de Informaciones de la Policía Provincial (D2), La Ribera, Casa de la Dirección General de Hidráulica de Dique San Roque, Unidad Penitenciaria N° 1.

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Mendoza
En ocasión de las dos visitas de la Conadep a Mendoza, más de medio centenar de personas que estuvieron detenidas-desaparecidas durante espacios de tiempo más o menos prolongados concurrieron a la Cámara de Diputados de la provincia donde esta Comisión se había constituido, brindando el testimonio de los hechos vividos por ellos durante su cautiverio. Además, se recibieron 150 denuncias de otras tantas desapariciones.
La falta de testimonios que aporten datos sobre estas últimas nos hace pensar en las siguientes hipótesis:
1. Que algunos desaparecidos hayan sido llevados a otra área del III Cuerpo.
2. Que las fuerzas que operaron hubieran procedido a la eliminación rápida de muchos detenidos, haciendo desaparecer sus cuerpos en alguno de los múltiples lugares que ofrece la geografía de la provincia.

El Nunca más describe los siguientes CCD:
Liceo Militar General Espejo, VIII Brigada de Infantería de Montaña, Campo Los Andes, Palacio Policial (D-2), La Penitenciaría.

Tucumán
A la provincia de Tucumán le cupo el siniestro privilegio de haber inaugurado la “institución” Centro Clandestino de Detención como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montado en la Argentina.
La “Escuelita” de Famaillá fue el primero de estos lugares de tormento y exterminio, cuyo funcionamiento pudo constatar la Conadep. Se trataba de una pequeña escuela de campaña, que en 1975 se encontraba en construcción. 

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Tenía capacidad para treinta o cuarenta prisioneros. Uno de los testimonios recogidos (Legajo N° 4636) consigna que:

“La picana eléctrica consistía en un teléfono de campaña a pilas, que al dar vuelta a su manija generaba corriente eléctrica. Según la velocidad con que era girada, aumentaba o disminuía el voltaje producido por la fuente”.

La precariedad de sus instalaciones demuestra -por contraste con la dimensión que luego llegaron a tener estos centros de detención- que en 1975 había comenzado a desarrollarse en forma embrionaria la modalidad clandestina de la metodología represiva. El rápido crecimiento de las estructuras operativas encarado a partir de entonces tuvo por objeto mejorar la eficiencia de los métodos utilizados, poniendo a su servicio todos los recursos del aparato estatal. En Tucumán, a partir de la experiencia de “La Escuelita” de Famaillá, se establecieron por lo menos otros diez CCD: la Jefatura Central de Policía, el Comando Radioeléctrico, el Cuartel de Bomberos y la Escuela de Educación Física, todos ellos ubicados en la capital de la provincia. La Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, El Reformatorio y El Motel en las proximidades de la misma. Nueva Baviera, Lules y Fronterita en diversas localidades del interior.
Es decir que, tal como ocurrió en otras zonas del país, los Centros fueron pasando de pequeñas casas o sótanos muy bien disimulados a grandes instalaciones -en algunos casos unidades militares acondicionadas al efecto-, provistas de todos los elementos que las asemejan a las versiones conocidas de la Alemania Nazi: doble alambrada de púas, guardias con perros, helipuertos, torres de vigilancia, etc. Un ejemplo de este tipo de Centro fue precisamente el instalado en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”.

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No obstante, no son estos los casos más comunes ya que, en Tucumán, el Ejército se encontraba en “zona de operaciones” contra la guerrilla, existiendo especial cuidado en evitar la vinculación fáctica entre los grupos clandestinos que actuaban en los CCD y la cara oficial de las Fuerzas Armadas.
Los detenidos que pasaron por estos sitios lo hicieron en su mayoría por cortos períodos para luego ser trasladados. Existe la seria presunción de que, en muchos casos, el traslado culminaba con el asesinato de los prisioneros.
“Los presos eran traídos a la ‘Escuelita’ en coches particulares ya sea dentro del baúl, en el asiento trasero o recostados sobre el piso. De la misma forma eran sacados, y por lo poco que se sabía, cuando ello ocurría, la mayoría iban a ser ejecutados. Si algún detenido moría, se esperaba la llegada de la noche y luego de envolverlo en una manta del Ejército se lo introducía en uno de los coches particulares que partía con rumbo desconocido” (Del testimonio del ex gendarme Antonio Cruz - Legajo N° 4636).

“A los condenados a muerte se les ponía una cinta roja en el cuello. Todas las noches un camión recogía a los sentenciados para trasladarlos al campo de exterminio” (Del testimonio de Fermín Núñez - Legajo N° 3185).

En función del desarrollo de las operaciones, el Comando del área rural se desplazó, a partir de abril de 1976, desde la “Escuelita” hasta el CCD “Ingenio Nueva Baviera” el cual hasta agosto de 1977 se constituyó en el principal asentamiento de la represión clandestina en dicha área. Operaban en él efectivos llegados de todas partes del país. Había un helipuerto y gran cantidad de material rodante para transporte de tropas; el campo concentraba un número elevado de prisioneros capturados en toda la provincia. 

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En el ex Ingenio Lules funcionó otro CCD. Se trata de una finca antiquísima, considerada como lugar histórico, ya que en ella había estado el general San Martín. El “chupadero” funcionaba en el sótano del antiguo depósito de carbón; la sala de torturas estaba en el primer piso de la vivienda.
En la zona rural también funcionaron, al menos transitoriamente, CCD en la Comisaría de Monteros, el Ingenio Bella Vista y los “Conventillos de Fronterita”, construcciones precarias que habían servido de alojamiento para trabajadores del ingenio de esa localidad. La represión se ejerció precisamente contra ellos, ya que las detenciones se operaban al iniciarse el horario de trabajo, a la entrada misma del ingenio. La Conadep pudo verificar lo referido en las denuncias, en el curso de un reconocimiento.
En pleno centro de la ciudad de San Miguel, la Jefatura Central de Policía, que ya funcionaba como lugar de torturas, se transformó -mediante refacciones internas- en Centro Clandestino de Detención. En esa época era jefe de Policía de Tucumán el teniente coronel Mario Albino Zimermann. Lo secundaban el comisario inspector Roberto Heriberto Albornoz y los comisarios José Bulacio y David Ferro.
El Ejército se reservaba el control de este lugar a través de un supervisor militar. El responsable del área de seguridad 321, teniente coronel Antonio Arrechea, perteneciente a la V Brigada, visitaba el centro y asistía a las sesiones de tortura.
El Comando Radioeléctrico en la calle Laprida al 1000 era otro lugar donde se alojaban clandestinamente detenidos. Se lo utilizaba como lugar de tránsito y era el sitio de “ablande” de los recientemente secuestrados. No se les daba agua ni comida a fin de prepararlos para la aplicación de la picana sometiéndolos además a fuertes castigos.
Cruzando la calle estaba ubicado otro CCD, el Cuartel de Bomberos, al cual se conducía, encapuchados y numerados, a los detenidos con un cartón colgando del cuello, a la espera de nuevos traslados.

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Con una capacidad para alojar a 250 prisioneros funcionaba otro CCD en instalaciones pertenecientes a la Escuela de Educación Física dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán. Para llevar a los secuestrados se utilizaba un ómnibus (Julio César Heredia - Legajo N° 5838). El vecindario escuchaba las quejas y clamores de las víctimas y, a menudo, tiros disparados por ráfagas que correspondían a simulacros de fusilamientos o, simplemente, a fusilamientos. Ya saliendo de la ciudad se encontraba “El Motel”, el que, aun en plena construcción, se utilizaba como CCD. Actualmente se llama “La posta de los Arrieros”. En ese lugar se torturaba. El alojamiento de los detenidos era una serie de cinco pequeñas construcciones sobre un camino de pedregullo. El lugar destinado a la confitería era utilizado por la guardia de prevención. A la derecha existía un gran tanque de agua que se usaba como puesto de guardia nocturna. Otros centros funcionaron por un corto lapso: El Reformatorio y la Escuela República del Perú, en el barrio del Palomar.
En la Cárcel de Villa Urquiza funcionó un pabellón destinado a detenidos clandestinos. Eran alojados en la Sección “E”. Un preso común que cumplía su condena en ese penal declara haber conversado con alguno de ellos que hoy figura en la lista de personas desaparecidas (Juan Antonio Molina - Legajo N° 3377).
El CCD más importante de las afueras de San Miguel fue el que se instaló dentro de la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, dependiendo directamente de la V Brigada de Infantería. Las guardias eran efectuadas por personal de la Gendarmería Nacional. Entre los meses de marzo y abril de 1976 fue enviado a ese lugar un contingente de 40 efectivos del Escuadrón Móvil N° 1 de Campo de Mayo. Precisamente, un miembro de este grupo refiere ante la Conadep cómo era la vida -o la muerte- en este campo de exterminio, uno de cuyos responsables era el teniente coronel Cafarena (Legajo N° 4636).

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“Una vez vi cómo un detenido desnudo era enterrado vivo, dejándole solamente la cabeza afuera del pozo, apisonando la tierra después de mojarla para compactarla; esto duraba 48 horas. Ocasionaba calambres muy dolorosos y afecciones a la piel. En dos oportunidades presencié fusilamientos en este campo, el que efectuaba el primer disparo era el general Antonio Bussi. Después hacía participar en el mismo a todos los oficiales de mayor jerarquía. El lugar de las ejecuciones estaba ubicado a unos 300 o 400 metros de la Compañía de Arsenales, monte adentro. Se tendía un cordón de seguridad a los 20 metros y otro a unos 100 metros del lugar. Los disparos se hacían con pistolas calibre 9 mm o 11,25 mm, siempre entre las 23 y 23.30 horas. Cada quince días se asesinaban entre 15 o 20 personas” (Del testimonio de Omar Eduardo Torres -Legajo N° 6667).

Jujuy
Los principales centros clandestinos de detención de la provincia de Jujuy fueron el conocido como “Guerrero” y la Jefatura de la Policía de la provincia. El primero de ellos estuvo situado en la localidad homónima, en las cercanías del Ingenio Ledesma, y la Jefatura en el centro de la ciudad capital, San Salvador de Jujuy.

“El 1° de agosto de 1976 me presenté espontáneamente en el Departamento Central de Policía de Jujuy, solicitando una entrevista con el comisario general Haig, quien conversó conmigo ya que yo había estado bajo sus órdenes. Me acusó de ser el jefe del grupo guerrillero de Calilegua, por lo que me hizo detener.

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Luego, este comisario y el subcomisario Viltes me interrogaron, y al negarles las imputaciones que me hacían me trasladaron en un auto, sin vendas ni ataduras, a la localidad de Guerrero. Cuando llegamos a uno de los edificios del complejo fui introducido a una sala donde observé gran cantidad de detenidos que llevaban vendas en los ojos y que se encontraban detenidos en lastimosas condiciones físicas. En ese momento fui vendado y maniatado con el resto. Al día siguiente me llevaron a un cuarto con otros dos muchachos, Miguel Garnica y Germán Córdoba, ambos desaparecidos al día de la fecha. Esa misma tarde fui llevado al primer piso, donde me torturaron brutalmente con golpes y submarino, participando personalmente Haig y Viltes. Luego de esto fui trasladado al ‘salón de los sentenciados’, donde se encontraba la gente que no iba a salir más. Había en ese lugar 18 detenidos. Todas las noches nos hacían enumerar y éramos torturados diariamente todos los que estábamos allí. Como comida nos daban un pedazo de cebolla o un repollo crudo para compartir entre varios. Todas las noches escuchábamos disparos y permanentemente éramos amenazados de muerte. Durante la noche se hacía cargo del campo Gendarmería Nacional, por la mañana el Ejército y por la tarde la Policía” (Humberto Campos -Legajo N° 2545).

Los desaparecidos que menciona el señor Campos en su testimonio fueron secuestrados de sus domicilios el 27 de julio de 1976, y casi todos eran trabajadores de la empresa Ledesma. 

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En medio de un apagón general, irrumpieron fuerzas uniformadas en sus respectivas viviendas, deteniendo en esa oportunidad a más de 200 personas en ambas localidades. Todas fueron llevadas al CCD de Guerrero, donde sufrieron brutales torturas. Posteriormente, parte de ese grupo fue trasladado a la Jefatura de Policía, saliendo de ella directamente liberados o puestos a disposición del PEN. Los que habían quedado muy mal por la tortura fueron abandonados en las cercanías del Hospital de Jujuy, lugar donde se recibieron llamadas anónimas para que los fuesen a buscar. De la totalidad de detenidos, más de 70 personas permanecen desaparecidas hasta el día de la fecha. El testimonio de Humberto Campos está avalado por docenas de denuncias en el mismo sentido.

Circuito V Cuerpo de Ejército
La zona de seguridad colocada bajo control del V Cuerpo de Ejército abarcaba los partidos bonaerenses de Tres Arroyos, Coronel Dorrego y Carmen de Patagones, así como la ciudad de Bahía Blanca, sede del Comando de Cuerpo, a excepción del área bajo jurisdicción de la Armada (Base de Puerto Belgrano), y más allá, las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
La represión clandestina operó a lo largo de ese vasto territorio apoyándose en lugares transitorios de detención (Comisarías, Cuarteles, Delegaciones de la Policía Federal, etc.) desde donde los prisioneros eran trasladados a dos Centros permanentes ubicados en la ciudad de Bahía Blanca, uno en las cercanías del Comando del V Cuerpo de Ejército y otro dentro de sus propias instalaciones.
La única variante conocida fue el esquema aplicado en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, donde se instaló un campo clandestino permanente para detenidos de la subzona 52, cuya jefatura ejerció, a partir de abril de 1976 y hasta fines del año siguiente, el general José Luis Sexton, comandante de la VI Brigada de Infantería de Montaña, con asiento en Neuquén.

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En los días anteriores al golpe, un número importante de militantes políticos y gremiales, de legisladores, de profesores universitarios y de funcionarios del Gobierno depuesto eran detenidos en operativos aparentemente legales, para luego ser trasladados, a medida que se disponía de lugar, a instalaciones del Comando del V Cuerpo, donde muchos de ellos pasaban a revestir en la categoría de desaparecidos. Algunos de ellos habían sido rastreados con gran celeridad en otras regiones del país y puestos a disposición de la Zona de Seguridad N° 5.

Asimismo, el Nunca más describe los siguientes CCD:
La Escuelita (Bahía Blanca) y La Escuelita (Neuquén). 

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II. La muerte como arma política

A. La muerte como arma política. El exterminio; Fusilamientos en masa; “El Pozo” en la “Loma del Torito”; Fusilamiento en Quilmes; Muertos en “enfrentamiento armado”; Muertos en “intento de fuga”; Lanzamiento de detenidos al mar; La incineración y la inmersión; “Los cadáveres no se entregan...”; Por qué la desaparición de cadáveres. B. El compromiso de impunidad. C. Represores y esquemas represivos; Grupos de Tareas.

En 1996 un ex marino llamado Adolfo Scilingo confesó haber participado en los llamados “vuelos de la muerte”. Así se le decía a la forma de matar a los desaparecides que consistía en arrojarles vives, luego de aplicarles una droga para dormirles, al mar desde pequeños aviones. Su declaración, realizada primero ante el periodista Horacio Verbitsky y luego ante la Justicia, conmocionó a la opinión pública y ratificó lo que les sobrevivientes de los campos denunciaban desde hacía años y que incluso ya figuraba en el Nunca más. Pero recién en 2005 se dio con una primera prueba irrefutable sobre este método particularmente cruel de asesinar. Fue con el hallazgo de los restos de tres Madres de Plaza de Mayo que habían sido secuestradas en 1977 por pedir la aparición de sus hijes. Los cuerpos de Esther Ballestrino de Careaga, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de De Vincenti se localizaron enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un hombre sentado en el piso; frente a él se observan las piernas de dos militare. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Detenido en una manifestación en Merlo. Autor: Alejandro Andam (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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El Equipo Argentino de Antropología Forense comprobó que la causa de las fracturas que tenían en sus huesos largos era compatible con “las que son habituales observar como producto de una caída de un cuerpo desde cierta altura y su impacto contra un elemento sólido”. Eso confirmó que fueron arrojadas al mar desde uno de los “vuelos de la muerte”.
El lanzamiento de les prisioneres al mar fue una de las muchas técnicas que usaron los militares para enmascarar el asesinato de prisioneres. La serie incluyó salvajes fusilamientos en masa o la quema de cuerpos. Todos los métodos servían para no dejar huellas, para transformar a las víctimas en desaparecides. De esto da cuenta este segundo módulo del Informe. Aborda las distintas formas de esas muertes “sin nombres”, las describe para detenerse en una pregunta: ¿por qué crearon desaparecides? Los efectos entre las víctimas, el miedo en la población y la idea de que los desaparecides estaban vives son trabajadas por la Comisión, que en esta parte intenta dejar en claro, entre otros puntos, que todo ello no respondió a “excesos” como dijeron los militares, sino que el sistema, desde sus comienzos, constituyó “el gran exceso”.
Cabe destacar que en diciembre de 2017 el Tribunal Oral Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires emitió la primera condena a dos imputados por su participación en los “vuelos de la muerte” del centro clandestino de la ESMA. El debate que juzgó a 67 imputados por delitos a 789 víctimas lo transformó en el mayor juicio oral de la historia argentina y dejó establecida por primera vez la historia del dispositivo de exterminio, desde sus erráticos comienzos en el Río de la Plata hasta la etapa que el tribunal denominó como industrialización de la muerte.
En 2020 comenzó en la localidad bonaerense de San Martín el juicio por “vuelos de la muerte” perpetrados por el Batallón de Aviación 601 en el Centro Clandestino de Campo de Mayo. En la misma época avanzaron investigaciones en la provincia de Entre Ríos sobre vuelos en el Delta del Paraná a partir de testimonios de lugareñes que comenzaron a declarar por primera vez en las causas.

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A. LA MUERTE COMO ARMA POLÍTICA. EL EXTERMINIO
En el curso de nuestra labor hemos debido afrontar el tema de la muerte. La muerte a consecuencia de la tortura, del shock eléctrico, de la inmersión, de la sofocación y también la muerte masiva, colectiva o individual, premeditada, por lanzamiento al mar, por fusilamiento.
Es un tema que, por sus características, hiere profundamente nuestra conciencia. No es solo por la tremenda magnitud de la cifra, sino también por las circunstancias que rodean tales muertes, que afectan el soporte ético y jurídico que nos define como sociedad civilizada.
Ha sido tradicional en nuestro país la exclusión sistemática de la pena de muerte del derecho positivo. Durante el gobierno militar, ello se dejó de lado y fue incorporada a la legislación penal. Se argumentó que era necesaria para prevenir los delitos más graves de la subversión.
Aun así, subsistió un instintivo rechazo a su aplicación. Se creyó que con su inclusión se preconizaba disuadir a sujetos antisociales de la consumación de los más graves delitos, o que el juicio previo de los Tribunales Militares reservaría su aplicación para casos de excepción. Ningún Consejo de Guerra procesó formalmente a nadie que mereciera tan terrible sanción.
Empero, la realidad fue otra. Hubo miles de muertos. Ninguno de los casos fatales tuvo su definición por vía judicial ordinaria o castrense, ninguno de ellos fue la derivación de una sentencia. Técnicamente expresado, son homicidios calificados. Homicidios respecto de los cuales nunca se llevó a cabo una investigación profunda y jamás se supo de sanción alguna aplicada a los responsables. En conclusión, el régimen que consideró indispensable alterar nuestra tradición jurídica, implantando en la legislación la pena capital, nunca la utilizó como tal. 

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En lugar de ello, organizó el crimen colectivo, un verdadero exterminio masivo, patentizado hoy en el mórbido hallazgo de cientos de cadáveres sin nombre y en el testimonio de los sobrevivientes, dando cuenta de los que murieron en atroces suplicios. No fue un exceso en la acción represiva, no fue un error. Fue la ejecución de una fría decisión. Los ejemplos, las comprobaciones, se multiplican sin dejar duda sobre esta conclusión.

Fusilamientos en masa
El “Pozo” en la “Loma del Torito”
A poco de comenzar el trabajo de la Comisión, se fueron recibiendo un gran número de denuncias sobre las desapariciones de personas en Córdoba, convergiendo el destino de las mismas al centro clandestino de detención de “La Perla”.
Las violaciones más tremendas de los derechos humanos se cometieron en este lugar. También se dio muerte por fusilamiento en masa. Los testimonios de los sobrevivientes hablan del temor a los “traslados” que periódicamente se llevaban a cabo en un tétrico Mercedes Benz, que al poco tiempo regresaba sin su cargamento humano, asociándolo con las repetidas amenazas de sus carceleros de que serían enviados “al pozo”.
Tal referencia, duele decirlo, hacía mención al exterminio de muchos detenidos por medio del fusilamiento al borde de un pozo, previamente cavado para el enterramiento de los cuerpos. El lugar está ubicado en la zona denominada “Loma del Torito”, dentro del campo “La Perla”, en jurisdicción militar donde tiene su asiento el Escuadrón de Exploración de Caballería Aerotransportada N° 4, en Córdoba.

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Testimonio de Gustavo Adolfo Ernesto Contemponi y Patricia Astelarra - Legajo N° 4452.

“A los secuestrados, luego de ser fusilados, se los tiraba a un pozo previamente cavado. Atados de pies y manos, amordazados y vendados, eran sentados en el borde del mismo y simultáneamente se les pegaba un tiro. Numerosos prisioneros recibimos este testimonio de diversos militares e incluso en ocasiones pudimos ver personas sacadas en estas condiciones. Se los sacaba de La Perla generalmente a la hora de la siesta; la cantidad y frecuencia de los traslados fue variable. Eran retirados de la cuadra por la guardia de gendarmería, a veces llamándolos por sus números en voz alta, otras se acercaban al sentenciado diciéndole algo en voz baja y lo llevaban. Todos escuchábamos el ruido del camión, así que cuando a lo largo de varias horas sus colchonetas permanecían vacías teníamos la certeza que habían sido llevados en el mismo. Durante el 76 y hasta principios del 77, a casi todos los secuestrados se nos informaba que nuestro destino sería el “pozo” y eran habituales las amenazas al respecto. Dos prisioneros pudimos observar espiando por la ventana de una oficina, cómo era cargado al camión un grupo de condenados. Los detenidos, totalmente maniatados de pies y manos, vendados y amordazados habían sido llevados horas antes al galpón y luego pudimos observar cómo fueron cargados por los interrogadores y numerosos uniformados en un camión Mercedes Benz arrojándolos a la caja como bolsas de papa. 

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Presenciando esto estaba el Gral. Centeno y unos cinco oficiales de alta graduación, que partieron tras el camión en una camioneta Ford del Ejército”.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una máquina excavadora junto con varios hombres trabajando. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Búsqueda de restos de desaparecides en Loma del Torito, dentro del Centro Clandestino de Detención La Perla (Córdoba). Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

Fusilamiento en Quilmes
A medida que vayamos repasando lo acontecido en otros lugares del país, se verá que los hechos de “La Perla” no fueron un fenómeno aislado.

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Incluso, todo parece indicar que solo conocemos una parte de la realidad, el avance del tiempo irá develando la dimensión de este drama. En fecha reciente, la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante de Quilmes habría confirmado la veracidad de una denuncia, según la cual, a fines de 1977, dieciocho personas fueron fusiladas y luego sepultadas sin identificar en el cementerio local. Inicialmente no se obtuvieron datos sobre el caso hasta que el 29 de junio pasado, la Comisión tomó declaración a Edgardo Poleri, ex capataz general de la necrópolis, quien hizo saber que por aquella fecha recibió la orden de cierre temporario de la dependencia municipal y que se diera licencia al personal bajo pretexto de una desinfección; solo continuaron en su puesto el portero de la entrada principal y el declarante.
Fue entonces que ingresó al cementerio un camión similar a los que transportan carne y el señor Poleri escuchó murmullos que provenían del interior de la caja del vehículo, el que se dirigió, custodiado por uniformados armados, al sector donde se estaban construyendo los nichos de la Federación de Empleados de Comercio.
Pasados unos diez minutos, estando a unos 50 metros del lugar, escuchó una ráfaga de ametralladora. El 2 de julio de 1984, este testimonio es ratificado en su contenido por el señor Héctor Alanis, otro ex empleado del cementerio, quien agrega que el día que ocurrió el suceso narrado no vio retirarse a los sepultureros como era habitual.

Muertos en “enfrentamiento armado”
Fue otra de las técnicas utilizadas para enmascarar la muerte ilegal de prisioneros. Aquellos que al momento del golpe militar revistaban en las cárceles oficiales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional no podían ser eliminados sin alegar “motivos”. 

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Lo mismo sucedía con los que, por alguna circunstancia fortuita, no ingresaron a las tinieblas de la desaparición. Si el destino que tenían asignado era la muerte, caían acribillados en un “intento de fuga” o aparecían abatidos en un “enfrentamiento armado”.
No nos referimos a aquellos supuestos casos en que las muertes aparentemente se producían en oportunidad en que las fuerzas de seguridad eran repelidas por los ocupantes de las viviendas que eran allanadas. Se trata en cambio de los casos en los que, habiendo sido hechos prisioneros, o estando desde tiempo atrás bajo el absoluto control de la autoridad, aparecían posteriormente muertos “en combate” o por la aplicación de la llamada “ley de la fuga”.
No ha sido ajena a este ocultamiento premeditado de verdaderas ejecuciones sumarias la forma irregular en que se procedía a las inhumaciones, con el evidente propósito de evitar la identificación de los cadáveres y con ello impedir la acreditación del asesinato de quienes habían sido detenidos en su domicilio o ante testigos por las Fuerzas Conjuntas.
Véanse, si no, los hechos revelados por la investigación practicada en la Municipalidad de Quilmes (Legajo N° 6531), a raíz de la inhumación de cadáveres mediante orden policial y sin que se extendieran las licencias de rigor. El 24 de junio de 1977, en un enfrentamiento con fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires y militares dependientes del Batallón Depósito de Arsenales “Domingo Viejobueno”, son muertos cinco subversivos. No se tramitaron actuaciones sumarias de ninguna especie por la muerte violenta de las cinco personas, ni tomó intervención juez penal, federal o militar alguno. Esto es corroborado por el, en ese entonces, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, general Fernando Exequiel Verplaetsen.
El testimonio del médico de Policía interviniente indica que no se realizaron las autopsias, sino simplemente reconocimientos profesionales a los efectos de la expedición de los certificados médicos de defunción.

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Si se observa la forma en que se los entierra: desnudos y con un número en el pecho, indicados del “1” al “5” con pintura amarilla, da la impresión de que se da a los muertos el trato de simples bultos, cosas o animales, o desechos que se arrojan a un basural.
Han sido dejadas de lado absolutamente todas las normas estipuladas en las leyes de procedimientos penales para regular lo que debe practicarse en estas circunstancias.
¿Dónde están las ropas de los occisos? ¿Por qué los mismos fueron enterrados desnudos? ¿Por qué no se obtuvieron fotografías de los cadáveres para permitir su posterior identificación?
Estos procedimientos permiten presumir que respondían a una estrategia general de no identificar a los muertos para evitar que se pudiera diferenciar entre los que morían en enfrentamientos y los que eran ultimados estando prisioneros.

Muertos en “intento de fuga” - Legajo N° 6131
El relato de los hechos que efectúan los familiares de las víctimas de los trágicos episodios ocurridos en la localidad de Margarita Belén, provincia del Chaco, es el siguiente:
“En horas de la madrugada del 13 de diciembre de 1976, una comisión del Ejército, con apoyatura de personal de la Policía de la provincia, traslada desde dependencias de la Alcaldía de la Policía de la provincia, a un grupo de presos, con destino presunto al penal de la ciudad de Formosa. Hecho inexplicable, porque la cárcel de Resistencia es una de las más seguras del país y la de Formosa ofrece muy pocas garantías. Habiendo recorrido la comisión aproximadamente 30 km, en proximidades de la localidad de Margarita Belén y sobre la Ruta N° 11, se produce la muerte por ‘herida de bala’ de todos los presos”.

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La versión oficial es que se trató de un ataque de delincuentes subversivos, con la aparente intención de liberar o eliminar a los presos para evitar “declaraciones comprometedoras”.
Nunca se llegó a saber el nombre de todos los muertos, pero sí que los únicos que murieron eran los detenidos que fueron objeto de traslado. No se produjeron bajas de ningún tipo, ni entre los presuntos atacantes, ni entre los defensores.
Algunos de los presos que fueron víctimas del hecho provenían de la Unidad Regional 7 de Resistencia, donde estuvieron internados hasta el 12 de diciembre, fecha en que se los traslada hacia la Alcaldía y son concentrados con otros presos políticos siendo objeto de graves torturas que se prolongan hasta las primeras horas del día 13. Los demás presos escuchaban los gritos de los torturados, a quienes veían poco después pasar de vuelta a sus celdas con evidentes muestras de sufrimiento.
En la madrugada del 13 se hace presente en Alcaldía una comisión militar, quien acredita orden de traslado de un número determinado de presos, los que son entregados con expreso asiento en los libros y constancia escrita de la orden de traslado y entrega. Sin embargo, hoy no se cuenta con ellos por su destrucción posterior.
Un par de días antes del hecho, autoridades militares sobrevuelan en el helicóptero de la provincia la zona donde se produciría la tragedia. En los planes de vuelo de Casa de Gobierno del Chaco y Aeropuerto de Resistencia se pudo verificar la trayectoria.
En horas de la mañana del 13, el entonces intendente de Resistencia ordena a la autoridad del Cementerio Municipal la apertura de un número considerable de tumbas y, en horas de la tarde de ese mismo día, se hacen presentes tropas de Ejército y Policía, que luego de desocupar las dependencias proceden a sepultar diez cadáveres, cinco de los cuales como “NN”. Fueron identificados solo los cuerpos de: Parodi Ocampo, Manuel; Tierno, Patricio B.; Díaz, Luis Alberto; Duarte, Carlos Alberto, porque mucho tiempo antes de vencer el plazo que determinan las ordenanzas municipales vigentes los restos se llevaron al osario común. Los cadáveres que pudieron ser exhumados estaban completamente desnudos.

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Lanzamiento de detenidos al mar
Cuesta creerlo. Sin embargo hay numerosas declaraciones que hacen mención a ello. Algunos por haberlo oído, otros por referencias directas de sus captores; y también están los cuerpos que las corrientes marinas arrojaron a la costa. Cuesta creerlo, pero en el contexto general de esta salvaje represión es lícito pensar que para sus autores no fue otra cosa que un método más de los tantos utilizados con la misma finalidad. 

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Búsqueda de restos de desaparecides en el centro clandestino de detención La Cacha (La Plata). Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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En una presentación de tres liberadas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada de la Argentina ante la Asamblea Nacional Francesa, se expresa lo siguiente:

“El día del traslado reinaba un clima muy tenso. No sabíamos si ese día nos iba a tocar o no”.
“...se comenzaba a llamar a los detenidos por el número...”. “Eran llevados a la enfermería del sótano, donde los esperaba el enfermero que les aplicaba una inyección para adormecerlos, pero que no los mataba. Así, vivos, eran sacados por la puerta lateral del sótano e introducidos en un camión. Bastante adormecidos eran llevados al Aeroparque, introducidos en un avión que volaba hacia el sur, mar adentro, donde eran tirados vivos”.
“El capitán Acosta prohibió al principio toda referencia al tema ‘traslados’. En momentos de histeria hizo afirmaciones como la siguiente: ‘Aquí al que moleste se le pone un Pentho-naval y se va para arriba’" (Legajos N° 4442 - 5307).

La incineración y la inmersión
La práctica de la quema de cuerpos: ¿qué habrá más diabólico y más sencillo? No quedarían ni los huesos; luego en cada lugar volvería a crecer la hierba y nadie estaría en condiciones de decir que en tal o cual sitio se habían hecho “capachas” y “parrillas”.
Dice el agente de policía provincial Juan Carlos Urquiza (Legajo N° 719):

“Allí en San Justo -refiriéndose a la antigua División de Cuatrerismo que funcionó como centro clandestino de detención con el nombre de ‘El Banco’- se hacían lo que llamaban ‘capachas’, que eran pozos rectangulares que tendrían 50 a 60 centímetros de profundidad por 2 metros de largo. 

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Vi esos pozos hechos al tamaño de una persona. De estas mismas ‘capachas’ había en Gendarmería que está camino a Ezeiza sobre la Avenida Ricchieri. Lo sé porque una noche fui allí y vimos los fuegos. En el interior de estos pozos metían cuerpos humanos, los rociaban con gasoil que traían de los tanques y calcinaban los cuerpos”.

Pedro Augusto Goin (Legajo N° 4826) confirma la implementación de esta forma de eliminación de los cadáveres al relatar su paso por el “Pozo de Arana”, diciendo:

“...Estuve sin venda allí aproximadamente 30 días, vi que bajaban de camionetas neumáticos usados. Ello me llamó la atención. Lo mismo que los bidones de nafta que vi arrinconados en un lugar del patio. Allí no se podía preguntar nada, pero después, por una infidencia de uno de los custodios, casi el último día de mi permanencia en Arana, supe que se usaban para quemar cuerpos”.

“Los cadáveres no se entregan...”
El padre de Elena Arce Sahores (Legajo N° 4272) nos hace un doloroso pero patético relato sobre la desaparición de su hija. Los datos que aporta y las constancias existentes confirman plenamente que fue secuestrada por el Grupo Operaciones 113 y alojada durante 10 días en la Comisaría 8 de La Plata.
Todas las gestiones por recuperar a su hija fueron inútiles. Finalmente, en base a la relación de un matrimonio amigo, logra entrevistarse con un coronel de Ejército, quien le promete interesarse en su caso. 

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“Efectivamente esto ocurrió, confirmándose la detención en un operativo antisubversivo, no aclarándome mayores detalles y terminando con una frase que me quedó grabada a fuego: ‘No la busque más a Elena, ya dejó de sufrir, ojalá que esté en el cielo’. Me explicó la faz técnica de este tipo de operativo, a los que denominó ‘en blanco’ o ‘en negro’, según el personal interviniente usara o no uniforme. En fin, el relato fue truculento. Días después, repuesto de este shock, volvía a ponerme en contacto en su domicilio y le reclamé el cadáver de mi hija, a lo que respondió: ‘Los cadáveres no se entregan...’”.

Debió de ser cierto. El país ha sido sembrado de cuerpos de personas no identificadas, sepultadas individual o colectivamente, en forma ilegal y clandestina. Están en los cementerios, en descampados, en los ríos, en los diques, y, según ya hemos visto, también en el mar.
Esta constatación alcanza actualmente una dimensión inimaginable hasta hace unos años cuando algunas comprobaciones aisladas alimentaron la ilusión de que semejante cuadro no podía ser el indicio de una práctica generalizada. Sin embargo, la evidencia ya se instaló entre nosotros, alcanzando en los últimos meses la difusión casi cotidiana de testimonios, actuaciones judiciales y notas periodísticas que dieron cuenta de los hallazgos.

Por qué la desaparición de los cadáveres
Es muy difícil para nosotros, después de la dura y compleja tarea realizada en busca de los detenidos-desaparecidos vivos, aceptar que muchos de ellos están muertos, y que sus cuerpos han sido diseminados o destruidos en cumplimiento de una planificada política enderezada también a su desaparición.

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Necesariamente, esta constatación nos induce a preguntarnos el porqué de tan diabólica directiva. ¿Por qué la destrucción del cuerpo? ¿Encuadra acaso el mismo supuesto del crimen individual en el cual se busca borrar las huellas del acto? No nos parece suficiente esta explicación. Hay algo más que tiene que ver con la metodología de la desaparición: primero fueron las personas, el “no estar”, alimentando la esperanza en el familiar de que el secuestrado sería puesto en libertad y habría de retornar; luego el ocultamiento y la destrucción de la documentación -que indudablemente existió acerca de cada caso-, prolongando la incertidumbre sobre lo que sucedió; y finalmente, los cadáveres sin nombre, sin identidad, impulsando a la psicosis por la imposibilidad de saber acerca del destino individual, concreto, que le tocó en suerte al ser querido. Fue como asomarse a cada instante al abismo de un horror sin límites.
Por eso pensamos que estos muertos sin nombre encuadran dentro de la misma lógica que decidió la desaparición forzada de personas: al borrar la identidad de los cadáveres se acrecentaba la misma sombra que ocultaba a miles de desaparecidos cuya huella se perdió a partir de las detenciones y secuestros.
Fue otra de las formas de paralizar el reclamo público, de asegurarse por un tiempo el silencio de los familiares. Precisamente, alentando en ellos la esperanza de que su ser querido estaba con vida, manteniéndolo en la imprecisa calidad de persona desaparecida se creó una ambigüedad que obligó al aislamiento del familiar, a no hacer nada que pudiera irritar al Gobierno, atemorizado por la sola idea de que fuera su propia conducta el factor determinante de que su hijo, su padre o su hermano pasara a revistar en la lista de las personas muertas.

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También se pretendió con ello bloquear los caminos de la investigación de los hechos concretos, diluyendo en el ocultamiento de las acciones la asignación individual de responsabilidades; así se lograba extender el cono de sospecha a una gran parte de los funcionarios militares -salvo la casi imposible probanza del hecho negativo- sobre su participación personal en la dirección o ejecución de las acciones delictivas.
Y por último, lo que fue el meollo de esta política de la desaparición total: impedir por todos los medios que se manifestara la solidaridad de la población y, con ello, la secuela de protestas y reclamos que generaría en el país y en el exterior el conocimiento de que, detrás del alegado propósito de combatir a la minoría terrorista, se consumó un verdadero genocidio.

B. EL COMPROMISO DE IMPUNIDAD
Invariablemente toda sociedad se ha inquietado ante la posibilidad de que algunos crímenes quedaran impunes. Sin embargo, la inquietud se erige en gravísima alarma cuando la impunidad pasa a convenirse en un elemento previsto para la ejecución del delito, incorporada como coraza de los hechos y formando parte del modus operandi de una conducta delictiva sistematizada.
Es el caso del terrorismo de Estado. Ya protestaba Hobbes en su Leviathan, que no existe crimen más grande que aquel que se perpetra a conciencia de su impunidad. Por ello mismo, la subversión institucional inherente a tal situación perjudica seriamente y por un tiempo difícilmente mensurable la virtud ética que han de contener los actos gubernamentales. Es el caso del gobierno del llamado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Aprovechar el estado de indefensión de las víctimas dice absolutamente todo acerca de la personalidad de los victimarios. Pero este fenómeno asume otra dimensión cuando quien ejerce el poder se autoatribuye facultades extraordinarias y planifica desde el inicio de su gestión un sistema completo de ilícitos.

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Al respecto, ha sido diáfana la conceptuación producida por el titular del Poder Ejecutivo Constitucional, en la exposición de motivos de su decreto 158/83, por el que ordena el procesamiento de los responsables de la conducción de los ilícitos, cuando manifestaba: “La Junta Militar que usurpó el gobierno concibió e instrumentó un plan de operaciones... basado en métodos manifiestamente ilegales”.
Al considerar este juicio presidencial, los hechos criminales protagonizados distan enteramente de poder considerarse “excesos” o resultados aleatorios no queridos por sus autores. Por el contrario -a estar a la definición transcripta-, fue acuñado desde el origen un plexo de delitos que por su entidad no registra precedente histórico en el país y que centralmente se basa en la presunción de que solamente quedaría librado a la propia conciencia de quienes lo elaboraron y ejecutaron, sin inclinarse al debido control jurisdiccional o judicial de las conductas.
Lamentablemente, la asertiva definición presidencial ha sido plenamente corroborada por la investigación realizada por esta Comisión.
El contexto de impunidad que sirvió de base para la marginación del debido juicio a los responsables adquiere mayor claridad en ciertos casos de definición arbitraria, de “detención-desaparición” y/o de asesinato de personalidades notorias en la sociedad argentina y en el ámbito internacional. Nos referimos a hombres y mujeres de distinguida ubicación en la vida del país, por sus roles o especiales calidades científicas, diplomáticas, religiosas, políticas, empresariales, sindicales, literarias, etc., en los cuales se simbolizó la convicción de los ejecutores del terrorismo de Estado de que jamás serían convocados a dar cuenta de sus actos.
Este segmento social, tan particularmente representativo, que siempre ha tenido acceso a fuentes de poder y decisión, ha acudido también esta vez a esos mismos sectores, sin hallar remedio al secuestro clandestino, ni a la imputación irresponsable de que fueron víctimas; sus familiares recurrieron de inmediato a cuanto factor de poder -especialmente a las propias Fuerzas Armadas- se hallaba a su normal alcance. 

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Y pese a ello no lograron revertir la injusticia, a veces convertida en tragedia. Además de estos casos tan especiales por su sobresaliente figuración en la opinión comunitaria, cabe agregar otros que, aunque no integraban aquel sector social, las traumáticas situaciones a que fueron reducidos resultaron altamente difundidas y cobraron perfiles destacados en la consideración pública, a causa de que determinadas personalidades o entidades -diplomáticas, políticas, etc.- se preocuparon activamente por intentar protegerlos y sustraerlos de la incertidumbre, la oscuridad y el horror, también sin resultados positivos.
Por el conocimiento de este ataque selectivo sin sanción ni reparación posible, por la comprobación de la total ineficacia de los resortes clásicos, jurídicos o sociales, de protección personal, se buscó que la población en su conjunto se sintiera inerme frente a un poder ejercido con una omnímoda apariencia. Porque suele resultar altamente redituable, a los fines de ejecutar una política represiva terrorista, el convencimiento general de que nada ni nadie podrá torcer el curso de los acontecimientos prefijados.

C. REPRESORES Y ESQUEMA REPRESIVO
La Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas recibió en diversas oportunidades denuncias y testimonios de personas que reconocieron su participación en Grupos de Tareas y otras formas operativas en el aparato represivo. Esas denuncias han estado vinculadas tanto al conocimiento que tenían de la metodología represiva como de hechos referidos al secuestro, tormento y eliminación física de personas.
Esa colaboración espontánea partió, en varios casos, de represores a quienes, antes del 10 de diciembre de 1983, las mismas FF.AA. y de Seguridad sancionaron por distintos ilícitos al margen de la lucha antisubversiva, es decir con móviles individuales. 

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Estos delitos de los que participaba la totalidad del aparato represivo quedaban impunes cuando eran parte de la operativa planificada para su accionar.
En tales casos, el testimonio tuvo no tanto un sostén ético (arrepentimiento, sanción moral, honor militar, etc.), sino la convicción de “haber sido abandonados por sus propios jefes”, después de “haber contribuido a la guerra antisubversiva perdiendo en algunos casos la carrera o arriesgando la propia vida, mientras contemplaban el enriquecimiento de los jefes, la corrupción generalizada en las propias filas y la pérdida de los objetivos que se habían señalado como motivaciones para la lucha”.
En algunos influyó el conocimiento que poseían de la eliminación física de muchos compañeros de armas “porque ya no les servían a los jefes o porque sabían demasiado”. Solo excepcionalmente alguno de ellos dio muestras de arrepentimiento o de una valoración ética de la realidad vivida.
En algunos casos los denunciantes manifestaron resentimiento contra sus jefes “por habernos usado” involucrándolos en un proyecto político y económico que finalmente traicionó los “ideales nacionalistas” por los que habrían inicialmente ingresado al Ejército, a la Policía o a los “grupos” paramilitares.
Tal vez solo en dos o tres casos se hicieron presentes sentimientos de culpa, de hartazgo por lo “demencial de todo esto”, de voluntad de denunciar las atrocidades de las que fueron testigos o responsables para que “esto no vuelva a suceder”, para que “mis hijos no tengan que vivir algo semejante”.
Todo signo de discrepancia dentro de las FF.AA. y de Seguridad con los métodos utilizados para la detención y eliminación de personas fue sancionado de modo brutal. Brindar alguna información a los familiares de detenidos desaparecidos sobre su localización, estado físico o destino era equivalente a la muerte. Estaban prohibidos, incluso, los comentarios entre las propias filas sobre los operativos realizados, sancionándose con el mayor rigor cualquier signo de humanidad que pudiera tenerse con el prisionero.

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Los testimonios dan una muestra clara del modo de actuación de los denominados “grupos de tareas”, de su total desprecio por las normas éticas que rigen el uso de la fuerza por parte del Estado. Las reglas de juego de los grupos de tarea fueron similares a las de los grupos de gangsters y sus objetivos no fueron distintos. Pero a diferencia de aquellos, que ven restringido su obrar por la posible represión de las fuerzas del orden, los grupos de tareas generados desde el poder eran paradójicamente las “fuerzas mismas del orden”.
La investigación relativa a los centros clandestinos de detención demuestra que estos funcionaron dentro del organigrama militar concebido para la lucha antisubversiva. Este esquema está contenido en “Directivas Secretas”, “Órdenes de Batalla” y diversos instrumentos que reestructuraron jurisdicciones e introdujeron modificaciones orgánicas para el accionar clandestino de la represión.
Los centros de detención en los que se confinaba a los “desaparecidos” respondieron a una doble conducción: por un lado, el manejo real y de hecho que estaba a cargo generalmente de la fuerza a la que pertenecía el establecimiento en el que funcionaba y, por otro lado, una dependencia orgánica de los Comandos de Cuerpo o las más altas jefaturas de la zona en la que estuvieran ubicados.

Grupos de Tareas
En su accionar conjunto, las distintas fuerzas constituyeron los llamados Grupos de Tareas (GT), estructuras medulares de la represión clandestina.

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“Los Grupos de Tareas estaban conformados con personal de las diversas Fuerzas Armadas y de 
Seguridad. Si bien se hallaban alojados en determinadas dependencias militares o de Seguridad, las que otorgaban su infraestructura, y en algunos casos se hacían cargo de las Jefaturas, los GT no dependían directamente de esos lugares sino de la Fuerza en la que tenían su sede: GT1 y GT2 de Ejército (con las aclaraciones que más adelante se formulan), con sede en la CENTRAL DE REUNIÓN del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército (Callao y Viamonte, Capital Federal). El GT3 dependía del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) de Marina de Guerra. El GT4 del Servicio de Inteligencia Aérea (SIA) de Aeronáutica y el GT5 de la SIDE” (Testimonio Legajo N° 7170 de un ex integrante de estos grupos).

La estructura establecida integraba, por lo tanto, los cuerpos orgánicos de las distintas armas con la estructura de Inteligencia de las mismas, de las que dependían directamente las fuerzas o grupos de tareas, estructura secreta por su misma naturaleza y dependiente en forma directa de los respectivos Comandos en Jefe.
Esta Comisión dispone de información fehaciente e indubitable, según la cual tales grupos, denominados también Fuerza de Tareas o Equipo de Combate, se conformaban prácticamente en forma anónima en lugares de encuentro predeterminados, donde se impartía la misión y con personal de distintos elementos que -en muchos casos- ni siquiera se conocían. Una vez cumplida la misión, dicho personal se reintegraba a sus elementos de origen (conforme la información oficial obrante en poder de esta Comisión).

Un oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires explica en su testimonio (Legajo N° 7316) el modus operandi de un Grupo de Tareas:

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“...conocido un ‘objetivo’ o ‘blanco’ (elemento subversivo) o sospechoso de tal, se lo detenía, se lo llevaba a un lugar de interrogatorio y se le daba ‘máquina' (tortura con picana) extrayéndole información de otros sospechosos, a los que se procedía a detener y así, hasta tener todo un ‘mosaico' o cadena de personas. En algunos casos, esa cadena se cortaba cuando algún detenido se ‘quedaba’ (moría) en la tortura. Recién entonces con un grupo de personas investigadas o un cierto cúmulo de información se elevaba a la Superioridad, tanto a la Jefatura de Policía como a la Jefatura del Área Militar. Esa información iba codificada y partía desde el mismo GRUPO DE TAREAS. En las Comisarías se hacía un ‘informe reservado’ (donde se ponía la verdad del procedimiento) y un Acta 20840 (donde se volcaban los datos que servían para la cobertura de ‘legalidad’, como por ejemplo en los casos de detenidos a los cuales se ‘cortaba’ [mataba] haciendo figurar que habían muerto en un enfrentamiento)”.

La operativa del GT2, previa a las detenciones, era la siguiente: cada caso se abría por una Información Base, que tenía un Origen y una Valoración. El origen podía ser por propios medios o por denuncias, infidencias, interrogatorios, contrainteligencia. La valoración va de acuerdo a la confiabilidad que se tiene en la fuente de información. A partir de la llamada Segunda Fase (1977), el origen fundamental de la información provenía de lo obtenido en los interrogatorios bajo tortura. A esa Información Base se incorporaban los antecedentes que hubiera y se confeccionaban Órdenes de Búsqueda o de Reunión, para que investiguen. Esta investigación consistía en averiguar el domicilio del investigado, tipo de vivienda y lugar, entradas y salidas, vías de aproximación, vías de escape, comisaría de la zona, concepto vecinal y todo otro dato de interés. 

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Se utilizaba el dicho en los Grupos de Tareas de “ovejear” o “hacerle la oveja” a alguien (por las iniciales de Orden de Búsqueda). La síntesis de toda esa información al día se conocía como Cronología del Caso. De ser necesario se practicaban Penetraciones Técnicas con coberturas “apropiadas” (operario de ENTEL, inspector de Migraciones, inspector de la Municipalidad de Buenos Aires, etc.). Con todo esto se confeccionaba una carpeta conocida como CASO, numerada, con nombre real o “de fantasía”. También se confeccionaba una Ficha de Antecedentes (datos de filiación, descripción física, anexos con observaciones de interés). Estas FICHAS eran enviadas a la Sección Registro y Archivo del Batallón 601, después conocido como Sección de Antecedentes, la que procedía a clasificar por orden alfabético y numérico -número de documento de identidad- previa confección de placas de slide y sus respectivas copias (diasos) que contenían todo el material microfilmado de la información reunida. Se obtenían fotografías de los sospechosos de los más diversos modos, entre otros: a través de la información reunida por los “inspectores de migraciones” u otros con coberturas, sobre la filiación de la persona con lo que se solicitaba a la Policía Federal y a toda la comunidad informativa el prontuario de dicha persona donde constan las fotos.
El número de la carpeta o CASO se anotaba en un libro que manejaba el Jefe de Equipo del GT. Cuando la información obtenida justificaba un procedimiento, se emitía una Orden de Blanco. Esta orden era girada a los grupos o brigadas operativas del Grupo de Tareas, quienes se encargaban de capturar a la persona -ya que la Orden de Blanco es virtualmente una orden de detención- o de allanar el lugar determinado (conforme declaraciones de testimonios - Legajos N° 7170 - 7171 - 5884).

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III. La Iglesia. El Plan Cóndor

A. Sobre las actitudes de algunos miembros de la Iglesia. B. La coordinación represiva en Latinoamérica.

La Conadep constató durante su relevamiento denuncias sobre algunos miembros de la Iglesia que cometieron o avalaron con su presencia, su silencio o con consejos morales la modalidad represiva. El Informe también dio cuenta de los llamados de atención que hizo el Episcopado Argentino para denunciar lo que sucedía. Relatos de los propios represores revelaron que, en momentos de dudas o remordimientos, eran los curas quienes les reafirmaban que debían continuar con su tarea. También fue denunciada la participación directa o como partícipes necesarios y cómplices de más de un sacerdote. Algunos casos muy simbólicos quedaron relatados en toda su profundidad. Es el caso del ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Christian von Wernich, denunciado como una de las personas que recorría los centros clandestinos de detención y por su complicidad en el asesinato de militantes políticos, y que fuera procesado y finalmente condenado el 9 de octubre de 2007. El siguiente capítulo recorre el análisis de la actitud de la Iglesia y también aborda lo que más tarde se conoció como Plan Cóndor: la coordinación de los países latinoamericanos que les permitió cooperar en las actividades represivas y actuar en cada uno de los países sin limitación de fronteras geográficas.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de un militar rezando en una iglesia. La misma se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Misa por militares caídos durante la “lucha contra la subversión”. Autor: Eduardo Longoni (1981). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota. 

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A. SOBRE LAS ACTITUDES DE ALGUNOS MIEMBROS DE LA IGLESIA
El Episcopado Argentino condenó reiteradamente la modalidad represiva que investigó esta Comisión. No habían transcurrido dos meses del golpe del 24 de marzo de 1976 cuando la Conferencia Episcopal, en Asamblea General, calificó de “pecado” los métodos empleados. En mayo del 77 publicó, en el mismo sentido, un severo documento precedido de comunicaciones a los miembros de la Junta Militar. Lamentablemente, hubo miembros del clero que cometieron o avalaron con su presencia, con su silencio y hasta con palabras justificatorias estos mismos hechos que habían sido condenados por el Episcopado.
A continuación se citan testimonios en los que se mencionan religiosos:

“En el año 1977 revistaba como agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A fines del 77 o principios del 78 se me llama al despacho del comisario general, en presencia del padre Christian von Wernich... y se me pregunta si con un golpe de yudo era yo capaz de dormir a una persona en el pequeño espacio de la parte trasera de un vehículo... En otra ocasión se nos explica que se iba a retirar de la Brigada de La Plata a tres subversivos ‘quebrados’, los cuales habían colaborado con la represión para ser trasladados al exterior; según se les había prometido... Ya se les habían fabricado documentos de identidad, pero si bien los mismos estaban a nombre de los subversivos, las fotos correspondían a miembros de la policía... Es así como comienza a realizarse el primer operativo. 

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Salimos de la Jefatura con tres vehículos. En la Brigada de Investigaciones de La Plata nos esperaba el padre Christian von Wernich, quien había hablado y bendecido a los ex subversivos y les había hecho una despedida en la misma Brigada. La familia (que tenía que esperarlos en Brasil) les había mandado flores. Los tres ex subversivos -dos mujeres y un hombre- salen en libertad de acción, sin esposas, para ellos nosotros éramos simples custodios que teníamos que llevarlos a Aeroparque y embarcarlos. Se nos había dado expresas instrucciones de que no portásemos armas, pero por temor a que se simulara un enfrentamiento y nos liquidaran a nosotros mismos, decidimos llevar las armas de la repartición y un arma personal. En el coche donde iba yo -el móvil N° 3- se encontraba el padre Christian von Wernich". [...] “...se iban a pedir las condiciones de cada móvil por ‘handy’ y esto significaría la señal. Al llegar a ‘Móvil tres’, yo debía pegar el golpe que adormecería a la persona. Pego el golpe cerca de la mandíbula pero no logro desvanecer al joven, Giménez saca la pistola reglamentaria. Cuando el NN ve el arma se precipita contra ella y se entabla una lucha, que me obliga a tomarlo del cuello y le descargo varios golpes en la cabeza con la culata de mi arma. Se le producen varias heridas y sangra abundantemente, tanto que el cura, el chofer y los dos que íbamos al lado quedamos manchados... Los tres vehículos entran por una calle lateral de tierra hasta un paraje arbolado, allí estaba el oficial médico Dr. Bergés”. 

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[...] “Se desciende a los tres cuerpos de los ex subversivos que en ese momento estaban vivos. Los tiran a los tres sobre el pasto, el médico les aplica dos inyecciones a cada uno, directamente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno. Dos mueren pero el médico da a los tres como muertos. Se los carga en una camioneta de la Brigada y los lleva a Avellaneda. Fuimos a asearnos y cambiarnos de ropa porque estábamos manchados de sangre. El padre Von Wernich se retiró en otro vehículo. Inmediatamente nos trasladamos a la Jefatura de Policía donde nos esperaba el comisario general Etchecolatz, el padre Christian von Wernich y todos los integrantes de los grupos que habían participado en el operativo. Allí el cura Von Wernich me habla de una forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido; me dice que lo que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país. Estas fueron sus palabras textuales...” (Testimonio de Julio Alberto Emmed - Legajo N° 683).

“Nunca salimos de la ciudad (La Plata) y llegamos al lugar que los captores llamaban ‘La Casita’. Allí estaba la central de operaciones del grupo que nos había secuestrado. [...] Después de la primera sesión de tortura se me acercó un sacerdote, supe más tarde que era Christian von Wernich”. [...] “...el sacerdote volvió varias veces, en una oportunidad me ordenó que me sacara la venda de los ojos, me negué a hacerlo, me la retiró él mismo, me dijo que tenía la parroquia en ‘9 de Julio', en la provincia de Buenos Aires. Una vez escuché cuando Christian von Wernich le contestaba a un detenido que pedía no morir que ‘la vida de los hombres depende de Dios y de tu colaboración’. 

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En una oportunidad se dirigió a mí tocándome los pelos del pecho y diciendo sonriente ‘te quemaron los pelitos’... También lo escuché defender y justificar las torturas, reconociendo que a veces las había presenciado. Cuando se refería a algún operativo, decía: ‘Cuando hicimos tal operativo...’” (Testimonio de Luis Velasco - Legajo N° 6949).

B. LA COORDINACIÓN REPRESIVA EN LATINOAMÉRICA
Debe ser destacado que las actividades de persecución se verificaron sin limitación de fronteras geográficas, contando para ello con la colaboración de los organismos de Seguridad de Estados limítrofes, los que, con características de reciprocidad, procedían a la detención de personas sin respetar orden legal alguno, en franca violación de tratados y convenciones internacionales suscriptos por nuestro país sobre el derecho de asilo y refugio político. Incluso operaron dentro de nuestro territorio agentes represores extranjeros, que procedieron a la detención de ciudadanos uruguayos, paraguayos, bolivianos y de otras nacionalidades.
Estos habitantes extranjeros fueron secuestrados dentro de la mayor clandestinidad e impunidad y entregados a las autoridades de los países de origen.
Algunas de estas personas ostentaban el carácter de refugiados, algunos con su radicación legalizada, y otros bajo el amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

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Haberlos privado de tal condición demuestra una clara transgresión de derechos internacionalmente reconocidos, constituyendo un evidente desconocimiento de la constante histórica en materia de asilo político.
La metodología empleada consistió, básicamente, en la interrelación de los grupos ilegales de represión, los que, en definitiva, actuaron como si se tratara de una misma y única fuerza, constituyendo tal operatoria, por aquella clandestinidad a la que se ha hecho referencia, una clara violación de la soberanía nacional.
Lamentablemente lo que ha ocurrido es demostrativo de la existencia de un aparato represivo típicamente “multinacional”. A su amparo, las fuerzas de represión extranjeras pasaron a integrar los llamados “grupos de tareas”, dedicándose a secuestrar, interrogar bajo tortura, asesinar o a proceder al traslado de sus compatriotas a los centros clandestinos de detención ubicados en sus propios países.
Si bien es cierto que el mayor número de extranjeros fueron de nacionalidad uruguaya, no pueden dejarse de lado los casos de asilados paraguayos, bolivianos e incluso chilenos que en similar modo debieron padecer las consecuencias de esa íntima afinidad de modelos políticos autoritarios que azotó a esta parte del continente.

Testimonio de Osiris Irineo Ayala - Legajo N° 6364:
“En una de esas oportunidades estuve con un grupo de gente y un guardia hablando en idioma guaraní dice: ‘Hay uno que no es paraguayo, dígale al capitán Espada que nosotros no queremos llevar gente que no sea paraguaya’”.

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Es de destacar que, en el lugar al que se refiere el Sr. Ayala, solo quedó él de las catorce personas que se encontraban detenidas. 

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IV. Los documentos

A. Documentación. B. Registro de detenidos-desaparecidos: Falsificación de documentos; Adulteración de documentos. C. El lucro de la represión: Caso Gómez-Cerrutti-Palma - Legajos N° 6321,293.

El gobierno de Raúl Alfonsín convocó a la Conadep para que localizara principalmente el paradero de les desaparecides. En este capítulo, la Comisión se toma el trabajo de explicar por qué no lo logró. Para eso da cuenta de los sistemas de acopio de información militar, de sus archivos, sus legajos y de la forma con la que impidieron sistemáticamente el acceso al material. “¿Dónde está hoy ese inmenso cúmulo de material escrito que, necesariamente, tuvieron en sus manos quienes pusieron en funcionamiento tan vasto como siniestro mecanismo?”, se preguntan.
Con el tiempo, les investigadores del terrorismo de Estado concluyeron que sería muy difícil encontrar un documento completo que permitiera conocer el destino de les desaparecides. Sin embargo, la burocracia estatal, que siguió operando durante la dictadura, dejó pistas y señales que sirvieron para reconstruir algunos casos. Además, fueron apareciendo en distintas provincias papeles, expedientes y registros que, aunque parciales, permitieron confirmar el modo en que se llevó a cabo el plan del terror.
El archivo más completo hallado hasta el momento es el de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), que contiene cerca de 4 millones de folios, 750 casetes de video y 160 de audio en los que se registró la persecución político-ideológica a lo largo de medio siglo.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Exhumación de cadáveres enterrados como NN en el Cementerio de Ezpeleta. Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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Es posible que la “lista” que reclaman les familiares de las víctimas con el destino de cada une de Ies desaparecides -o un registro de ese tipo- exista o haya existido. Pero los represores se niegan a dar esa o cualquier otra información.
En los últimos años, Estados Unidos desclasificó 4.677 documentos secretos del Departamento de Estado sobre la dictadura argentina. Esos papeles demostraron que lo que los militares callaban y ocultaban en público lo admitían sin tapujos ante funcionaries de la Embajada norteamericana. También proporcionaron datos concretos sobre el intercambio de información y prisioneres con otros países en el marco del Plan Cóndor.
En el año 2006, el Ministerio de Defensa de la Nación ordenó la apertura de los archivos secretos de la dictadura como aporte al esclarecimiento de causas por violaciones a los derechos humanos. En la actualidad, esta documentación se encuentra a disposición de la ciudadanía con el fin de garantizar el derecho ciudadano y democrático de libre acceso a la información.
En el año 2010 el Poder Ejecutivo dictó el decreto 4/2010 para la desclasificación de toda “la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas” durante la dictadura como aporte para el esclarecimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos. Pese a que gran cantidad de la documentación ya estaba a disposición de la Justicia, hasta entonces se necesitaba un decreto especial para autorizar cada desclasificación y legalizar la utilización en las investigaciones. En la actualidad, esta documentación se encuentra a disposición de la ciudadanía con el fin de garantizar el derecho ciudadano y democrático de libre acceso a la información.

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A. DOCUMENTACIÓN
Por la labor realizada durante el funcionamiento de la Comisión se ha podido determinar que existió un cúmulo importante de documentación que se ha destruido o que se mantiene oculta por los autores del accionar represivo.
Todo el inmenso y complejo dispositivo montado para llevar a cabo la actividad represiva clandestina, la gigantesca infraestructura que ello requirió, fue producto de órdenes, disposiciones, comunicaciones, actas, que ineludiblemente debieron haberse escrito y registrado.
Se dispuso de ingentes recursos, se afectó personal, se realizaron grandes construcciones y se refaccionaron edificios enteros para adecuarlos como centros clandestinos de detención. Ello supone la existencia de la documentación imprescindible para acometer semejante empresa.
Todos los secuestrados eran identificados; se confeccionaban expedientes completos relativos a cada uno de ellos, con copias que se distribuían entre los distintos organismos de seguridad e inteligencia.
¿Dónde está hoy ese inmenso cúmulo de material escrito que, necesariamente, tuvieron en sus manos quienes pusieron en funcionamiento tan vasto como siniestro mecanismo?
Solamente una mínima parte de tal documentación ha podido ser individualizada, en la ardua tarea de investigación, y es en base a ella que podemos reconstruir parte del rompecabezas del terror que reinó en el país.
Distintos medios periodísticos dieron cuenta de información brindada por el Ministerio del Interior, indicando que se había logrado individualizar órdenes impartidas por autoridades del gobierno militar tendientes a destruir la totalidad de la documentación secreta relacionada con el accionar represivo.

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Exhumación de cadáveres enterrados como NN, en el Cementerio de Avellaneda. Autor: Roberto Pera (1984). Fototeca ARGRA.

El propio ex presidente de facto Gral. Reynaldo Benito Bignone, por decreto N° 2726/83 -de carácter no público- impartió las directivas a fin de que se procediera a “dar de baja” la documentación obrante sobre las personas que hubieran estado detenidas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en virtud de la aplicación del estado de sitio.
Las limitaciones con que se encontró la Comisión en su tarea investigativa fueron oportunamente denunciadas al Sr. presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, por nota del 3 de mayo de 1984 en la que se expresaba:

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“...Resulta indudable que el Gobierno de las ex Juntas Militares -a través del control absoluto establecido para garantizar el monopolio del ejercicio de la fuerza por el Estado- recibió, registró y archivó la información pormenorizada de esa situación. Por otra parte, la legitimidad formal que debieron presidir los métodos y procedimientos utilizados en la llamada lucha antisubversiva -supuesto en el que invariablemente se colocan los señores ex comandantes, altos jefes y oficiales que aparecen involucrados- torna ineludible la existencia de un mínimo de requisitos documentales que se derivan, por otra parte, del carácter institucional que asumió la represión. Cuando menos, la instrucción de sumarios que antecedan las decisiones de culpabilidad o inocencia, el registro del nombre de las personas detenidas o muertas, así como también de los lugares donde fueron encarceladas o enterradas. Sin embargo, poco de ello nos fue posible hasta el momento obtener. Al pertinaz silencio asumido por quienes, sabiéndose responsables, colocan sus acciones en el anonimato bajo el recurso del secreto militar, se suma la incompleta, tardía o nula respuesta a nuestros requerimientos. Es decir, el principal cometido que se le asignó a esta Comisión -la determinación del paradero de las personas desaparecidas- tropieza con una falta esencial de información documental acerca de las órdenes operativas específicas de la acción represiva, la individualización de las personas detenidas, procesadas, sentenciadas, liberadas o ajusticiadas y los lugares donde se las detuvo o se les debió dar civilizada sepultura”. 

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Se ha logrado de hecho, por vía de la destrucción u ocultamiento de la documentación, invertir la carga de la prueba sobre los gravísimos hechos cometidos durante el Gobierno de facto, transfiriendo a esta Comisión, al Poder Judicial y a la ciudadanía en general la dificultosa labor de reconstruir lo ocurrido con la escasa documentación encontrada. No obstante, en base a las declaraciones obtenidas de liberados, familiares de desaparecidos, efectivos de fuerzas de seguridad y contando con los pocos documentos hallados, se ha logrado conocer lo fundamental de la acción represiva ilegal que se llevó a cabo.

B. REGISTRO DE DETENIDOS-DESAPARECIDOS
Las personas detenidas y trasladadas a un centro clandestino de detención eran interrogadas, la mayoría de las veces bajo apremios ilegales, sobre sus datos filiatorios y acerca de las actividades políticas, gremiales o estudiantiles que desarrollaban.
En todos los casos se confeccionaban “fichas” para cada detenido, asignándoseles un número por el cual serían identificados durante el cautiverio. En muchos centros de detención se fotografiaba a las personas, llegándose a grabar las declaraciones obtenidas.
Destacamos que testimonios recogidos de liberados de distintos centros del país, en los más diversos puntos del territorio, son coincidentes sobre este particular.
Se ha podido corroborar que los datos obtenidos en los centros de detención se enviaban a los distintos servicios de inteligencia de las diferentes fuerzas o de comandos conjuntos.
La existencia de documentación se ha revelado con el conocimiento de las “Directivas del Comandante en Jefe del Ejército N° 504/77” del 20 de abril de 1977, emitidas por el entonces comandante en jefe del Ejército, Gral. Jorge Rafael Videla, compuestas por un cuerpo principal y 15 anexos. Contienen detalladamente cómo se debía proceder al efectuar algún tipo de acción.

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Falsificación de documentación
La operatoria del aparato terrorista contó, de acuerdo a testimonios obtenidos, con una estructura administrativa destinada a falsificar documentación que se utilizaría para la consumación de nuevas acciones delictivas.
Tal aseveración resulta acreditada esencialmente en el funcionamiento del centro de detención que se instaló en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Los testimonios coincidentes de Miriam Lewin de García (Legajo N° 2365), Lázaro Jaime Gladstein (Legajo N° 4912) y Víctor Melchor Basterna (Legajo N° 5011) indican que en su calidad de detenidos- desaparecidos debieron prestar tareas en el sótano del Casino de Oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba una imprenta destinada a producir documentación falsa: “pasaportes, cédulas de identificación, títulos de propiedad, registros de conductor, credenciales de la Policía Federal, títulos universitarios, etc.”.
La conducta delictiva descripta constituye un elemento sustancial para facilitar la realización de otros delitos que aparecen detallados en este informe: venta de propiedades, utilización de vehículos robados, ocupación de viviendas que pertenecían a los desaparecidos, entrada y salida del país de los integrantes de los Grupos de Tareas y su infiltración en los diversos sectores y actividades de la sociedad.

Víctor Melchor Basterra (Legajo N° 5011) relata:

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“...Desde mediados de enero le asignaron tareas en documentación, que funcionó en el Sector 4, en el sótano. Allí la documentación se confeccionaba sobre la base de formularios para distintos tipos de documentos personales: DNI, cédula, registro de conductor, pasaporte, policía federal, tarjetas de identificación naval... De tal modo que si un determinado integrante del Grupo de Tareas necesitaba una documentación que no fuera la auténtica, se consultaba la lista de sosías, y se sacaba el que más semejanza, como por ejemplo, por edad, pudiera tener con él. Entonces se hacía todo un juego de documentación falsa, según lo que este integrante del Grupo necesitare, pero aportando los datos del otro...”.

Adulteración de documentos
La investigación realizada ha permitido conocer en algunos casos la adulteración y ocultamiento de documentación existente con la finalidad de borrar vestigios del accionar delictivo.
Es ilustrativo el caso de Silvia Isabella Valenzi (Legajo N° 3741), quien, estando secuestrada en el Pozo de Quilmes, fue llevada a dar a luz al Hospital de Quilmes, novedad que fuera anotada en el libro de partos del Hospital, como asimismo el nacimiento de su hija Rosa Isabella Valenzi.
El libro de partos aludido, cuya copia fuera obtenida por esta Comisión, aparece en su hoja 156 groseramente testado, habiéndose insertado la mención NN, donde constaba el nombre de la paciente Silvia Isabella Valenzi, y al lado del número 82019 donde figura el nacimiento de Rosa Isabella Valenzi se ha aditado: “falleció”.
La enfermera y la partera del Hospital fueron secuestradas por el “delito” de poner en conocimiento de los familiares de Silvia Isabella Valenzi los hechos relatados.

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C. EL LUCRO DE LA REPRESIÓN
Pese a que ya está dicho, conviene reiterarlo especialmente: las violaciones de derechos cometidas por los encargados de la represión no se agotaron en los ataques a la libertad e integridad física de las personas. Otros bienes jurídicos como la propiedad y la fe pública se vulneraron también, simultáneamente y casi como sistema, para facilitar el traspaso de bienes fraguando o simulando transacciones inexistentes. Falsas escrituras, falsos documentos, falsos títulos y registros de automotores, se dieron, en muchos supuestos, para perfeccionar la rapiña o el saqueo. Nos referimos a una serie de delitos en el curso de la política oficial de desaparición de personas, sin perjuicio de los innumerables ilícitos económicos que involucran a los gobernantes de facto durante su gestión y que escapan a lo que es objeto de la presente investigación.
Los mentores del denominado Proceso de Reorganización Nacional utilizaron muchas veces el término “ilícitos” con el propósito, quizá, de definir así los aspectos lucrativos de los “excesos” que ellos mismos reconocieron haber cometido durante la lucha antisubversiva.

Caso Gómez - Cerutti - Palma - Legajos N° 224 - 543 - 749 
Este es un caso de singular relieve que, además de haber originado una presentación ante esta Comisión por los familiares directos, también dio origen a distintas causas penales que se instruyeron aun en Tribunales de esta Capital Federal y de la provincia de Mendoza. Los antecedentes, en síntesis, son los siguientes:

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En la mañana del 10 de enero de 1977 el abogado Conrado Gómez, padre de cinco criaturas y asesor profesional de la empresa Cerro Largo S.A., es secuestrado de su estudio jurídico por unos 10 hombres armados que durante el procedimiento roban dinero, máquinas de oficina y un automóvil, propiedad de la víctima; al día siguiente desaparece Horacio Mario Palma, presidente de la citada empresa Cerro Largo S.A., el que es secuestrado en su domicilio particular por un grupo de personas armadas; al otro día, 12 de enero de 1977, desaparecen Victorio Cerutti, de 76 años de edad, industrial vitivinícola y principal accionista de Cerro Largo S.A. y Omar Masero Pincolini, yerno del anterior. En ambos casos los secuestradores actuaron con violencia robando todo cuanto pudieron cargar. El 27 de enero de 1977 en horas de la madrugada, un grupo de personas con ropas de fajina del Ejército, que se desplazaba en camiones, saqueó totalmente el estudio jurídico del Dr. Conrado Gómez, ubicado en el 1er. Piso de la Avda. Santa Fe a pocos pasos de la Avda. Callao; al mes siguiente otro grupo armado se presenta en un stud situado en Paso de los Libres en el que había varios ejemplares de caballos de carrera propiedad también del desaparecido Dr. Conrado Gómez. Esos caballos fueron sacados de allí en abril y mayo de 1977 por personal uniformado del Ejército y con una orden suscripta por el coronel Medrano, por entonces jefe del Destacamento de Paso de los Libres, los que luego fueron transferidos a una persona llamada Juan Héctor Ríos, según respuesta que el Jockey Club de Buenos Aires dio a esta Comisión ante un requerimiento concreto respecto a la actual titularidad de los mismos. En ese informe consta que esa titularidad se desplazó a otra persona el 7 de febrero de 1977, es decir, casi un mes después de la desaparición de su dueño. De igual manera y cuando habían transcurrido casi 4 meses del secuestro y desaparición de Victorio Cerutti, todo su patrimonio localizado en Chacras de Coria en el Departamento Luján de Cuyo, Mendoza, es adquirido por un tal Federico Williams para la empresa Will-RI S.A. 

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Cuando en abril de 1976 el hijo de don Victorio Horacio Cerutti, juntamente con su socio Raúl Magalio venden el paquete accionario de la Sociedad Establecimiento Vitivinícola Francisco P. Calise S.A. a los Dres. Tamagnini, Echeverri y Mota por un valor de doscientos mil dólares, se suceden otras alternativas no menos significativas: el 16 de abril, fuerzas del Ejército realizan un procedimiento en la sede de la sociedad cuyas acciones acababan de transferirse y también en el domicilio particular de los protagonistas, todos los cuales son detenidos. Una semana después Echeverri sale en libertad, mientras que los demás son puestos a disposición del Poder Ejecutivo y recién son liberados en octubre de 1976, en tanto que Horacio Cerutti sale en libertad en diciembre de ese año y opta por radicarse en el extranjero. Como el profesional que había actuado como asesor de esta operación era el Dr. Juan Carlos Malagarriga, el Sr. Echeverri a quien Tamagnini y Mota le habían hecho cesión de sus derechos, le comunica que ha decidido abonar de una sola vez todo el importe de la deuda; el Dr. Malagarriga le manifiesta a Echeverri que en tal caso tendrá que consignar judicialmente ese dinero a la orden de los vendedores, ya que en ese momento no estaban en el país. Este pago se hizo en las oficinas del Banco de la Nación Argentina, casa Central, en la que se desempeñaba el Dr. Malagarriga. El Sr. Echeverri llegó allí acompañado por su esposa, un profesional y otras personas que no se dieron a conocer; finalizada la operación y cuando el Sr. Echeverri se retiraba de la oficina, un par de acompañantes que se identificaron como capitán Carlos Alberto Villanueva y César Hunts, 2do. comandante de Gendarmería, procedieron a apropiarse del dinero que se debía consignar. Con el único argumento de que ese dinero provenía de actividades subversivas se lo apropiaron y desaparecieron.
De Conrado Gómez, Horacio Palma, Victorio Cerutti y Omar Raúl Masero Pincolini no se tuvo jamás noticia alguna.

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V. Víctimas

A. Niños desaparecidos y embarazadas: Nacimientos en cautiverio; El Hospital Campo de Mayo; Las familias - Las abuelas; Secuelas en los niños; La identificación. B. Adolescentes: Estudiantes secundarios. C. La familia como víctima: Los familiares-rehenes; Familias desaparecidas; Personas mayores de 55 años que permanecen desaparecidas. D. La represión no respetó inválidos ni lisiados.
E. Religiosos: El caso de los Padres Palotinos; El caso del obispo de La Rioja, Monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias. F. Conscriptos: Modalidades de detención. G. Desaparición de periodistas: Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh. H. Gremialistas; El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín impidieron avanzar con los juicios contra los culpables de secuestros, torturas y asesinatos. Pero no ampararon lo que esa gestión consideró “excesos”: las violaciones y el robo de bebés, hijes de desaparecides. Los organismos de derechos humanos criticaron esta calificación puesto que consideraron que todos los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención eran parte del mismo sistema de tormentos y exterminio implantado por la dictadura. Pero por este resquicio jurídico se pudo seguir investigando el destino de les niñes robades y buscar la condena para los culpables.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una mujer con pañuelo blanco en su cabeza llorando mientras otra, también con pañuelo blanco, la abraza y besa en la cabeza. La imagen se encuentra acompañada del siguiente epígrafe: “Madres de Plaza de Mayo. Autor: Daniel García (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Actualmente, la Justicia considera que la apropiación de menores fue una práctica sistemática durante la última dictadura cívico militar. Así lo estableció un fallo del año 2012 conocido como Plan Sistemático de Robo de Niños, durante el cual Jorge Rafael Videla fue condenado a 50 años de prisión. Las Abuelas de Plaza de Mayo calculan que fueron 500 les chiques secuestrades junto con sus padres y madres o que nacieron durante el cautiverio de sus madres y luego fueron apropiades. Hasta el momento, lograron recuperar su identidad 130 personas.
En 2014 recuperó su identidad Ignacio Guido Montoya Carlotto, nieto de la titular de abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Hace ya tiempo, las Abuelas comprendieron que les niñes que buscaban habían crecido. Y eso les hizo cambiar de estrategia. Buscaron generar la duda sobre la identidad en les jóvenes que habían nacido entre 1976 y 1983 y que por algún motivo podían sospechar que eran hijes de desaparecides. Recitales, obras de teatro, presencia en partidos de fútbol, entre otras cosas, hicieron que fueran muches les nietes que se acercaron a las Abuelas, en vez de que ellas fueran a buscarlos.
En este capítulo, la Comisión analizó el caso de les bebés apropiados y los nacimientos en Centros Clandestinos de Detención. Pero también se preocupó por las secuelas sufridas por les chiques que presenciaron el secuestro o las sesiones de torturas de sus padres y madres. Les adolescentes desaparecides, como el caso de les estudiantes de La Noche de los Lápices, y les ancianos merecieron un comentario destacado. Además, la Conadep estudió especialmente las peculiaridades de la represión sufrida por personas con discapacidad, religioses, conscriptos, periodistas y gremialistas.

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A. NIÑOS DESAPARECIDOS Y EMBARAZADAS
“Ay de aquel que escandalizare a un niño...”, dicen las Escrituras. Nunca, quizás, como en los casos de este capítulo, este escándalo, esta sentencia, se convierte en una espantosa realidad.
Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto decidieron de la vida de aquellas criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra.
Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo una profunda herida abierta en nuestra sociedad.
Un grupo familiar destrozado fue el de los Poblete (Legajo N° 3684). El padre, José Liborio Poblete, chileno, técnico tornero, tuvo la desgracia de perder sus piernas en un accidente automovilístico. En un centro de rehabilitación del barrio de Belgrano en la Capital Federal, conoció a Gertrudis Marta Hlaczik, también inválida, y se casó con ella. Ambos pertenecían al grupo Cristianos por la Liberación. Tuvieron una hija, Claudia Victoria, que tenía 8 meses de edad el 28 de noviembre de 1978.
Aquel día secuestraron a José Poblete en Plaza Once. Casi en forma simultánea un grupo de hombres con uniformes de la Policía de la Provincia -posteriores investigaciones señalaron que se trataba de la Brigada de Lanús- secuestró en el domicilio de ambos a Gertrudis Hlaczik con su hija en brazos.
Nunca se obtuvo información oficial sobre el paradero de los tres integrantes de esta familia, pero por el relato de algunos liberados del campo “El Olimpo” se sabe que la niña solo permaneció dos días en el Olimpo. Luego fue retirada de allí con destino incierto. Tanto Gertrudis como José Liborio -a quien los represores llamaban “Cortito” como burla por su falta de piernas- fueron brutalmente torturados. 

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Según testimonios recogidos en esta Comisión y en Amnesty International, José Liborio Poblete fue sacado en su silla de ruedas en un “traslado” en 1979: “...dos días después vimos su silla de ruedas tirada en un rincón de la playa de estacionamiento...”, coinciden dos sobrevivientes.
La desesperada, premiosa búsqueda de abuelos y, en ciertos casos, de padres de criaturas desaparecidas puede considerarse como una síntesis intransferible de dolor y angustia frente al hecho de que, en algún lugar, junto a personas desconocidas está creciendo una criatura sin vínculo alguno con su familia, con su gente y a veces hasta extrañada de su propio país.

Nacimientos en cautiverio 
Corresponde ahora referirse a las dolorosísimas condiciones en que vivieron y dieron a luz las embarazadas en cautiverio.
Los testimonios recogidos de personas que soportaron el encarcelamiento en el centro de detención clandestino de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) afirman que:

“...a nuestra llegada a la ESMA, vimos a muchas mujeres tiradas en el suelo, en colchonetas, que esperaban el nacimiento de sus hijos” (del testimonio de Sara Solarz de Osatinsky y Ana María Martí - Legajo N° 4442).

“Una vez nacida la criatura, la madre era ‘invitada' a escribir una carta a sus familiares a los que supuestamente les llevarían el niño. El entonces director de la ESMA, capitán de navío Rubén Jacinto Chamorro, acompañaba personalmente a los visitantes, generalmente altos mandos de la Marina, para mostrar el lugar donde estaban alojadas las prisioneras embarazadas, jactándose de la ‘Sardá’ (que es la maternidad más conocida de Buenos Aires) que tenían instalada en ese campo de prisioneros..." (Legajo N° 4442).

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Siguen relatando las deponentes que:

“...por comentarios supimos que en el Hospital Naval existía una lista de matrimonios de marinos que no podían tener hijos y que estarían dispuestos a adoptar hijos de desaparecidos. A cargo de esta lista estaba una ginecóloga de dicho nosocomio...".
El relato del parto de María del Carmen Moyano en la ESMA es por demás ilustrativo: “...al sentir las primeras contracciones fue descendida al sótano de la ESMA donde estaban ubicadas la sala de tortura y la enfermería”. Ante los gritos desesperados de María del Carmen Moyano, los médicos acceden a que esté presente su compañera detenida, Sra. Solarz de Osatinsky, quien fue conducida hasta allí, engrillada. Al no poder soportar los ruidos de los grilletes provocados por la Sra. de Osatinsky al desplazarse a su alrededor, suplica que se los quiten, circunstancia que le es negada. En medio de su desesperación y sus gritos nace una niña. Las testimoniantes vieron a María del Carmen Moyano hasta aproximadamente ocho días más. Fue trasladada junto con otra madre sin sus hijos por personal del III Cuerpo de Ejército. A las pocas horas de haber sido llevadas sus madres, los niños fueron retirados por el suboficial conocido como “Pedro Bolita” (Testimonios de Martí y Osatinsky). Hasta la fecha no han vuelto a tenerse noticias ni de las madres ni de sus niños.
En el sobrecogedor testimonio de Adriana Calvo de Laborde, veremos cómo vivían las mujeres embarazadas el crucial momento de dar a luz en cautiverio (Legajo N° 2531):

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“...el 12 de marzo, Inés Ortega de Fossatti, otra detenida, inició su trabajo de parto. Nos desgañitamos llamando al ‘cabo de guardia’ (así se hacía llamar). Pasaron las horas sin respuesta. Como yo era la única con experiencia la ayudé en lo que pude. Ella era primeriza y tenía 17 o 18 años. Por fin, después de doce horas se la llevaron a la cocina y sobre una mesa sucia, con la venda en los ojos y frente a todos los guardias, tuvo a su bebé ayudada por un supuesto médico que lo único que hizo fue gritarle mientras los demás se reían. Tuvo un varón al que llamó Leonardo. La dejaron 4 o 5 días con él en una celda y después se lo llevaron diciéndole que el coronel quería verlo. Aparentemente alguien llenó una planilla con los datos del bebé...”. [...] “... el 15 de abril comenzó mi trabajo de parto. Después de 3 o 4 horas de estar en el piso con contracciones cada vez más seguidas y gracias a los gritos de las demás, me subieron a un patrullero con 2 hombres adelante y una mujer atrás (a la que llamaban Lucrecia y que participaba en las torturas). Partimos rumbo a Buenos Aires, pero mi bebita no supo esperar y a la altura del cruce de Alpargatas, frente al Laboratorio Abbott, la mujer gritó que pararan el auto en la banquina y allí nació Teresa. Gracias a esas cosas de la naturaleza el parto fue normal. La única atención que tuve fue que con trapo sucio ‘Lucrecia’ ató el cordón que todavía la unía a mí porque no tenían con qué cortarlo. No más de cinco minutos después seguíamos camino rumbo a un teórico ‘hospital’. Yo todavía seguía con los ojos vendados y mi beba lloraba en el asiento. Después de muchas vueltas llegamos a lo que después supe era la Brigada de Investigaciones de Bánfield (Pozo de Bánfield). Allí estaba el mismo médico que había atendido a Inés Ortega de Fossatti. 

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En el auto cortó el cordón y me subieron uno o dos pisos hasta un lugar donde me sacaron la placenta. Me hicieron desnudar y frente al oficial de guardia tuve que lavar la camilla, el piso, mi vestido, recoger la placenta y, por fin, me dejaron lavar a mi beba, todo en medio de insultos y amenazas. Al entrar en el edificio me sacaron la venda de los ojos diciendo que ‘ya no hacía falta’, por lo que todo lo demás fui viéndoles las caras...”.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada por el siguiente epígrafe: “Marcha por la Vida en la Plaza de Mayo. La Policía reprime a les manifestantes; entre ellos está Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo. Autor: Eduardo Longoni (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

El Hospital Campo de Mayo
Uno de los hechos más oprobiosos que la Comisión Nacional pudo conocer e investigar sobre los alumbramientos en cautiverio de jóvenes desaparecidas fue lo ocurrido en ciertos sectores del Hospital de Campo de Mayo.

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En dicho Hospital se produjeron gravísimos hechos que han sido denunciados a la Justicia por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas el 14-8-84.
De los testimonios recibidos resulta lo siguiente:
a)	en el Servicio de Epidemiología se alojaban detenidas cuyo ingreso no era registrado;
b)	que estas detenidas eran mujeres en estado de gravidez;
c)	que permanecían en estas dependencias vendadas o con los ojos cubiertos con anteojos negros y custodiadas;
d)	que en la mayor parte de los casos eran sometidas a operaciones de cesáreas y que después del parto el destino de la madre y el hijo se bifurcaba, desconociéndose totalmente el lugar adonde eran trasladados.
De los testimonios mencionados, el del Sr. C. C. (cuyos datos personales completos figuran en la respectiva presentación judicial) aporta una serie de datos por demás esclarecedores. El declarante, que se presentó en forma espontánea ante la Conadep el 30 de enero de 1984, relata que siendo enfermero con grado de cabo primero, prestó servicio en el Hospital Campo de Mayo durante los años 1976 y 1977 y que pudo comprobar en las habitaciones individuales del servicio de Epidemiología, Sala de Hombres, la permanencia de mujeres embarazadas en trance de tener familia, atadas de pies y manos a las camas y con suero permanente para acelerar el proceso de parto.
C. C. vio personalmente en esas condiciones a cuatro o cinco mujeres que creía eran extremistas, custodiadas por personal de Gendarmería Nacional, pero también tenía conocimiento por sus compañeros de servicio que había un movimiento permanente de embarazadas en esa sala y que el sargento carpintero de apellido Falcón había violado a una de ellas siendo sancionado con diez días de arresto por este hecho pero que, luego de cumplirlos, había seguido normalmente en servicio. Agrega que, cuando llegaba el momento del trabajo de parto, las prisioneras eran transportadas, presumiblemente por la noche, al servicio de Ginecología y Obstetricia, cuyo jefe era el mayor Caserotto. 

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A través de comentarios generalizados del personal del Hospital sabe también que, una vez nacido el hijo, las prisioneras eran separadas del niño e inmediatamente desaparecían del Hospital de Campo de Mayo con destino desconocido. En cuanto a los niños permanecían en el servicio de nursery.
El testigo C. C. relata también que, estando de guardia, vio a las prisioneras embarazadas. Siempre tenían los ojos vendados y, por referencias, supo que después del parto eran llevadas a los hangares de Campo de Mayo.
Recuerda que en una oportunidad fueron llevadas al Hospital alrededor de 40 o 50 personas de ambos sexos, encapuchadas y atadas de pies y manos hacia la espalda, completamente inmovilizadas. Eran bajados de unos vehículos cerrados, especie de furgones, como si fueran bultos, ya que carecían de todo movimiento y permanecieron tirados en el suelo de la Sala de Epidemiología, donde él los vio fugazmente.
También relata que todas las noches salía un avión de transportes Hércules del campo de aterrizaje de la base de Campo de Mayo. Era un tipo de avión inconfundible, que salía siempre con rumbo sureste. La hora de salida era entre las 23 o 24 horas, regresando aproximadamente entre la 1.00 y la 1.30 horas de la madrugada, en un vuelo que no excedía una hora de duración. Se decía que llevaban personas que eran tiradas al mar. Y con referencia a las 40 o 50 personas que viera C. C. una mañana en la Sala de Epidemiología, lo que más llamó su atención fue el completo silencio e inmovilidad de las mismas aunque era evidente que estaban con vida por la falta de rigidez que presentaban.

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Las familias - Las abuelas
La situación de los familiares de las prisioneras en estado de gravidez era harto angustiante y peculiar.
Así, como en muchos otros casos, la Sra. Estela B. de Carlotto -vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- (Legajo N° 2085) recibió, a través de una carta anónima de quien había compartido el cautiverio con su hija Laura Estela, noticias de que esta se encontraba bajo “Fuerzas de Seguridad” y con su marido, también secuestrado. Posteriormente, se enteró a través de una persona liberada:

“que su embarazo continuaba adelante, que nos mandaba un mensaje a su papá y a mí para que estuviéramos atentos al momento en que naciera su bebé, que iba ser en junio de 1978, que lo buscáramos en la Casa Cuna y que, si era varón, le iba a poner el nombre de mi esposo: Guido. Cuando llegó la fecha aproximada del nacimiento de mi nieto yo, en ese momento, estaba ejerciendo como docente y me jubilé para poder criarlo. Como si fuera su madre comencé a preparar su ajuar. Yo tuve cuatro hijos, Laurita era la mayor. Comencé a hacer lo que ella me había mandado decir: buscar el bebé en la Casa Cuna de La Plata, de Buenos Aires, en los Juzgados de Menores, en todo lugar donde pudiera haber pasado algún chiquito, siempre con resultados negativos, sin ninguna respuesta. Mientras tanto, el 25 de agosto de 1978, recibimos en mi domicilio de La Plata una notificación de la Comisaría de la zona donde se nos citaba a los padres de Laura Estela Carlotto a la Subcomisaría de Isidro Casanova. Pensamos que podríamos dar con ella, con el bebé. También pensamos que ya era la muerte. Llegamos y efectivamente, el subcomisario, respondiendo a directivas del área operacional 114 nos muestra un documento, el documento de mi hija, en perfecto estado y nos pregunta si somos familiares de esa persona. 

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Le dijimos que sí, que éramos los padres y nos informa de su fallecimiento. Por supuesto que no fue fallecimiento sino un asesinato frío y premeditado por parte del Ejército. Mi hija había sido asesinada en la madrugada del 25 de agosto fraguando una mentira enorme: de que iba en un automóvil y no acató la orden de detención y por lo tanto fue eliminada. No pude verla. No me dejaron verla. Mi esposo y familiares me dijeron que me quedara con la imagen que tuve siempre de ella. Ese rostro feliz, ese rostro de una joven argentina pujante, idealista, luchadora. Porque tenía el rostro destrozado por un itakazo disparado a quemarropa. Y tenía el vientre también destrozado, seguramente para que no pudiera comprobar el nacimiento de mi nieto. Cuando pregunté al subcomisario por el bebé, él me dijo que desconocía totalmente la existencia de algún niño... Por gente liberada he sabido que es un varón, que nació el 26 de junio de 1978. Hace poco ha cumplido seis años. Yo lo sigo buscando. Lo seguiré buscando todos los días de mi vida”.

Idéntico espíritu demuestran las demás Abuelas de Plaza de Mayo que en una larga vigilia y con similar congoja cumplen una constante labor.

Secuelas en los niños 
Muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y durante su cautiverio sufrieron toda clase de vejámenes. Algunas obtuvieron la libertad y pudieron dar a luz en sus domicilios o en hospitales. Sin embargo, tanto ellas como sus niños reflejaron después las secuelas de ese “descenso al infierno”. Secuelas difícilmente superables aun con tratamientos clínicos y psicológicos que en todo caso demandan por parte de la madre y del niño un enorme esfuerzo para su reinserción familiar y social.

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Gladys de H. (Legajo N° 4178) fue secuestrada en el año 1979, detenida en un centro clandestino y allí sometida a tortura pese a estar embarazada de seis meses. De esas torturas, las más graves imaginables: fue violada, picaneada, golpeada sistemáticamente y una vez ligeramente repuesta de nuevo conducida al mismo “tratamiento”. Quedó en ella, en su cuerpo y en su psiquis, una marca imborrable.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una mujer con una niña a upa gritando en una manifestación. Ambas llevan pañuelo blanco en sus cabezas. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Los pañuelos blancos, un símbolo de lucha. Autora: Adriana Lestido (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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“No podía conciliar el sueño. Todo volvía a repetirse una y otra vez. Todo desde los alaridos de mis compañeros de infortunio hasta los míos propios...”.

A los tres meses de liberada, nace en término normal su hijo Darío H. Pero como resultado de la tortura que sufriera su madre durante el embarazo el niño acusa, al poco tiempo, un desequilibrio neurovegetativo, que se conoce como “hipoacusia bilateral”. Los médicos tratantes del Centro Médico de Investigaciones Clínicas llegan a la conclusión de que la patología clínica sería el resultado de la aplicación de shocks eléctricos a la madre al momento de la gestación del niño, lo que provocó la formación de hematomas que harán crisis a medida que el niño pase por las diversas etapas de su desarrollo evolutivo.
El niño Marcelo Barbagallo, en abril de 1976, sufrió el abandono forzado de sus padres, detenidos en su hogar junto a su hermana Elena Isabel de 19 años y su prima Nora Chelpa de 22 años, embarazada. Durante el episodio Marcelo fue sometido a malos tratos por parte de quienes efectuaban el procedimiento, que durante dos horas permanecieron en la casa saqueando todo tipo de bienes: radio, sábanas, televisor, dinero, etc., siempre en presencia del niño. Desde entonces el menor quedó bajo la custodia de su abuela materna de 70 años de edad. Esta relata que su nieto pasaba largas horas frente a la ventana aguardando el regreso de sus padres. Desde la ausencia forzada de estos, Marcelo Barbagallo comenzó a dormir en el mismo lecho con su abuela. Nunca más tuvieron noticias de sus padres y familiares. En octubre de 1982, su abuela lo encontró muerto al despertar. En el acta de defunción consta “paro cardíaco”; tenía solo 12 años.
Cada vez que los niños sufrieron en carne propia la tortura, cuando vieron torturar a sus padres entraron en el universo del horror, las consecuencias fueron imprevisibles, llegando en el siguiente caso a producirse fenómenos tan inesperados como el suicidio de criaturas de corta edad.

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Alicia B. de Morales de Gambia (Legajo N° 5187) relata:

“Vivía en Mendoza con mis hijos, Paula Natalia y Mauricio, de un año y medio y dos meses, respectivamente. Con nosotros vivía también una amiga, María Luisa Sánchez de Vargas y sus dos hijos, Josefina, de cinco años, y Soledad, de un año y medio. El 12 de junio de 1976, alrededor de las 23 hs, estábamos María Luisa y yo en la cocina, cuando escuchamos golpes y vimos irrumpir [...] un tropel de gente. Sin darnos cuenta ni tomar conciencia de la situación, nos golpearon y nos vendaron. Ante el estrépito y las voces, los niños se despertaron llorando frenéticamente. Los hombres revolvieron toda la casa rompiendo lo que encontraban a su paso mientras me preguntaban repetidas veces por mi marido. Cada tanto hacían ruido seco con el cerrojo de sus armas de sus armas como si fueran a disparar. [...] nos hicieron salir de la casa y nos introdujeron en un coche, [...] y nos llevaron a lo que según supe después, era [...] el Palacio Policial de Mendoza. Nos metieron en un recinto vacío y por varias horas se llevaron a Mauricio, mi hijo de dos meses. [...] Recién después de varias horas me lo devolvieron [...] Durante dos días los cuatro niños quedaron con nosotras. Josefina y Paula no aguantaban el encierro. Lloraban y golpeaban la puerta pidiendo salir.
En un momento dado uno de los carceleros sacó del lugar solamente a Josefina. [...] Cuando la devolvieron, [...] contó que la habían llevado a la terminal de ómnibus para reconocer ‘gente’. Tiempo después vinieron a llevarse a los cuatro niños, que fueron entregados a sus respectivos abuelos. 

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Después nos separaron a María Luisa y a mí. [...] Un día, uno de los carceleros me informó que traerían a María Luisa a mi celda. [...] Ella era realmente otra persona, el dolor la había envejecido. Me contó llorando que [...] había podido ver a su marido, José Vargas. El también había estado detenido allí. Actualmente figura en la lista de desaparecidos. [...] José le contó a su esposa que la hijita de ambos, Josefina, había estado presente en una de las sesiones de torturas. La habían hecho presenciar el sufrimiento de su padre para que este hablara. [...] Hace unos días, me dijo, me llevaron a la casa de mis padres, en San Juan. [...] me llevaban para asistir a un velorio. ¿Y sabés de quién era?, de mi mayorcita, de mi Josefina. Cuando María Luisa le preguntó a su padre [...] cómo había ocurrido semejante hecho, este le contó que a los pocos días de llegar, la niña había sacado del cajón de un mueble el arma que el abuela tenía en su casa, y se había disparado un tiro”.

La identificación
Los adelantos de la ciencia realizados en estos últimos años han sido de inestimable importancia en la identificación de los niños desaparecidos.
Desde el comienzo de su largo peregrinar, las Abuelas de Plaza de Mayo tomaron contacto con distintas instituciones científicas de Suecia, Francia y los Estados Unidos.
A partir de allí se inician trabajos destinados a la inclusión de los niños en las familias de las que faltan los progenitores. Se busca la filiación con los abuelos (índice de “abuelismo”). También puede efectuarse con tíos u otros parientes de ambas ramas.

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B. ADOLESCENTES
Casi 250 chicas y chicos que tenían entre 13 y 18 años desaparecieron, siendo secuestrados en sus hogares, en la vía pública o a la salida de los colegios.
La familia Avellaneda vivía en el barrio de Munro. El 15 de abril de 1976 su domicilio fue allanado. Buscaban al jefe de la familia. Como no estaba decidieron llevarse a su esposa e hijo, Floreal Edgardo Avellaneda (Legajo N° 1639) que en aquel entonces tenía 14 años, en carácter de rehenes. Los hicieron vestir para salir del domicilio.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de Hebe de Bonafini rodeada de varias personas, entre ellas periodistas. Ella habla frente a un micrófono. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Autor: Eduardo Grosman. Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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“Me sacaron junto con mi hijo a la calle. Tenía a este tomado de la mano. En determinado momento nos indicaron que debíamos poner las manos en el techo de un automóvil. Fue la última vez que lo vi, mirándome cómo me ponían la venda sobre los ojos”.

Cuenta su madre en el testimonio remitido a la justicia. Los hicieron subir al auto, ambos vendados.

“Mi hijo me apretó las manos, como para darme ánimo. Nos mantuvimos en silencio”.

Un tiempo prolongado estuvieron detenidos en la Comisaría de Villa Martelli. Allí fueron torturados.

“Largo rato estuve oyendo la música y los gritos de dolor de mi hijo. Y después de nuevo el silencio aterrador”.

A Floreal lo mataron. Todavía no se ha esclarecido cómo ni cuándo. Por noticias periodísticas cuyo título rezaba “Cadáveres en el Uruguay”, la familia tomó conocimiento de ello. Uno de los ocho cuerpos encontrados en el Río de la Plata, sobre la margen uruguaya, pertenecía a Floreal Edgardo Avellaneda. Las fotografías tomadas por la policía son espeluznantes.

“Mi hijo aparece con sus manos y piernas atadas, desnucado y con signos de haber sufrido graves torturas”.

Entre la gran cantidad de chicas adolescentes que fueron secuestradas se encontraban seis que esperaban un hijo.

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Estudiantes secundarios
La noche del 16 de septiembre de 1976 es tristemente recordada, en La Plata, como la Noche de los Lápices.
Esa noche fueron secuestrados por Fuerzas de Seguridad de sus respectivos domicilios y continúan hasta hoy desaparecidos: Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Rasero, Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Víctor Triviño, Claudio de Acha, María Clara Ciocchini. Formaban parte de un grupo total de 16 jóvenes, entre 14 y 18 años de edad, que habían tomado parte de una campaña pro boleto escolar. Cada uno de ellos fue arrancado de sus hogares. La Policía de la Provincia de Buenos Aires había dispuesto un operativo de escarmiento para los que habían participado de esta campaña pro boleto escolar, considerada por las FF.AA. como “subversión en las escuelas”. Tres de los chicos secuestrados fueron liberados.
De acuerdo a las investigaciones realizadas por esta Comisión y testimonios obrantes en la misma, los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se encontraban: Arana, Pozo de Bánfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de Buenos Aires y las Comisarías 5ª, 8ª y 9ª de La Plata y 3ª de Valentín Alsina, en Lanús, y el Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires.

C. LA FAMILIA COMO VÍCTIMA
La metodología de la desaparición de personas afecta de manera especial la estructura y la estabilidad del núcleo familiar del desaparecido. El secuestro (efectuado por lo general en presencia de familiares y/o allegados), el peregrinaje angustioso en busca de noticias por oficinas públicas, juzgados, comisarías y cuarteles, la vigilia esperanzada ante la recepción de algún dato o trascendido, el fantasma de un duelo que no puede llegar a concretarse son factores que juegan un papel desestabilizador en el grupo familiar, como un todo, y en la personalidad de cada uno de sus miembros. 

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Detrás de cada desaparición hay a veces una familia destruida, otras veces una familia desmembrada, y siempre hay un núcleo familiar afectado en lo más íntimo y esencial: el derecho a la privacidad, a la seguridad de sus miembros, al respeto de las relaciones afectivas profundas que son su razón de ser.
Hay evidencia de que en numerosos casos se usaron como rehenes a familiares de personas buscadas, que a veces la presunta responsabilidad de la persona buscada se hizo recaer con saña en su familia a través de robos, violencias físicas y aun desapariciones y que otras veces la tortura fue compartida y/o presenciada por miembros de la familia del sospechoso. Tener en la familia un presunto subversivo fue motivo más que suficiente para recibir un castigo grupal o individual; llevar a cabo un gesto de solidaridad, por mínimo que fuera, fue causa de tortura, sufrimientos y aun de desaparición.

Los familiares - rehenes
Una práctica frecuente del sistema represivo consistió en aprehender a uno o varios miembros de la familia de la persona buscada, con el objeto de obtener información sobre su paradero a través de amenazas y violencias, y/o con el objeto de provocar su presentación o entrega. Es así como hermanos, padres, madres, aun abuelos fueron detenidos ilegalmente, violentados y, a veces, hechos desaparecer con motivo de la búsqueda de algún pariente sospechoso.

Familias desaparecidas
El ímpetu represivo excedió el uso de familiares y rehenes y el desprecio total hacia los valores del núcleo familiar. Constan en esta Comisión denuncias que atestiguan la desaparición de familias enteras.

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Otro aspecto tétrico de la represión aplicada contra el grupo familiar consistió en hacerlo compartir el cautiverio y aun los vejámenes y la tortura, durante períodos variables y en condiciones disímiles. En diversos testimonios se deja constancia de la detención del grupo familiar, de su permanencia en lugares clandestinos y de la terrible experiencia de ver u oír torturar a un ser querido.

“Detuvieron a mi hijo León el 19 de octubre de 1977 a las 20 horas. Tres horas después se presentó en mi casa de Capital Federal un grupo integrado por doce personas que se identificaron como ‘fuerzas legales', y nos llevaron a mi esposo y a mí en dos coches distintos. Nos vendaron, y después de andar una hora entramos a un lugar donde nos engrillaron. Allí pude hablar con mi hijo, cuando iba a los baños. Estaba muy lastimado por la tortura y sin ropa, solamente en calzoncillos. Mi esposo fue golpeado, quedó bastante mal y nos separaron.
Estuve en esas condiciones ocho días, durante los cuales escuché gritar a mi hijo mientras lo torturaban, a pesar de la música ensordecedora. Luego me dijeron que quedaba en libertad. Mi esposo apareció cuarenta días después y cuando lo liberaron volvieron a decirle que nuestro hijo era inocente. Desde esa fecha hablamos cuatro veces por teléfono con mi hijo, la última fue el 30 de marzo de 1978. A partir de entonces no volvimos a tener noticias de él” (Testimonio de León Gajnaj - Legajo N° 1328).

Personas mayores de 55 años que permanecen desaparecidas 
Miles de jóvenes, cientos de lactantes, niños y adolescentes desaparecieron.

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Las personas llamadas de “la tercera edad” no estuvieron exentas de la represión y la tortura. Nuestro fichero registra 150 personas mayores de 55 años de edad que desaparecieron a partir de marzo de 1976. Generalmente fueron secuestradas en sus domicilios, no pocas veces cumpliendo función de abuelos. Ni la avanzada edad, ni, en muchos casos, el precario estado de salud de las víctimas fueron respetados.

“‘No se preocupe, señora, que lo vamos a cuidar bien’, me dijeron los hombres vestidos de fajina y de civil, muy armados, que entraron a nuestra casa y se llevaron a mi marido. Vinieron el 28 de agosto de 1976 a las 2 y 30 hs. Buscaban a nuestra hija María Cristina, que hacía cuatro años que ya no vivía con nosotros. Después de revisar toda la casa dijeron que tenían que llevarse a mi esposo por ser el de más edad”.

Pedro Solís tenía 77 años. Era jubilado de la Policía Federal y se atendía constantemente en el Hospital Churruca pues padecía de arterioesclerosis e hipertensión arterial (Legajo N° 776).

Héctor Germán Oesterheld (legajo N° 143), guionista de profesión, nació el 23 de julio de 1919. Prácticamente no hay mayores datos de cómo fue detenido, pero fue visto, según distintas personas que recuperaron su libertad, en Campo de Mayo, El Vesubio y El Sheraton. Desapareció el día 27 de abril de 1977, cuando tenía 59 años. Eduardo Arias -psicólogo de 38 años- fue una de las últimas personas que lo vio con vida:

“En noviembre de 1977 fui secuestrado y permanecí desaparecido hasta enero de 1978. 

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Héctor Oesterheld estaba allí desde hacía mucho tiempo. Su estado era terrible. Permanecimos juntos mucho tiempo. Uno de los momentos más terribles fue cuando trajeron a su pequeño nieto de cinco años. Esa criatura fue recogida tras la captura y muerte de la cuarta hija y el yerno de Héctor y la llevaron a aquel infierno [...]. Uno de los recuerdos más inolvidables que conservo de Héctor se refiere a la Nochebuena del 77. Los guardianes nos dieron permiso para sacarnos las capuchas y para fumar un cigarrillo. También nos permitieron hablar entre nosotros cinco minutos. Entonces Héctor dijo que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a todos los presos que estábamos allí. Nunca olvidaré aquel último apretón de manos. Héctor Oesterheld tenía sesenta años cuando sucedieron estos hechos. Su estado físico era muy, muy penoso. Ignoro cuál pudo haber sido su suerte. Yo fui liberado en enero de 1978. Él permanecía en aquel lugar. Nunca más supe de él”.

Quisiéramos tener presente en esta parte del informe a un grupo de personas que por su trabajo en búsqueda de sus familiares fueron víctimas de secuestro y posterior desaparición, en un operativo realizado por efectivos de la ESMA. Son los hechos relacionados con las reuniones de familiares y amigos en la Iglesia de Santa Cruz, del barrio de San Cristóbal, Capital Federal. De las 12 personas que fueron secuestradas, cuatro de ellas eran mayores de 50 años. Se trata de María Eugenia Ponce de Bianco, 53 años (Legajo N° 5740); Azucena Villaflor de Vincenti -Madre de Plaza de Mayo-, 53 años; María Esther Ballestrino de Careaga, 59 años (Legajo N° 1396) y Léonie Duquet, 60 años (monja francesa).
Es muy difícil, en el marco de una lucha contra la subversión, encontrar una razón válida para la detención y tortura de personas de la edad de quienes hemos citado. La mayoría de estas personas fue llevada en calidad de rehén. 

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Se buscaba a sus hijos, y ellos podían ser la pista más útil para encontrarlos. Se los secuestró, robó, torturó, hizo desaparecer, en muchos casos, con la intención de obligarlos a delatar a sus hijos.
En otros casos, fueron secuestrados porque no se amedrentaron ante la política del terror que quería imponer la dictadura militar, sino que lucharon por encontrar con vida a sus hijos.

D. LA REPRESIÓN NO RESPETÓ INVÁLIDOS NI LISIADOS
Desde todo punto de vista un operativo de secuestro de persona significa un estado de extrema indefensión. La impunidad, la desmesurada desproporción de fuerzas empleadas, la nocturnidad y clandestinidad de los operativos, la demostración de estar actuando en ejercicio de alguna autoridad pública y la gran violencia ejercida convierten a cualquier “chupada” en un huracán agresivo, imposible de contener.
¿Qué decir entonces cuando se trata de disminuidos físicos? ¿Existió alguna diferencia en el trato sufrido por las personas discapacitadas?
Tres personas, una de las cuales inválida, presenciaron en plena vía pública, en las barrancas de Belgrano, cuando personas de civil introdujeron en un Ford Falcon a Claudia Inés Grumberg (Legajo N° 233), estudiante de sociología que desde los cinco años sufría de artritis deformante en todas sus articulaciones; dedos sin extensión, además de una renguera evidente luego de diez años de no poder caminar.
Dos años después, los tres testigos, entre los que se encontraba José Liborio Poblete, serían también secuestrados.

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El general Videla contesta sobre este caso a unos periodistas ingleses: “El caso de esta niña a quien Ud. hace referencia, que no conozco en detalle (se refiere a Claudia Inés Grumberg, presa por subversiva), entiendo que está detenida a pesar de estar lisiada. Vuelvo a la parte inicial: el terrorista no solo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana...” (Gente, 22-12-77, Diario Popular, Clarín, La Opinión, Crónica y otros medios de difusión nacional con fecha 18-12-77). Claudia Inés Grumberg continúa actualmente desaparecida.
En la ciudad de Rosario, en septiembre de 1977, desaparece el matrimonio formado por María Esther Ravelo Vega (Legajo N° 3223) y Emilio Etelvino Vega (Legajo N° 4372). Ambos son ciegos.
La Sra. Alejandra Fernández de Ravelo, al no tener noticia de su hija, concurre al domicilio de la calle Santiago N° 2815, donde vio:

“Un camión del Ejército llevándose las últimas cosas que quedaban en la casa, advirtiéndome los vecinos que no me acercara porque me iban a llevar a mí también. Se llevaron todos los muebles, los artefactos del hogar, la ropa, una máquina para fabricación de soda -actividad a la que se dedicaba mi yerno- y un camión con el que se repartía la soda. También se robaron una perra guía, de raza ovejero alemán, que el matrimonio usaba como perro lazarillo...”.

Pese a la gran cantidad de diligencias realizadas, nunca se tuvo noticia alguna sobre el paradero de esta joven familia.

José Liborio Poblete (Legajo N° 3684) es chileno, técnico tornero. Tuvo la desgracia de perder sus dos piernas a causa de un accidente automovilístico y la felicidad de casarse con Gertrudis María Hlaczik (Legajo N° 3685). Tanto Gertrudis como José Liborio -a quien los represores apodaban “Cortito”, burlándose de la falta de sus piernas- fueron brutalmente torturados. 

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A ella “la pasearon desnuda, arrastrándola de los pelos mientras la castigaban”; a su marido lo recuerdan “cuando lo veían pasar por el baño todos los días arrastrándose sobre sus manos, ya que no tenía piernas y le habían sacado la silla de ruedas”.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de policías empujando mujeres con pañuelo blanco contra la pared. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Represión durante la Marcha de la Resistencia. Autor: Daniel García (1982). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota. 

E. RELIGIOSOS
No parecerá reiterativo afirmar una vez más que el drama de la represión ilegal en la Argentina alcanzó a todos y a cada uno de los sectores de la comunidad. 

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Tanto la grey católica como las otras confesiones fueron también protagonistas, a través de sus miembros religiosos o laicos.
El terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento a los religiosos que estaban comprometidos con la causa de los más carenciados y con aquellos que sostenían una actitud de denuncia frente a la violación sistemática de los derechos humanos. Así fue como sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas, etc., y miembros de otras confesiones sufrieron el azote del secuestro, vejaciones, torturas y, en muchos casos, la muerte.
La ambivalencia de los responsables de la represión no conoció límites: mientras se preconizaba aquello del “estilo de vida occidental y cristiano”, el desprecio hacia la criatura humana fue constante.

“Alrededor de los días 17 o 18 volvió el otro hombre que me había tratado respetuosamente en el interrogatorio y me dijo: ‘...usted es un cura idealista, un místico, diría yo, un cura piola, solamente tiene un error que es haber interpretado demasiado materialmente la doctrina de Cristo. Cristo habla de los pobres, pero cuando habla de los pobres habla de los pobres de espíritu y usted hizo una interpretación materialista de eso, y se ha ido a vivir con los pobres materialmente. En la Argentina, los pobres de espíritu son los ricos y usted, en adelante, deberá dedicarse a ayudar más a los ricos que son los que realmente están necesitados espiritualmente'” (Testimonio del sacerdote Orlando Virgilio Yorio - Legajo N° 6328).

"...Lo mismo sucedió con las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Renée Duquet. Tuve oportunidad personal de hablar con la hermana Alice, ya que fue llevada junto con la hermana Renée al tercer piso del Casino de Oficiales de la ESMA, lugar donde me encontraba cautivo. 

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Esto ocurre alrededor del 11 o 12 de diciembre. Es cuando me cuenta que había sido secuestrada en una iglesia, conjuntamente con familiares de desaparecidos. Luego supe que eran 13 personas; las hermanas estaban muy golpeadas y débiles, ya que para llevar al baño a la hermana Alice tenían que sostenerla dos guardias. Le pregunté si la habían torturado y me contestó afirmativamente: la habían atado a una cama totalmente desnuda y le habían aplicado la picana por todo el cuerpo; además dijo que después la habían obligado a escribir una carta a la Superiora de su Congregación, la escribió en francés bajo constante tortura, y posteriormente le sacaron una foto a ambas, sentadas junto a una mesa. Las fotos les fueron sacadas en el mismo lugar donde las torturaron: el subsuelo de Casino del Oficiales. Las hermanas estuvieron en ESMA unos diez días, torturadas e interrogadas. Luego fueron ‘trasladadas’ junto con las once personas restantes. Los rumores internos fundamentados por el apresuramiento con que se sacó de allí a estas personas, indicaban el asesinato de las mismas” (Testimonio de Horacio Domingo Maggio - Legajo N° 4450).

El caso de los padres palotinos

“A mediados de 1976, fueron asesinados tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden los palotinos, que vivían en una parroquia en Buenos Aires, el teniente Pernía participó en esta operación, según sus propios dichos jactanciosos” (Testimonio de Graciela Daleo y Andrés Castillo - Legajo N° 4816).

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En la madrugada del 4 de julio de 1976, fueron asesinados los sacerdotes de la comunidad palotina de San Patricio Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los religiosos fueron muertos a tiros en la Parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano.
El Padre Alfredo Leaden, de 57 años, era delegado de la Congregación de los Palotinos Irlandeses; el Padre Pedro Duffau, de 65 años, era profesor; el Padre Alfredo Kelly, de 40 años, era director del Seminario de Catequesis en Belgrano y profesor en el Colegio de las Esclavas del Santísimo Sacramento; Salvador Barbeito, de 29 años, era seminarista, profesor de filosofía, psicología y catequista, además de rector del Colegio San Marón; Emilio Barletti, de 25 años, era seminarista y profesor.

Nota de la correctora. El texto original presenta una fotografía acompañada del siguiente epígrafe: “Conferencia de Abuelas de Plaza de Mayo en la que muestran fotografías de niñes secuestrades durante la dictadura. En la foto, Adolfo Pérez Esquivel, Estela de Carlotto y Chicha Mariani. Autor: Eduardo Frías. Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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Tanto amigos como feligreses de los religiosos asesinados coincidieron en que estos habían predicado siempre la paz y condenaban la violencia.
Las primeras personas que a la mañana ingresaban a la parroquia encontraron sobre las paredes y una alfombra leyendas que después fueron retiradas; las leyendas decían: “Así vengamos a nuestros compañeros de Coordinación Federal” (en cuyo comedor se había colocado hacía poco una bomba homicida) y “Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud”.
De la parroquia desaparecieron objetos y papeles.

El caso del obispo de La Rioja, monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes de Chamical, Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias 
El 18 de julio de 1976, fueron alevosamente asesinados, luego de ser secuestrados por quienes se identificaron como miembros de la Policía Federal, los sacerdotes P. Gabriel Longueville y Carlos de Dios Murias, en la localidad de Chamical (La Rioja), donde realizaban su apostolado. A la mañana siguiente a este crimen, hombres encapuchados fueron a buscar al párroco de Sanogasta, pero este se había ido por recomendación del obispo monseñor Enrique Angelelli. Cuando el laico que los atendió les dijo que el párroco no estaba, lo acribillaron.
El 4 de agosto, 17 días después del asesinato de aquellos sacerdotes, falleció monseñor Enrique Angelelli, obispo de la Diócesis de La Rioja, supuestamente en un “accidente” automovilístico. Las pruebas o presunciones de que fue atentado se acumularon de manera abrumadora.
“No vengo a ser servido sino a servir. Servir a todos, sin distinción alguna, clases sociales, modos de pensar o de creer; como Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los pobres”. Estas fueron palabras pronunciadas por Monseñor Angelelli al asumir la conducción del Obispado de La Rioja en 1968.

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F. CONSCRIPTOS
Las denuncias presentadas ante la Comisión y referidas a soldados conscriptos desaparecidos revisten, por su elevado número y sus especiales características, una particular significación.
1) En primer lugar, habían sido confiados por sus progenitores en guarda de la máxima jerarquía del arma que se tratara.
2) A su vez, entre los jóvenes soldados y el Estado se había formalizado, en el momento de su incorporación al servicio militar, una relación de carácter administrativo que generó derechos y obligaciones que debieron ser cumplidas por ambas partes: por el soldado y por cada una de las FF.AA. y sus respectivos comandantes en jefe. La obligación fundamental de estos últimos consiste en que nunca pueden estar ajenos o desinformados acerca de la suerte de los soldados colocados bajo su custodia.
3) Por otra parte, las actividades de los conscriptos se realizan y están bajo control total y permanente de sus superiores. Por ende, de haber sido considerados sospechosos de estar involucrados en acciones al margen de la ley, las FF.AA. contaban con todos los medios legales para sancionar legalmente al presunto infractor.

Modalidades de detención
Se produce el doble proceso que de manera similar se da en más de 135 denuncias de desaparición forzada de ciudadanos que cumplían el servicio militar: por el estado de indefensión de esos jóvenes, sus captores operaban con todas las facilidades que les ofrecía el dominio de la situación. Por otra parte, quienes ejercían el poder de mando no se hacían responsables o compartían la responsabilidad por las omisiones o por las presuntas órdenes que podrían haber impartido para hacer factible las detenciones ilegales.

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“Mi hijo estaba cumpliendo el Servicio Militar en la Marina, en el Edificio Libertad -dice Eusebio Finguerut, refiriéndose a su hijo Pablo Alberto Finguerut (Legajo N° 4196)-. El día 14 de junio del mismo año las autoridades navales denuncian la tentativa de comisión de un acto terrorista, aclarando que el mismo no tuvo consecuencia alguna en cuanto a personal militar y/o bienes materiales. De esto fue acusado mi hijo, Pablo Alberto, por la sola razón de haber sido el único de los conscriptos afectados al sector del hecho de referencia, que se hallaba ausente del mismo. A raíz de esta noticia pedí audiencia con el almirante Massera por telegrama colacionado y el 16 de junio me hice presente en el Edificio Libertad”.

Lo insólito del caso es que, en lugar de dársele información sobre su hijo, el señor Eusebio Finguerut quedó detenido a disposición del PEN.
Cumplió un año de prisión después del cual se lo autorizó a salir del país. En Inglaterra, donde se exilió, recibió noticias provenientes de un prisionero político liberado de que su hijo Pablo habría sido asesinado por sus captores mediante sesiones de tortura. No cabe duda de que la detención del padre tendía a impedir que este activase la pertinente investigación.

La respuesta sistemática a los familiares que inquirían sobre la suerte del hijo desaparecido cuando prestaba servicio fue que este había desertado. Es decir, que cada vez que se pedía por su paradero el informe de las autoridades militares se limitaba a consignar: Que el soldado había sido dado de baja de la Institución.

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1) Por haber salido de la dependencia en la que prestaba servicio para cumplir una comisión sin haber regresado.
2) Por haber estado de franco sin haberse presentado en tiempo debido a su destino.
3) Por haberse fugado.
En algunos casos se registra que el secuestro se hace efectivo inmediatamente de producida la baja del soldado y mientras este se encuentra aún bajo jurisdicción militar, sea dentro de la unidad del Ejército en la que revistaba, sea en el vehículo del Ejército que lo conducía al lugar de su domicilio.
También se dio el caso de soldados que desaparecieron en la vía pública apenas comenzaban a gozar de su licencia anual. Los operativos habrían sido planificados cuidadosamente; en oportunidades, grupos armados se presentaron en el domicilio de la futura víctima o bien automóviles sospechosos merodearon por el lugar sin lograr pasar desapercibidos para el vecindario.

G. DESAPARICIÓN DE PERIODISTAS
Si cabe señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la óptica preocupada del siniestro aparato de persecución y represión político-social montado por el gobierno militar, forzosamente habrá que mencionar a los periodistas argentinos. No fue a causa de la casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas en proporción a los profesionales que integran el sector: además de afectar con este ataque el vasto campo de la cultura, siempre vista con recelo por las dictaduras, es evidente que se apuntó a silenciar un grupo social de gran importancia para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento público.
Por añadidura, los organismos sindicales que agrupan a los periodistas se destacaron por su firme actitud de defensa de sus asociados, y en tal sentido lucían en el escenario de las luchas en pos de la vigencia de la libertad de pensamiento, con particular brillo.

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El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe en su comunicado N° 19 hizo saber que sería “reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales”. El tiempo fue dando cuenta del significado y alcance de tal advertencia. Se intervino militarmente la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras y se requisó haciendo incinerar numerosos libros de bibliotecas privadas y públicas. Un gran número de periodistas sufrió la prisión, la desaparición o la muerte.
Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo y secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal que debía paralizar por el pánico a toda la Nación.
La sola posibilidad de que se publicitaran eventuales denuncias o que se dieran a conocer noticias acerca de lo que estaba ocurriendo fue vivido por el régimen como un peligro mayúsculo para la política de desaparición forzada que estaba en marcha.
Los medios de comunicación social en general se abstuvieron de difundir el arresto de personas consideradas por las autoridades como elementos subversivos. Todo el país sabía que se practicaban detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran, quiénes eran y dónde eran llevados. En los primeros años los periódicos de mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la publicación de “solicitadas” con las listas de las personas buscadas por sus familiares.
En el curso del año 1976 fueron privados irregularmente de su libertad, situación que se mantiene al presente sin reaparición de sus cuerpos, 45 profesionales de prensa. 

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En los ocho meses siguientes, desaparecieron 30 más, estimándose que el guarismo total de “desaparecidos” de este gremio asciende a un centenar.
Cabe agregar, para diseñar más propiamente el cuadro, que más de cien periodistas fueron encarcelados sin proceso judicial alguno a partir del 24-3-1976. Cifra por demás ilustrativa, a la cual deben añadirse el gran número que debió abandonar el territorio nacional, dado el grave peligro que corrían sus mismas vidas.

Desaparición de Rodolfo Jorge Walsh - Legajo N° 2587 
Según la extensa y prolija narración brindada por la hija del escritor, Patricia Cecilia Walsh, su secuestro se produjo el día 25 de marzo de 1977 en la Capital Federal, en las cercanías de la Estación Constitución, donde había arribado desde su domicilio en la localidad de San Vicente -provincia de Buenos Aires- para realizar una diligencia. El día anterior había instrumentado la circulación pública de una carta abierta a la Junta Militar de Gobierno, por la que diseñaba el cuadro de violación de los derechos humanos y de perjuicios a la economía nacional que caracterizaba al régimen.
En la fecha de la desaparición, debía encontrarse en un departamento de la ciudad de Buenos Aires con su compañera con quien vivía desde años atrás, lo que no ocurrió, circunstancia que determinó que esta se dirigiera a la casa de San Vicente, a la que encontró con incontables impactos de proyectiles balísticos de grueso calibre por sus cuatro paredes exteriores, absolutamente saqueada y hasta con señales de bombardeos con granadas estalladas en el terreno donde el inmueble se asienta. Por versión de los vecinos, llegaron por la noche alrededor de cuarenta hombres vigorosamente armados, quienes atacaron el lugar durante no menos de dos horas, estando desocupada la vivienda.
A partir de hechos específicos, el periodista se encontraba alertado sobre las inseguridades de su situación, a raíz de la muerte, por fuerzas de seguridad, de su hija María Victoria Walsh y el allanamiento de su casa en el Delta del Tigre, con total saqueo de sus pertenencias.

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Cabe tener en consideración que entre los objetos de valor robados en su domicilio de San Vicente se encuentran los originales de toda su obra, incluso la inédita, de una larga vida de producción intelectual.
De diversos testimonios prestados ante esta Comisión (Sara Solars - Legajo N° 4442; María Alicia M. de Pirles - Legajo N° 5307) surge que Walsh llegó muerto a la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Asimismo, otra testigo (Graciela Beatriz Daleo - Legajo N° 4816) asevera haber visto en la citada ESMA documentación identificatoria y escritos personales pertenecientes a la víctima, lo que se refuerza con la testimonial de Enrique Mario Fuckman (Legajo N° 4687). Según refiere la hija de Walsh, también otros, como el Dr. Martín Grass, vieron allí el cuerpo del malogrado escritor.
La denuncia de estos hechos fue elevada a la Justicia Federal el día 5 de junio de 1984, quedando radicada en el Juzgado N° 4 de la Capital Federal.

H. GREMIALISTAS
El 30,2 % de los detenidos-desaparecidos denunciados en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas son obreros, y el 17,9 %, empleados (del 21 % que representan los estudiantes, uno de cada tres trabajaba).
En el punto 2 (denominado “Misión”) del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión), que reemplaza y ordena incinerar la Directiva 222/76 (“Operación Piloto en el Ámbito Industrial”), se lee el siguiente texto:

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“El Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país”.

Analizando las fechas en que se produjeron las detenciones de los trabajadores que permanecen o estuvieron desaparecidos, observamos que un alto porcentaje de los operativos se efectuó en el mismo día del golpe, o en fechas inmediatas posteriores.
El Astillero Mestrina, de zona norte de Buenos Aires, fue el teatro de la detención de los delegados obreros el 24-3-76. Hugo Javier Rezeck (Legajo N° 658), cuya mujer también fue secuestrada en su casa el 16-3-76, mientras lo buscaban a él; Pandolfino, Salvador, Jorge Lezcano, Albornoz, Zoilo Ayala, Boncio. En el caso de este es significativa la declaración de su madre, quien manifiesta que desde el momento de los secuestros “no existieron nuevos delegados sindicales en la empresa”.
Todos estuvieron detenidos en la Comisaría de Tigre. Allí sus familiares pudieron hacerles llegar alimentos y ropa durante una semana, al cabo de la cual se les comunicó “que quien los había traído se los había llevado”. Hugo Javier Rezeck fue visto en Campo de Mayo por Pedro Palacios García (Legajo N° 5603).
Otro astillero que fue duramente alcanzado por la represión en la misma zona fue Astarsa, de San Fernando. Dice una de las denuncias que se refiere a la desaparición de Rodolfo José Iriarte (Legajo N° 6674), delegado gremial, miembro de la comisión interna de seguridad industrial de dicho astillero, que el mismo fue detenido en su lugar de trabajo el día 24 de marzo de 1976, a las 6.00 horas de la mañana, junto a otros 60 obreros y empleados de la misma empresa, por el mayor Ricardi, de la Escuela de Ingeniería de Campo de Mayo. Manifiesta la esposa del desaparecido:

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“...que en ese hecho fueron detenidos unos 60 obreros y empleados aproximadamente, portando los represores una lista de personal de la empresa (según lo dicho por el mismo mayor Ricardi a la denunciante)”.
El 20 de mayo de 1976, desapareció Ramón Humberto Poiman; el 10 de junio desapareció Hugo Rivas y el 29 de septiembre, Jorge Elbio Lescano. Los cuatro eran delegados gremiales en Astarsa.

El 24 de marzo de 1976 desapareció René Salamanca, ex secretario general de Mecánicos de Córdoba (SMATA) (Legajo N° 6541). Según testimonios recibidos por esta Comisión, en oportunidad de una visita del general Menéndez al campo de La Perla, hizo llevar a Salamanca ante él y luego de una discusión entre ambos se oyó decir al general Menéndez cuando salía del local donde se encontraba: “A este me lo ‘trasladan' en el primer camión”.
Queda evidenciada la estrecha relación entre la actividad gremial y los consiguientes conflictos con la desaparición de personas. Es el caso del secretario general del Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal, Oscar Smith, quien desapareció el 11 de abril de 1977, mientras protagonizaba acciones reivindicativas de carácter estrictamente laboral.
Uno de los casos ejemplares es el de la fábrica Ford, de General Pacheco, provincia de Buenos Aires, en la cual el accionar represivo se centralizó en los delegados.
Relata Adolfo Omar Sánchez (Legajo N° 7683):

“...el día 25-3-76 los delegados gremiales fueron convocados a una reunión donde por la parte patronal estaban presentes Galarraga, gerente de relaciones laborales; Marco, gerente de planta de estampado, y Luis Pérez, representante laboral. 

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En esa reunión Galarraga les comunicó que la empresa ya no les reconocía representatividad como delegados obreros. Al terminar la reunión él mismo les manifestó burlonamente ‘Ustedes le van a mandar saludos a un amigo mío, Camps’... [...] Que el 28-3-76, siendo aproximadamente las 21 horas se encontraba en su domicilio jugando con sus hijos cuando vio por la ventana que estacionaban dos automóviles Torino, sin patente, de los cuales descendía un grupo de personas que golpeó la puerta. Eran 7 u 8 personas, algunos con barba y con gorra, vestidos con camperas, que portaban armas largas e Itakas. El que dirigía el operativo se hacía llamar capitán. Lo introdujeron por la fuerza en uno de los autos. Que en ese momento le preguntaron si conocía a Juan Carlos Amoroso y le dijeron que iban a buscarlo y que los iban a matar a los dos, a todos los peronistas y que iban a arrojarlos al río. Sánchez destaca que no estaba afiliado ni tenía participación en partido político alguno, solamente cumplía funciones gremiales… Que en los días posteriores fueron llevados a un lugar donde estaban otros compañeros de Ford, y de otras empresas como Terrabusi, Astarsa, y del Astillero Sánchez...”.

Se trata de la Comisaría de Ingeniero Maschwitz, según lo pudo verificar la Comisión mediante inspección ocular del 12 de septiembre de 1984.
Luego de las mencionadas incursiones nocturnas, por la mañana el personal de la comisaría comentaba “que estuvieron los militares...”.

“Que después de estar dos meses en el lugar, un oficial del Ejército, uniformado, lo llevó a declarar.

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Le preguntó qué actividad desempeñaba en la fábrica y le dijeron que pronto iba a recuperar la libertad porque los informes eran buenos. Que casi dos meses después fueron trasladados, él y otros compañeros, a la cárcel de Villa Devoto, el 19-5-76, al celular 5to. donde estaba alojado con otras tres personas en una celda para dos. En Devoto le comunicaron que estaba a disposición del PEN...”.

Pedro Norberto Troiani (Legajo N° 1638), también delegado de Ford, agrega otros elementos:

“A todo esto esta poderosa empresa se reía de nosotros y aparentando total desentendimiento de lo que pasaba, enviaba diversos telegramas intimándonos a que nos presentáramos a trabajar dentro de las 24 horas siguientes o seríamos despedidos por abandono de tareas. Dice que su esposa contestó a estos telegramas con un telegrama que decía: ‘Detenido dentro de la empresa, Comisaría Tigre, vuestro conocimiento’, al que la empresa Ford rechaza por improcedente. Esta, entonces, consigue entrevistar al gerente de relaciones laborales, Sr. Fernández (ahora fallecido), quien en la larga conversación que mantuvieron le confirma que la empresa tuvo participación directa en estos acontecimientos y la recibe varias veces en su domicilio de San Isidro, por el pago de quincena y salarios que él personalmente tramitó...”.

Entre los trabajadores asalariados y pequeños productores agrarios se produjeron numerosas desapariciones, previamente al golpe militar del 24 de marzo de 1976, bajo el imperio del estado de sitio, dictado en noviembre de 1974, y después de aquel especialmente en las provincias norteñas de Tucumán y Jujuy y en las provincias litoraleñas de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, en estas últimas en relación especialmente con las Ligas Agrarias. Entre quienes integraban dichas Ligas, hubo muchas víctimas, muertos, detenidos, desaparecidos.

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Norma Blanca Tomasella, agricultora, miembro de las Ligas Agrarias Correntinas. Se encuentra desaparecida desde el mes de febrero de 1978, en Buenos Aires, fecha en que la familia perdió todo contacto. La señora Tomasella debió abandonar la localidad de Goya, donde vivía, ante la inminencia de su detención por personal vestido de civil que la buscaba, en el mes de mayo de 1977. Dejó Corrientes ante la persecución que venían sufriendo los integrantes de las Ligas Agrarias. Su hermano ya se encontraba detenido a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y otros miembros de la Liga habían seguido la misma suerte, además de haberse producido el secuestro y desaparición de Antonio Olivos.
Aproximadamente 15 días después de haber dejado su domicilio, este fue allanado por personal de la policía provincial y federal así como del ejército. La última referencia sobre su paradero señala que trabajaba como doméstica en una casa de familia en Buenos Aires (Legajo N° 832).
En todo el país, las organizaciones de los trabajadores sufrieron sensibles pérdidas de sus cuadros. Llegaron a esta Comisión los detalles de lo que ocurrió en marzo de 1975. En esa época, actuando como verdaderas tropas de ocupación, las fuerzas legales y personas identificadas con brazaletes de Bienestar Social, procedieron a detener a 300 personas que fueron puestas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional; cometieron 30 secuestros seguidos de asesinatos, siendo la mayoría de las víctimas delegados y activistas gremiales.
Uno de los detenidos fue el dirigente metalúrgico Alberto Piccinini, quien permaneció largos años en la cárcel procesado, sobreseído y puesto a disposición del PEN. Fue la respuesta a los trabajadores que habían iniciado una lucha por la recuperación del sindicato.

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Después del 24 de marzo de 1976 se reinició la represión y, una vez más, fueron su blanco los obreros vinculados al sector dirigido por el mencionado gremialista. Esta vez la técnica fue la desaparición.
La Delegación Santa Fe de la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas se constituyó dos veces en la ciudad de Villa Constitución y, además, procedió a hacer un reconocimiento judicial de un centro de detención ilegal que operaba en el predio de la empresa Acindar.
Los habitantes de esta ciudad se presentaron espontáneamente a dar su declaración, surgiendo el reconocimiento de Aníbal Gordon como jefe de los operativos realizados en la ciudad, en enero de 1976. Fueron secuestradas y asesinadas más de diez personas.
En uno de los testimonios se detalla que en el año 1975 (a fines del mismo) la empresa Acindar -que tiene alrededor de 5.000 operarios- ordenó a los mismos que realizaran el trámite de cédula de identidad de la Policía Federal y, asimismo, que tramitaran un nuevo carnet de fábrica, procediendo a fotografiarlos nuevamente. Estas fotos fueron utilizadas luego por personal de seguridad y/o militar para hacer los allanamientos y secuestros.
No fue ajeno a estas acciones el que luego fue ministro de Economía, Martínez de Hoz, que en esos años era directivo de Acindar, junto con Acevedo. La vinculación entre la política de seguridad del Estado y el poder económico tuvo en este caso un ejemplo elocuente.

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel
Admirador y prosélito entusiasta de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King y del obispo brasileño Hélder Cámara, Adolfo Pérez Esquivel, profesor de Bellas Artes, docente secundario de Filosofía, Historia y Literatura, ex catedrático de la Facultad de Arquitectura y nombrado en 1974 coordinador general para América Latina del Servicio Paz y Justicia, por cuya labor recibió el Premio Nobel de la Paz en 1980. 

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El Servicio Paz y Justicia en América Latina es una organización ecuménica laica que tiene por objetivo trabajar para la promoción de los derechos humanos fundamentales, basándose exclusivamente en métodos no violentos. Según lo define el mismo Esquivel: “Somos un movimiento cristiano que tiene un compromiso asumido en todo el continente: vivir el Evangelio, con una opción preferencial por los pobres, por los más necesitados...”. El 4 de abril de 1977, se presentó al Departamento Central de Policía con el fin de retirar su pasaporte, con la finalidad de realizar un viaje a Colombia. Es conducido a la Superintendencia de Seguridad Federal donde permanece 32 días dentro de un calabozo, sin ser interrogado y desconociendo la causa de su detención.
Trasladado en un celular a San Justo, pcia. de Buenos Aires, fue introducido en una avioneta encadenado en el asiento trasero, hasta la base aérea de Morón; lo trasladaron al Penal de La Plata, lugar donde permaneció durante 14 meses, sin proceso alguno judicial, y prolongando su arresto bajo la forma de libertad vigilada otros 14 meses más. Su permanencia en prisión es narrada por el mismo Esquivel (Revista Búsqueda, Año 3, N° 21, junio-julio de 1983) de este modo:

“Me torturaron cinco días en la prisión de La Plata... nunca me preguntaron nada... Una vez el subjefe del Penal de La Plata me lleva a una oficina y comienza a insultarme. Me dice: ‘A vos no te van a salvar ni De Nevares, ni Aramburu. Ni la Virgen te va a salvar...’. Jamás, a pesar de la presentación de hábeas corpus, de la insistencia internacional, que era muchísima, dieron explicación alguna... Hubo también otras presiones físicas y psíquicas... a veces abrían la puerta del calabozo y recibía una trompada, amenazas de muerte... mucha presión psicológica, porque me aplicaban el régimen de máxima peligrosidad. 

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Una situación denigrante. Estando en prisión fue cuando recibí el ‘Memorial JUAN XXIII’ de la Paz, dado por Pax Christi Internacional, que aquí se ocultó totalmente. Es un organismo que pertenece directamente al Vaticano. Y estando preso yo ya era candidato al Premio Nobel de la Paz. Fui candidato durante tres años... Después que salí del régimen de libertad vigilada tuve invitaciones de muchos países, pero no me daban el pasaporte. Hasta cuando tuve que ir a recibir el Premio Nobel tuve problemas con el pasaporte... y siempre sin explicaciones: lo más que me dijeron en el Ministerio del Interior fue que era ‘disposición del Poder Ejecutivo’”.

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VI. El Poder Judicial

El Poder Judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas. A. Detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. B. La desaparición de abogados. C. La solidaridad internacional.
La Conadep recibió numerosos testimonios que dan cuenta de la complicidad de algunes miembros del Poder Judicial con la dictadura. No se trataba solo de quienes temían “meterse”, sino también de participantes directos en torturas y secuestros. Tal fue el caso del juez Víctor Hermes Brusa, que fue magistrado hasta el 2000. Su pasado no fue tenido en cuenta cuando lo ascendieron de secretario y lo nombraron juez. Pero luego fue acusado por haber atropellado a un joven con una lancha y huir, y sus antecedentes fueron reflotados. “Al chico lo pasó por arriba como hacía con nosotros”, dijo en ese momento una de las sobrevivientes de los campos santafesinos, donde había actuado Brusa. Este capítulo habla de la inacción del Poder Judicial -que hasta el momento no hizo en su conjunto una autocrítica de su actuación en esa época-. Pero también, de la desaparición de abogades y funcionaries judiciales, ya sea por su compromiso político como por el profesional.

Nota de la correctora el texto original presenta una fotografía acompañada del siguiente epígrafe: “Familias de detenides desaparecides realizan largas colas para hacer sus denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Autor: Guillermo Loiácono (1979). ANM”. Fin de la nota.

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El Poder Judicial durante el período en que se consumó la desaparición forzada de personas
Al comprobarse la gran cantidad de personas desaparecidas y los miles de secuestros realizados con inusitado despliegue de vehículos y autores, al comprobarse que los amplios y organizados centros de detención y tortura ubicados en lugares densamente poblados albergaron, en algunos casos, centenares de prisioneros continuamente renovados, al conocerse que los familiares de los desaparecidos han hecho uso prácticamente de todos los procedimientos legales, se siente la necesidad de preguntar: ¿cómo fue posible mantener la impunidad de tantos delitos, consumados con la evidencia de un mismo modus operandi y muchos de ellos ante numerosos testigos?, ¿cómo se explica que los jueces no hayan ubicado a ningún secuestrado, después de varios años que tomaron estado público las versiones de quienes, con mejor suerte, fueron liberados?, ¿qué les impidió allanar oportunamente tan solo uno de los lugares de cautiverio? Son interrogantes que duelen, pero es necesario aclararlos.
A partir del pronunciamiento castrense del 24 de marzo de 1976, se introduce en la vida argentina una drástica subversión institucional. Es creada una suerte de “Poder Ejecutivo-Legislativo- Constituyente”, que asume facultades extraordinarias de gobierno y, con ellas, la suma de poder público.
Así fue que, el mismo día del golpe de Estado, se cambió la composición del Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, del procurador general de la Nación y de los Tribunales Superiores de provincia, al propio tiempo que se puso “en comisión” a la totalidad de sus otros miembros. Todo juez, para ser designado o confirmado, debió previamente jurar fidelidad a las Actas y objetivos del “Proceso” liderado por la Junta Militar.
A partir de allí la actividad judicial adoptó un perfil harto singular. Señalada por la Ley Suprema de la Nación como amparo de los habitantes contra los desbordes autoritarios, cohonestó la usurpación del poder y posibilitó que un cúmulo de aberraciones jurídicas adquirieran visos de legalidad.

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Hubo, sin embargo, jueces que, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también es real que hubo quienes, teniendo el deber jurídico de proteger a las personas y a sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros y las desapariciones. La población llegó a presentir que era inútil recurrir al amparo judicial para preservar sus derechos esenciales.

A. DETENIDOS A DISPOSICIÓN DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL
Creemos de interés referirnos a quienes fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en virtud de las facultades que dimanan del estado de sitio. Si bien no se trata en todos los casos de personas que hoy se encuentran desaparecidas, lo que les ocurrió forma parte de una concepción metodológica de la represión, que consistió en castigar indiscriminadamente y sin medida a amplios sectores de la población en base a la mera presunción de su disidencia con los gobernantes.
Muchos detenidos pasaron a revistar en la categoría de desaparecidos una vez que el Poder Ejecutivo emitía el decreto que disponía su libertad. Esta Comisión Nacional ha registrado los casos de 157 personas en esta situación. Incluso se conocen 20 casos de otras tantas personas que, estando presas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y paralelamente procesadas en sede judicial, desaparecieron luego de que fueron puestas en libertad por orden de los jueces.

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Es sugestivo que a los familiares no se les informara con anticipación la inminencia de la respectiva libertad. Y, más aún, que la libertad del detenido fuera efectivizada generalmente a altas horas de la noche, o que nunca coincidiera con la presencia de sus parientes en la puerta del establecimiento carcelario en cuestión. Es obvio que tal proceder respalda la grave presunción de que en muchos de estos casos se tramaron secuestros por el simulacro de la previa puesta en libertad del detenido. Incluso se da el caso de una orden de libertad en que los padres se turnaron durante 60 horas en la dependencia donde estaba detenida su hija, al cabo de cuyo lapso se les informó que acababa de salir por otra puerta, sin que hasta la fecha se conozca su paradero. Algunos ejemplos de este tipo de denuncias son los siguientes:
Desaparición de Guillermo Oscar Segalli - Legajo N° 2456:

“Mi hijo fue detenido en la calle, en la madrugada del día 10 al 11 de agosto de 1976, cuando junto con su novia, María del Socorro Alonso, realizaban una pintada en la pared alusiva a una comisión de solidaridad con presos políticos. Mi hijo nunca estuvo afiliado a ningún partido. Después de 10 días de intensa búsqueda pudimos ubicar a nuestro hijo en el Departamento Central de la Policía Federal y a la Srta. Alonso, el 1° de septiembre de 1976, cuando ambos son trasladados a la Unidad N° 2 de Villa Devoto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en virtud del decreto N° 1843/76. En esa Unidad permanece la Srta. Alonso, mientras que mi hijo es trasladado a la Unidad 9 de La Plata, pcia. de Buenos Aires, en los primeros días del mes de octubre del mismo año.

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El día 11 de noviembre de 1976 se efectiviza la libertad en forma ‘vigilada' de la novia de mi hijo y comenzamos a esperar la libertad de nuestro hijo con renovada fe. El día 28 de enero de 1978 todos los diarios publicaron el nombre de mi hijo en una lista de personas que dejaban de estar arrestadas. Habían transcurrido 17 meses desde el momento de su detención, siempre sin causa federal pendiente. Viajamos inmediatamente al Penal para informarnos sobre el día y la hora de su liberación. 

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de una manifestación en la que dos mujeres sostienen un gran cartel con fotografías de desaparecides. Además, en él se lee el siguiente mensaje: “Buscamos dos generaciones”. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Ronda de la Plaza de Mayo. Protesta contra la Ley de Obediencia Debida. Autor: Eduardo Frías (1987). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota.

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La contestación que nos dan es: ‘el Penal todavía no tiene noticias’. Debemos esperar que el mismo la reciba. La misma contestación la recibimos los días siguientes, incluso el 1° de febrero de 1978 cuando lo visitamos, como lo hacíamos reglamentariamente una vez por semana, encontrándolo en esa oportunidad feliz y esperanzado por la buena nueva; como lo estábamos nosotros.
[...] Sorpresivamente, dos días más tarde nos enteramos que nuestro hijo ya no estaba en el Penal. Varios funcionarios nos informaron en forma por demás confusa y contradictoria que a la medianoche del día 2 de febrero de 1978 ‘había sido liberado junto con otros internos’, que obtuvieron su libertad al mismo tiempo que él, ninguno de los cuales ha vuelto a aparecer hasta el momento. Versiones oficiosas, recogidas en las inmediaciones del Penal, de personas temerosas de dar sus nombres, manifiestan que esa noche varios internos, entre quienes se encontraba nuestro hijo, fueron introducidos en un vehículo por la fuerza. Hubo pedido de auxilio, el vehículo en cuestión estaba en el área de seguridad del Penal, ya que los gritos fueron oídos desde el mismo”.

B. LA DESAPARICIÓN DE ABOGADOS
Como si fuera un resorte más de la maquinaria que ejecutó el terrorismo de Estado, las más duras represalias cayeron sobre muchos abogados que asumieron la defensa de sus víctimas. Las detenciones arbitrarias, los agravios y malos tratos en los organismos de seguridad, la desaparición y hasta la muerte de los abogados defensores fueron usos corrientes en los primeros años del régimen militar. 

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Organizaciones gremiales de abogados estiman que se han sufrido 23 asesinatos de sus colegas por motivos políticos, a partir de 1975. Paralelamente a esta traumática situación, fueron secuestrados, con desaparición permanente y sin conocerse su suerte hasta hoy, no menos de 109 abogados, debiendo señalarse que el 90% de estas “desapariciones” se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976.
Más de un centenar de abogados fueron llevados a prisión -la mayoría sin proceso judicial alguno- y un número mucho más elevado y difícil de precisar buscó salvar la libertad, y quizás su misma vida, en el exilio en el extranjero.
“El 10 de noviembre de 1976 a las 8.30, seis hombres de civil fuertemente armados que se identifican como pertenecientes a ‘Fuerzas de Seguridad’, irrumpen violentamente en nuestro domicilio conyugal. Nos obligan a arrojarnos al suelo, golpean a mi marido y nos esposan con las manos a la espalda. Durante más de una hora revisan detalladamente el apartamento, del cual luego se llevarán documentos personales, escritos y material correspondiente a nuestras tareas profesionales, gran cantidad de libros, fotos familiares, etc.
[...] Al llegar a destino, luego de bajar dos subsuelos, fuimos separados y sometidos a interrogatorios. Durante el interrogatorio afirmaron estar convencidos de que yo no tenía relación con el problema y que probablemente saliera libre o pasara a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Tampoco dudaban que mi marido perteneciera a ninguna organización armada, pero para ellos era peligroso en cuanto entendían que cumplía un rol de ideólogo de la subversión, por su calidad de abogado defensor de presos políticos y de los derechos humanos, siendo reconocido dentro del círculo de abogados a nivel internacional” (Testimonio de la Dra. Liliana María Andrés sobre su secuestro y desaparición de su esposo, el Dr. Daniel Víctor Antokoletz - Legajo N° 1386).

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También los hubo quienes, hasta la víspera de su secuestro y asesinato, habían desempeñado cargos judiciales, cual es el caso de la desaparición y muerte del Dr. Guillermo Raúl Díaz Lestrem - Legajo N° 2161.
El Dr. Díaz Lestrem se ha desempeñado como secretario de la Justicia Federal en lo Penal de la Capital Federal, pasando a revistar posteriormente como defensor oficial en la Justicia en lo Criminal. Mientras ocupaba este último cargo, fue detenido y puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, en la madrugada del 30 de marzo de 1976. Gracias a gestiones realizadas por las autoridades de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación, se logra ubicarlo en la cárcel de Villa Devoto. Posteriormente es trasladado al Penal de Sierra Chica, provincia de Buenos Aires, siendo brutalmente castigado en el trayecto, de resultas de lo cual sufre una seria afección en un oído. Cinco días después de su arresto, se firma el decreto de su cesantía al cargo que ejercía en el Poder Judicial.
En mayo del año 1978, tomó conocimiento que el portero del edificio, al advertir la presencia de personas en actitud sospechosa, les preguntó sobre la extraña conducta que exhibían, a lo que le respondieron “que buscaban a Díaz Lestrem”. Paralelamente, este recibía amenazas telefónicas, por todo lo cual resolvió presentarse espontáneamente ante el Juzgado Federal en lo Penal N° 3 de esta Capital, suscribiendo un recurso de hábeas corpus preventivo y solicitando ser alojado en la Alcaldía del Palacio de Tribunales mientras se sustanciare la causa. Luego salió en libertad por no existir incriminación alguna en su contra.

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En la noche del 20 de octubre de 1978, el Dr. Díaz Lestrem desaparece, produciéndose el hallazgo de su cadáver el día 30 de noviembre de 1978 en la entrada del Club Gimnasia y Esgrima del barrio de Palermo, Capital Federal. Mientras tanto, se produjo el lógico corolario: la desprotección jurídica para aquellos familiares que precisamente necesitaban denunciar la tragedia de quienes habían sido secuestrados o detenidos. Los tribunales vivieron un tiempo verdaderamente singular en el discurso jurídico; la inmensa mayoría de los familiares debió pergeñar sus propios escritos a ser presentados en los estrados judiciales, sin contar con el debido auxilio profesional, tal era la amenaza que pendía sobre los profesionales del Foro y el temor por lo ocurrido a sus colegas.

C. LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL
Cuando son vulnerados los derechos esenciales de la persona humana, los pueblos del mundo sufren como propio el escarnio padecido en otros territorios. Ya sea que el atropello lo realice el gobernante nativo o que lo consuma un invasor con fuerzas de ocupación.
Es un sentimiento en siglos de convivencia universal. Pero si fijáramos la mirada en algún hito cronológico de la historia, forzosamente deberíamos recordar que fue después de la Segunda Guerra Mundial -que tanto sufrimiento causara a las naciones involucradas- cuando se concluyó que determinados tipos de conducta lesionan supremos intereses que afectan la conciencia misma de la humanidad.
El tremendo infortunio sufrido por nuestro pueblo hirió esos sentimientos. Los extremos perfiles que alcanzara el fenómeno represivo del terrorismo de Estado convocaron en aquellos años aciagos a la gente sensible de los más diferentes países para unir sus voces en el reclamo tendiente a detener la barbarie desatada en la Argentina.

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Quienes usurpaban el gobierno en esa época presentaron ese noble y legítimo afán como el resultado de una “campaña antiargentina”.
Lo cierto es que la solidaridad que acompañó a nuestro pueblo durante el reciente proceso signado por el trágico irrespeto a los valores de la vida y de la libertad compromete profundamente nuestra gratitud con los hombres, instituciones y países que nos la han brindado. Debemos recordar que esta movilización de la conciencia universal tuvo su punto de partida en la gesta inédita y heroica de las Madres de Plaza de Mayo, quienes desde la fuerza de su dolor dieron al mundo un ejemplo sin par de la defensa del derecho a la vida.
Solo a título de ejemplos destacamos la extraordinaria significación que tuvo la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, así como la actividad desplegada por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Personas, de la ONU, que permitieron llevar al conocimiento de la comunidad internacional la dimensión alcanzada por la práctica sistemática de la desaparición de personas en la República Argentina. Innegablemente, ello fue la consecuencia de que la mayoría de las naciones del mundo se sumaran a la denuncia de la sistemática violación de los derechos humanos por el régimen militar. No obstante, algunos organismos internacionales vieron dificultada su labor solidaria por falta de la necesaria unanimidad en su seno. Así debemos recordar la renuencia de los países del Este europeo para sumarse a la condena. 

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Con sentido de profundo y cabal agradecimiento mencionamos la labor desplegada por los organismos gubernamentales del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (ACNUR) y la Cruz Roja Internacional, así como lo actuado por organizaciones no gubernamentales que actuaron en el plano internacional.

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VII. El respaldo doctrinario de la represión

La doctrina de seguridad nacional, que los militares argentinos aprendían en las escuelas estadounidenses, fue una de las bases teóricas del terrorismo de Estado. La lección, impartida en medio de la Guerra Fría, señalaba que al “enemigo” ya no había que buscarlo en el exterior, sino fronteras adentro. Quienes simpatizaban con el comunismo, socialismo y ya sea que se expresaran con armas, con la palabra o intervinieran en política de cualquier forma, debían ser eliminades, “aniquilados”. Otros maestros de los represores argentinos fueron los franceses que combatieron en la guerra de Argelia y aplicaron un plan de terror que sirvió de inspiración en la Argentina. De eso trata, brevemente, este capítulo.
En democracia, las leyes que regulan las funciones de las Fuerzas Armadas fueron reformadas para dejar en claro que no es su tarea la represión interna. Y que las Fuerzas Armadas y de seguridad no pueden perseguir ni investigar a grupos simplemente por su actividad política.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografían de una placa con algunas frases escritas en las que se resaltan algunas palabras tales como familia, libertad, amistad, dueño, educadores, progreso, patria. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Placa encontrada en el Palacio de Policía de Mendoza, lugar que funcionó como Centro Clandestino de Detención. Autor: Enrique Shore (1984). CONADEP-ANM”. Fin de la nota.

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En el discurso pronunciado ante el Congreso Nacional, el 10 de diciembre de 1983, el presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, condenó la teoría de la seguridad, “esgrimida para evitar la vida libre, sincera, franca y espontánea de nuestra gente”.
En los considerandos del decreto N° 158/83, que ordena someter a juicio sumario a los integrantes de las Juntas Militares, el Poder Ejecutivo Nacional afirma:

“Miles de personas fueron privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y muertas como resultado de la aplicación de esos procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria Doctrina de Seguridad Nacional”.

En el Documento de Puebla de 1979, de la III Conferencia del Episcopado Latinoamericano, los obispos expresaron en “Reflexión sobre la violencia política”, N° 547:

“En los últimos años se afianza en nuestro continente la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que es de hecho más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico político, de características elitistas y verticalistas que suprime toda participación amplia del pueblo de las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental y cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de ‘guerra permanente’. En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo político”.

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El 4 de enero de 1981, en el diario La Razón, el general Camps expresó en una nota que pertenece a una serie de artículos firmados por el mencionado general con el título: “Derrota de la subversión. Apogeo y declinación de la guerrilla en Argentina”:

“...En Argentina recibimos primero la influencia francesa y luego la norteamericana, aplicando cada una por separado y luego juntas, tomando conceptos de ambas hasta que llegó un momento en que predominó la norteamericana...
...Francia y EE.UU. fueron los grandes difusores de la doctrina antisubversiva. Organizan centros, particularmente EE.UU., para enseñar los principios antisubversivos. Enviaron asesores, instructores. Difundieron una cantidad extraordinaria de bibliografía”.

En el marco de la Teoría de la Seguridad Nacional se pretende alinear decidida y definitivamente a la República Argentina en el conflicto entre las superpotencias dentro del concepto de la Tercera Guerra Mundial, que se concibe como total, sin concesiones y en defensa de un subjetivo concepto del ser nacional.
En septiembre de 1965 había expresado el general Onganía:

“...estamos alineados en la causa común de América: defender nuestro sistema de vida occidental y cristiano contra los embates del totalitarismo rojo” (La Razón, 22/9/65).
En el discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en 1963, el entonces secretario de defensa del presidente Kennedy, Robert Mac Namara afirmó:

“...probablemente el mayor rendimiento de nuestras inversiones de ayuda militar proviene del adiestramiento de oficiales seleccionados y de especialistas clave en nuestras escuelas militares y sus centros de adiestramiento en Estados Unidos y ultramar. 

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Estos estudiantes son seleccionados cuidadosamente por sus países para convertirse en instructores cuando regresen a ellos. Son los líderes del futuro, los hombres que dispondrán de la pericia y la impartirán a sus fuerzas armadas. No es necesario que me detenga a explicar el valor que tiene el disponer en cargos de dirección de hombres con un conocimiento de primera mano de cómo los norteamericanos actúan y piensan. Para nosotros no tiene precio hacernos amigos de estos hombres...”.

Y en el momento de la cita del presidente Johnson y ante el Congreso de los Estados Unidos expresó:
“Nuestro objetivo primordial en Latinoamérica es ayudar, donde sea necesario, al continuo desarrollo de las fuerzas militares y paramilitares, capaces de proporcionar, en unión con la policía y otras fuerzas de seguridad, la necesaria seguridad interna”.

El trastrocamiento de poderes es uno de los principios constitutivos de la Teoría de Seguridad Nacional; supone a las Fuerzas Armadas como última reserva moral del país ante la claudicación ética del poder civil y a su acción de gobierno la única capaz de mantener la barrera ideológica, distorsionando así lo cultural, religioso, familiar, económico y jurídico.

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El Dr. Alfonsín en su Mensaje Presidencial del 10 de diciembre de 1983 reseña:

“Venimos de toda una etapa histórica caracterizada por frecuentes y prolongadas intervenciones militares en el poder político de la Nación, que aparte de sus negativas consecuencias institucionales han terminado, en los hechos, por generar una crisis de profundidad y dimensiones excepcionales... Lo que aquí se ha olvidado, por militares y civiles, para mal del país y de las propias organizaciones castrenses, es aquella regla de oro que se aplica y prevalece en todas las naciones civilizadas del mundo, cualesquiera sean su régimen político o su signo ideológico dominante, y que determina que las Fuerzas Armadas deben estar subordinadas a la autoridad civil institucionalmente establecida”.

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Conclusiones

• Hasta la fecha de presentación de este informe, la Conadep estima en 8.960 el número de personas que continúan en situación de desaparición forzosa, sobre la base de las denuncias recibidas por esta Comisión, compatibilizadas con nóminas elaboradas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Esta cifra no puede considerarse definitiva, toda vez que la Conadep ha comprobado que son muchos los casos de desapariciones que no fueron denunciados. Asimismo, no se descarta que pudiera estar incluida en la nómina elaborada alguna persona que no comunicó oportunamente el cese de su desaparición a los organismos pertinentes.

• La desaparición de personas como metodología represiva reconoce algunos antecedentes previos al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Pero es a partir de esa fecha, en que las fuerzas que usurparon el poder obtuvieron el control absoluto de los resortes del Estado, cuando se produce la implantación generalizada de tal metodología. Comenzaba por el secuestro de las víctimas, a cargo de efectivos de las fuerzas de seguridad que ocultaban su identidad. El secuestrado era conducido a alguno de los aproximadamente 340 centros clandestinos de detención por entonces existentes. La Conadep, en el curso de sus investigaciones, inspeccionó un elevado número de establecimientos que durante el último gobierno de facto funcionaron con tales características.

Nota de la correctora. El texto original presenta la fotografía de algunas Madres de Plaza de Mayo manifestándose y sosteniendo una pancarta en la que se lee “Que aparezcan con vida nuestros hijos. Madres de Plaza de Maya”. La imagen se encuentra acompañada por el siguiente epígrafe: “Manifestación de Madres de Plaza de Mayo frente a la Casa de Gobierno durante la entrega del petitorio en el que piden la disolución del aparato represivo. Autor: Daniel García (1983). Fototeca ARGRA”. Fin de la nota. 

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Estos centros clandestinos estaban dirigidos por altos oficiales de las FF.AA. y de seguridad. Los detenidos eran alojados en condiciones infrahumanas, sometidos a toda clase de tormentos y humillaciones. De las investigaciones realizadas hasta el momento, surge la nómina provisoria de 1.300 personas que fueron vistas en alguno de los centros clandestinos antes de su definitiva desaparición.

• La comprobación de la extensión que adquirió la práctica de la tortura en tales centros y el sadismo demostrado por sus ejecutores resultan estremecedores. De algunos de los métodos empleados no se conocían antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar para que este proporcionara la información requerida por sus captores.

• La Conadep ha comprobado que en el marco de la metodología investigada fueron exterminadas personas previamente detenidas, con ocultamiento de su identidad, habiéndose en muchos casos destruido sus cuerpos para evitar su posterior identificación. Asimismo, se pudo establecer, respecto de otras personas que en la versión de las fuerzas represivas habrían sido abatidas en combate, que fueron sacadas con vida de algún centro clandestino de detención y muertas por sus captores, simulándose enfrentamientos o intentos de fuga inexistentes.

• Entre las víctimas que aún permanecen en condición de desaparecidas, y las que fueron posteriormente liberadas habiendo pasado por centros clandestinos de detención, se encuentran personas de los más diversos campos de la actividad social:

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obreros	30,2%	
estudiantes	21,0%	
empleados	17,9%	
profesionales	10,7%	
docentes	5,7%	
autónomos y varios	5,0%	
amas de casa	3,8%	
conscriptos y personal subalterno de FF. de Seguridad	2,5%	
periodistas	1,6%	
actores, artistas, etc.	1,3%	
religiosos	0,3%	

• Es posible afirmar que -contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan- no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo.

• Esta Comisión sostiene que no se cometieron “excesos”, si se entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron práctica común y extendida y eran los actos normales y corrientes efectuados a diario por la represión.

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• A pesar de afirmarse en el “DOCUMENTO FINAL DE LA JUNTA MILITAR SOBRE LA GUERRA CONTRA LA SUBVERSIÓN Y EL TERRORISMO” que la subversión reclutó veinticinco mil efectivos de los cuales quince mil estaban “técnicamente capacitados e ideológicamente fanatizados para matar”, los Consejos de Guerra con competencia para juzgar tales delitos sostuvieron cargos que concluyeran en condenas contra aproximadamente trescientas cincuenta personas. Ello demuestra claramente cuál fue entonces la otra modalidad adoptada para suprimir a millares de opositores, fueran o no terroristas.

• En consecuencia, carece de validez la afirmación de que la subversión y el terrorismo fueron efectivamente vencidos. Se derrotó a algunas organizaciones terroristas, pero a cambio de implantar un sistema de terror institucionalizado, vulnerador de los más elementales principios éticos y morales inherentes a la persona humana, con respaldo doctrinario en concepciones también extrañas a nuestra identidad nacional.

• La Conadep formó 7.380 legajos, comprensivos de denuncias de familiares de desaparecidos, testimonios de liberados de los centros clandestinos de detención y declaraciones de miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron en el accionar represivo antes descripto. Realizó inspecciones en distintos puntos del territorio nacional; recabó información a las FF.AA. y de Seguridad y a diversos organismos públicos y privados.

• De la investigación efectuada resultó la formulación de denuncias ante la justicia, comprensivas de 1.086 legajos que permiten tener por acreditada la existencia y funcionamiento de los principales centros clandestinos de detención; nómina parcial de “desaparecidos” que fueron vistos con vida en tales centros y de miembros de las FF.AA. y de Seguridad mencionados por las víctimas como responsables de los graves hechos denunciados.

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• La destrucción o remoción de la documentación que registró minuciosamente la suerte corrida por las personas desaparecidas, dispuesta antes de la entrega del gobierno a las autoridades constitucionales, dificultó la investigación encomendada a esta Comisión por el decreto constitutivo. No obstante, existen fundamentos que permiten afirmar que las personas aún desaparecidas pasaron por los centros clandestinos de detención y que la respuesta acerca de su posterior destino está subordinada a los avances que se produzcan en la individualización de los responsables de la acción represiva a que nos venimos refiriendo.

Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) Buenos Aires, setiembre de 1984.

Si tenés dudas sobre tu identidad o contás con información sobre niñes apropiades durante última dictadura militar, comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo. Tu testimonio es confidencial.
Abuelas de Plaza de Mayo: dudas@abuelas.org.ar
Para aportar datos sobre hijes de desaparecides, podes comunicarte a denuncias@abuelas.org.ar
Para más información, podés acceder a https://www.abuelas.org.ar/

Se terminó de imprimir en los meses de noviembre y diciembre de 2021 en los talleres gráficos de Arcángel Maggio, calle Lafayette 1695, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.